#Docs AI: Cobalto y cobre vs. DD.HH. en África ( y mineras conocidas en Sudamérica)

NET ZERO 17 de septiembre de 2023 Amnistía Internacional / CLUBminero

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Según un durísimo informe de Amnistía Internacional, reciente, la expansión de las minas a escala industrial que extraen cobalto y cobre para baterías recargables ha provocado desalojos forzosos, abusos contra los derechos humanos, incluidas agresiones sexuales, en la República Democrática del Congo, país africano que tiene las mayores reservas de cobalto del mundo y la séptima del cobre. Se espera que la demanda de cobalto alcance las 222.000 ton en 2025, el triple que en 2010.

En el informe "¿Impulsar el cambio o seguir como siempre?" publicado el 12 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) y la organización local Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains (Iniciativa para la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos, IBGDH), la expansión de las operaciones mineras multinacionales ha llevado a que las comunidades se vean obligadas a abandonar sus viviendas y tierras de cultivo.

“Los desalojos forzosos que se están produciendo cuando las empresas intentan ampliar sus proyectos mineros de cobre y cobalto a escala industrial están destruyendo vidas y deben cesar ahora”, afirmó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La justicia climática exige una transición justa. La descarbonización de la economía global no debe conducir a más violaciones de los derechos humanos.

"El pueblo de la República Democrática del Congo experimentó importantes explotaciones y abusos durante la era colonial y poscolonial, y sus derechos siguen siendo sacrificados a medida que se les despoja de la riqueza que los rodea" agregó.

El informe aborda la realidad de las comunidades vecinas a minas de RDC explotadas por empresas chinas y occidentales. Entre ellas la canadiense Ivanhoe Mines y la china que enZijin, Argentina es dueña del yacimiento de litio Tres Quebradas, y en Colombia explota desde 2020 la mina de oro Buriticá, donde atraviesa conflictos con los carteles narcos que impulsan la minería artesanal

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La creciente demanda de las llamadas tecnologías de energía limpia también ha creado una demanda de metales específicos, incluidos el cobre y el cobalto, esenciales para fabricar baterías de iones de litio. Estas baterías se utilizan para dispositivos como coches eléctricos y teléfonos móviles.

Amnistía Internacional y el IBGDH entrevistaron a más de 130 personas en seis proyectos mineros en la ciudad de Kolwezi y sus alrededores, en la provincia sureña de Lualaba, durante dos visitas realizadas en 2022.

El informe
“Amnistía Internacional reconoce la función vital de las baterías recargables en la transición energética desde los combustibles fósiles. Pero la justicia climática exige una transición justa . La descarbonización de la economía global no debe conducir a más violaciones de los derechos humanos".

Donat Kambola, presidente del IBGDH: “Se está desalojando a la gente por la fuerza, o se les amenaza o intimida para que abandonen sus hogares, o se les engaña para que consientan en asentamientos irrisorios. A menudo no había ningún mecanismo de reclamación, rendición de cuentas o acceso a la justicia”.

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Candy Ofime y Jean-Mobert Senga, investigadores de Amnistía Internacional y coautores del informe: “Encontramos repetidas violaciones de las salvaguardias legales prescritas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional, así como un flagrante desprecio por las Naciones Unidas. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”.

Los investigadores revisaron documentos y correspondencia, fotografías, vídeos, imágenes de satélite y respuestas de las empresas. En el informe se incluyen los hallazgos en cuatro sitios y a continuación se relatan los abusos en tres sitios, que involucraron desalojos forzosos. En el cuarto lugar, Kamoa-Kakula, el informe encontró pruebas de un reasentamiento inadecuado.

Se puede acceder a las respuestas de las empresas mencionadas en el informe aquí:

Casas demolidas y una mina sobre una ciudad
En la ciudad de Kolwezi, comunidades de larga data han sido destruidas desde que se reabrió una gran mina a cielo abierto de cobre y cobalto en 2015.

El proyecto es operado por Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS), una empresa conjunta entre Zijin Mining Group Ltd, una empresa china, y Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines), la empresa minera estatal de la República Democrática del Congo.

El barrio afectado de Cité Gécamines alberga a unas 39.000 personas. Las casas suelen tener varias habitaciones y están ubicadas en recintos amurallados con agua corriente y electricidad. Hay escuelas y hospitales cercanos.

No pedimos que nos trasladaran, la empresa y el gobierno vinieron y nos dijeron: 'Aquí hay minerales'.

Edmond Musans, de 62 años, desmantelar su casa e irse. Los desalojados dijeron que la compensación ofrecida por COMMUS era inadecuada para comprarles viviendas equivalentes. Como resultado, muchos han tenido que mudarse a propiedades sin agua corriente ni electricidad confiable en las afueras de Kolwezi, experimentando una caída impactante en su nivel de vida. No disponen de medios efectivos de apelación o reparación.

Musans ayudó a formar un comité para representar los intereses de más de 200 hogares en riesgo de desalojo, buscando una mayor compensación por parte de COMMUS. El comité ha compartido sus quejas con las autoridades provinciales, sin éxito. COMMUS dijo a Amnistía Internacional que su objetivo era mejorar la comunicación con las partes interesadas.

Casas quemadas y residentes heridos
Cerca del sitio del proyecto Mutoshi, dirigido por Chemicals of Africa SA (Chemaf), una filial de Chemaf Resources Ltd., con sede en Dubai, los entrevistados describieron cómo los soldados incendiaron un asentamiento llamado Mukumbi.

Ernest Miji, el jefe local, dijo que en 2015, después de que Chemaf adquiriera la concesión, tres representantes de la empresa, acompañados por dos policías, vinieron a decirle que era hora de que los residentes de Mukumbi se mudaran. Dijo que los representantes visitaron cuatro veces más.

Al recordar una de las visitas, Kanini Maska, un antiguo residente, dijo: “El representante de Chemaf nos dijo: 'Tienen que abandonar el pueblo ahora'. Le preguntamos: '¿Adónde iríamos? Es... donde criamos a nuestros hijos, donde cultivamos tierras y donde nuestros hijos están registrados para ir a la escuela'”.

No teníamos nada con qué sobrevivir y pasábamos las noches en el bosque.

Una niña, que tenía dos años en ese momento y cuyo nombre decidimos no revelar, sufrió quemaduras graves que le dejaron cicatrices que le cambiaron la vida. Su tío dijo que el colchón en el que estaba acostada se había incendiado.

Las imágenes de satélite respaldan las versiones de que Mukumbi, que alguna vez contó con unas 400 estructuras, entre ellas una escuela, un centro de salud y una iglesia, fue destruida el 7 de noviembre de 2016.

Tras las protestas, en 2019 Chemaf acordó pagar a través de la autoridad local 1,5 millones de dólares, pero algunos antiguos residentes recibieron tan solo 300 dólares. Chemaf niega cualquier acto ilícito, responsabilidad o participación en la destrucción de Mukumbi, o en ordenar a las fuerzas militares que lo destruyan.

Cultivos arrasados y agresión sexual
Cerca de Kolwezi, una filial de Eurasian Resources Group (ERG), con sede en Luxemburgo y cuyo mayor accionista es el gobierno de Kazajstán, gestiona el proyecto Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR).

Veintiún agricultores, que forman parte de un colectivo que cultiva cultivos en los márgenes de la concesión cerca de la aldea de Tshamundenda, dijeron que en febrero de 2020, sin ninguna consulta significativa ni notificación de desalojo, un destacamento de soldados, algunos con perros, ocupó la zona. mientras los campos que habían cuidado eran arrasados.

Hasta la fecha no tengo trabajo ni otras fuentes de ingresos. Deambulo de casa en casa para encontrar algo que comer para mis hijos.

Una mujer, a quien llamamos Kabibi para proteger su identidad, describió cómo estaba tratando de cosechar sus cultivos antes de que fueran destruidos cuando fue capturada por tres soldados y violada en grupo, mientras otros soldados observaban.

Kabibi, que estaba embarazada de dos meses, requirió tratamiento médico. Le contó el incidente a su familia y al jefe de la aldea, pero tenía demasiado miedo para denunciarlo a Metalkol o a las autoridades locales. Posteriormente, su bebé nació sano y salvo.

Los agricultores han protestado repetidamente y han pedido una compensación, pero no se les ha ofrecido una reparación efectiva. En respuesta, ERG dijo que no tenía control sobre el despliegue de soldados. Dijo que el gobierno determinó que el colectivo de agricultores había recibido una compensación de un operador minero anterior, lo que los agricultores niegan.

Los desalojos forzosos
El informe insta a las autoridades de la República Democrática del Congo a poner fin de inmediato a los desalojos forzosos, instigar una comisión de investigación imparcial y fortalecer y hacer cumplir las leyes nacionales relacionadas con la minería y los desalojos de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las autoridades han llevado a cabo o facilitado desalojos forzosos y no han cumplido con su obligación de proteger los derechos de las personas, incluidos los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos . Los militares nunca deben participar en los desalojos.

Se ha demostrado que las afirmaciones de las empresas de que se adhieren a altos estándares éticos son vacías. Tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación efectiva y actuar para prevenir daños mayores. Todas las empresas deben garantizar que sus operaciones no dañen a las comunidades de primera línea.

Donat Kambola, del IBGDH, dijo: “Las empresas mineras internacionales involucradas tienen mucho dinero y pueden permitirse el lujo de hacer los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren las vidas de las personas en la región y proporcionar reparación por los abusos sufridos”.

Agnès Callamard, de Amnistía Internacional, dijo: “La República Democrática del Congo puede desempeñar un papel fundamental en la transición mundial desde los combustibles fósiles, pero los derechos de las comunidades no deben ser pisoteados en la prisa por extraer minerales críticos para descarbonizar la economía global”.

AQUÍ TODO EL INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
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FORCED EVICTIONS AT INDUSTRIAL COBALT
AND COPPER MINES
IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO