Edesur, paredón y después. Cabotaje para directivos. Voces: Lo que viene

Semana hot para la energía y los trastornos eléctricos, el clima político y la estrechez fiscal de la Argentina. El gobierno ya delineó los alcances de la intervención a Edesur. Pero hizo ruido el pedido del ENRE de pedir a la Justicia que impida a directivos de la distribuidora salir del país. La sombra del CIADI, los costos políticos y un contexto impredecible. Se fue el calor extremo pero la temperatura del negocio energético está lejos de enfriarse.

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#Quedateencasa : La política energética y la prohibición
de viajar a la cúpula de Edesur

La noticia inquieta, por lo estricta y porque en la noche del miércoles, cuando se conoció, en el mundo empresario muchos se preguntan si se trata acaso de un caso testigo, en tiempos en que el gobierno convive con tensiones al interior de su coalición y en vísperas de la carrera electoral pura y dura.

El ENRE le pidió a la Justicia que prohíba salir del país a los directivos de Edesur Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez y Víctor José Díaz Bobillo, quienes son los principales directivos de la firma de la compañía eléctrica, aunque hay otros más.

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La ampliación de la denuncia penal presentada contra el directorio de Edesur, el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) pidió una medida cautelar de prohibición de salida del país contra todos los directivos acusados. El escrito, firmado por el interventor del ENRE, Walter Martello, y el abogado Miguel Priolo, solicita la restricción para una serie de ejecutivos “a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.

En el texto, Martello plantea que se ha evidenciado que, con motivo de los sucesos ocurridos el día 10 de febrero de 2023, han quedado fuera del servicio alrededor de 180 mil personas usuarias, produciéndose, en los días posteriores, eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro de luz en el área de concesión de la distribuidora.

Asimismo, señala que el ENRE ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información brindada por la distribuidora al organismo regulador. ”La distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, agrega la ampliación de denuncia presentada por el organismo.

La enumeración de faltas continúa durante varias páginas y concluye que las instalaciones que pertenecen al área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público” y sostiene que, si la demanda es transferida a otras instalaciones, ante picos de demanda, se sobrecargan y salen de servicio.

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DFSUD (CHILE): Intervención de Edesur en Argentina: ¿control administrativo o presión del gobierno?

GABRIELA ARTEAGA 
DEBORAH DONOSO 

 
En entrevista con el Financial Times hace más de dos años, el presidente argentino Alberto Fernández aseguró que es "la persona más pragmática que existe" e insistió en que estaba en contra de la intervención estatal en la economía por el bien de la misma.  

"Si quisiera nacionalizar o expropiar empresas, no comenzaría con las que están en bancarrota, comenzaría con las que funcionan bien", dijo.

Pero desde hace unos días el mercado ha estado atento al desarrollo de la intervención de una de las distribuidoras más grandes de su país, Edesur, especialmente luego de que la vocera de la Casa Rosada señalara que, en medio del procedimiento, si se descubren ciertos incumplimientos “puede ser causal para que se le quite la concesión a la empresa”.

En ese sentido, Tomás Geuna, socio de Galicia Abogados, explicó a DFSUD.com que la intervención es administrativa, no operativa, lo que se traduce en que busca “observar si la empresa está cumpliendo con los planes de inversión que había comprometido”.

El Ejecutivo ya denunció a la compañía penalmente por entorpecimiento de la función pública, por desviar fondos y por abandono de personas (electrodependientes). “En caso de que se confirme eso, el gobierno se puede aventurar en quitarle la concesión. Ahora, no sé si políticamente lo hará porque se arriesga una denuncia en el Ciadi; creo que esta medida es para mitigar y no llegar a ese punto”.

Parte de la estrategia es acelerar la ya anunciada salida de la italiana Enel que, por medio de Enel Argentina, filial de Enel Américas, opera Edesur.

Entonces, en los próximos 180 días, el interventor estatal tiene que dar cuenta al ente regulador si la compañía ejecutó sus planes de inversiones, si los fondos han sido destinados para mejoras en la red, entre otras cosas.

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El análisis
En tanto, el experto argentino Hernán Dobr, explicó que tras la privatización de la década de los ‘90 de diversas compañías, se firmaron acuerdos en los cuales hay una cláusula que el gobierno argentino puede activar y optar por la estatización. “Existe esa posibilidad, pero no es gratis. Al Gobierno le encantaría estatizar, pero no existe la estatización gratuita…En este momento, en esta situación de Argentina, el Gobierno dijo no, por lo tanto puso un interventor, que va a ser los ojos que controlan a Edesur”.

En ese sentido, el director de ClubMinero, Daniel Bosque, argumentó que “especulativamente, el gobierno le está sacando un peso de encima a Enel porque hace años que lo vienen amenazando con que lo van a expropiar; probablemente ahora vendrán algunas judicializaciones, pero a partir de ahora el Estado no puede decir que no está controlando esto y lo más probable es que salga revelando las discrepancias que encontraron”.

Historia de intervenciones
En cierto sentido, el gobierno de Fernández se ha desligado de la tradición kirchnerista de intervenir y expropiar empresas. La lista de su predecesora -y hoy vicepresidenta del país Cristina Fernández- es mucho más larga en este particular que lo hecho hasta ahora por la administración actual. 

A lo largo de los 12 años que gobernó el kirchnerismo siete empresas fueron intervenidas y pasaron a estar bajo el control estatal.

El mandato de Alberto Fernández, que inició en diciembre de 2019, llega a 2023 con un balance de dos grandes empresas intervenidas: el Grupo Vicentin y Edesur. Ahora bien, también pudiera sumarse la reciente decisión de dejar en manos estatales todos los corredores viales y la hidrovía que corre por el río Paraná, que ahora la administra un ente integrado por varias provincias; y también la estatización de las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), con las que el Estado se hizo de acciones de alrededor de 40 empresas.

"Edesur no es cualquier empresa"
Consultados los expertos respecto de la existencia de una intervención como la de Edesur, algunos no recordaban una situación similar y otros la compararon con YPF, aunque reconocieron que esta fue realmente una expropiación. 

Dobr explicó que “Edesur no es una empresa cualquiera, porque la cláusulas es en razón a que es una empresa de servicios públicos; entonces, es una concesión”.

Para el experto, la filial de la italiana es una empresa de concesión de servicios públicos que, además, está a la venta, porque Enel decidió retirarse a Argentina y está empezando a vender todos sus activos. 

Pero esto se arrastra desde la década de los ‘90, cuando el entonces mandatario Carlos Menem, decidió privatizar la mayoría de las compañías del país. En ese momento, la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima, fue dividida en dos compañías : Edesur y Edenor, hasta hoy las dos distribuidoras más grandes del país. Ambas compañías prestan servicios en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde está el grueso de la población del país.

Sin embargo, con el pasar de los años y los diversos gobiernos las compañías han dejado de invertir en mejor tecnología para sus redes de distribución, lo que se sumó a la masiva adquisición de aires acondicionados, lo que provocó que con las altas temperaturas de este verano la red colapsara. “Ellos (Edesur) han invertido mucho, pero no son inversiones para la mejora del sistema en general, son para tapar agujeros”, dijo Dobr.

En cuanto a cómo se ve desde fuera, el abogado del estudio mexicano Galicia Abogados, explicó que al no ser una medida expropiatoria no hay una “preocupación mayor”.

Por el contrario, Bosque señaló que la situación refiere a un “estallido definitivo de la decadencia argentina”, donde se critica al privado, pero al mismo tiempo se cuestiona lo que han hecho en todo este tiempo los entes reguladores. 

“Acá lo que está en evidencia es el precio que paga el país por una desinversión generalizada que se traduce por andar en malas carreteras y cortes de energía y todas estas cosas revientan en la post pandemia que ha mandado a la pobreza extrema a miles de personas”, señaló.

Grupo Vicentin
La primera y más recordada del gobierno en ejercicio es la que ejecutó contra la agroalimentaria Vicentin, que en junio de 2020 se encontraba en concurso preventivo de acreedores y con una serie de problemas económicos que afectaron a numerosos proveedores de distintos puntos del país.

El manejo de la compañía había sido entregado a un fondo fiduciario que maneja YPF Agro, lo que además le daba al Ejecutivo la opción de ser un jugador importante en el mercado de granos y también de carnes.

Sin embargo, el mandatario se vio forzado a dar marcha atrás a su intención en medio de una revuelta social y la compañía, a la fecha, se mantiene en su propio proceso de reorganización.

En ese sentido, Dobr explicó que el caso de esta compañía es distinto porque era una empresa privada que tenía muchos préstamos con el Estado, específicamente con el Banco Nación, razón por la cual el Gobierno decidió intentar estatizar la firma de alimentos, pero hasta el momento eso no se ha conseguido del todo. 

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Opinión: Una intervención para la tribuna que no resuelve el grave problema operativo que arrastra ENEL

 

ANTONIO ROSSI

La intervención administrativa de Edesur tendrá una duración de 180 días
Lejos de ser una medida de fondo ante una situación extrema, la "intervención administrativa" a Edesur anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa y el desembarco al frente de esa movida del ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, constituye otro cambio formal más para la tribuna que destinado a alterar el manejo operativo y el control de la "caja" de la distribuidora eléctrica controlada por el grupo italiano ENEL.

La intervención comunicada por el titular de Economía y la secretaria de Energía, Flavía Royón -junto el timonel del ENRE, Walter Martello y el secretario Legal y Administrativo de Economía, Ricardo Casal-, mediante un anuncio grabado tendrá una duración de 180 días que, en principio, debería concluir entre la realización de las PASO y la elección presidencial de octubre.

Tras haber inflado previamente el alcance de la medida, el propio Massa se encargó de bajarle el precio y el tono a la intervención al aclarar que no afectará el control operativo de empresa, que la responsabilidad del suministro seguirá en cabeza de Edesur y que la misión asignada al kirchnerista Ferraresi será "fiscalizar, controlar y monitorear el área administrativa, el plan de inversiones y el cumplimiento de las obras que garanticen la prestación del servicio.

En el mismo sentido, el ministro se preocupó por destacar que la decisión tomada "no afecta el contrato de concesión, ni los derechos de los accionistas privados", razón por la cual—según la interpretación de Massa—los directivos de ENEL no tendrían motivos para ir a denunciar al Gobierno ante el CIADI por incumplimiento contractual.

La nueva "intervención administrativa" que sacó a la cancha el equipo económico se suma a la jugada que había desplegado la semana pasada cuando la secretaría Royón instruyó al ENRE para que lleve adelante una denuncia penal contra el directorio de Edesur por los supuestos delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas.

Una intervención que deja mal parado al interventor del ENRE

En los hechos, la intervención –impulsada tras comprobar que la vía judicial irá para largo y no solucionará en el corto plazo el serio problema de gestión que evidencia Edesur—deja mal parado y desdibujado al interventor del ENRE, el massista bonaerense Martello, que viene pregonando y prometiendo sanciones muy duras y extremas contra los responsables de la distribuidora eléctrica.

Al frente organismo regulador, Martello no fue capaz de detectar a tiempo las carencias y falencias operativas de Edesur que estallaron con los masivos y prolongados cortes de luz que afectaron durante varios días a miles de usuarios porteños y bonaerenses.

Tampoco tuvo capacidad de reacción para proponer y coordinar un "comité de crisis" destinado a atender la situación de emergencia generada por la falta de energía eléctrica durante las históricas olas de calor que se vienen registraron en la región metropolitana desde mediados de diciembre.

Edesur: una intervención "para la tribuna"

Además, la intervención ordenada por Massa va camino a quedar superpuesta y con el riesgo de generar un "cortocircuito" con otra medida de característica similares que implementó Martello hace apenas tres semanas por indicación de las autoridades de Energía.

A fines de febrero -por medio de la resolución 237- el interventor del ENRE puso en marcha una "auditoría técnica integral" en Edesur con el fin de relevar su capacidad de gestión, determinar las sanciones que correspondan por la deficiente prestación del servicio y proponer las medidas operativas y regulatorias destinadas a evitar los reiterados problemas de suministro.

Según lo dispuesto por el ente de control, el equipo de técnicos enviados a Edesur tendrá 90 días para "efectuar la auditoria de procesos, verificar la consistencia de su disponibilidad tecnológica, materiales, insumos y de recursos humanos para realizar los procesos de gestión sustantivos consistentes en, la atención primaria, reclamos, operación, mantenimiento correctivo y preventivo, planificación de inversiones, costos y gestión de pérdidas".

Transcurrido ese lapso, contarán con otro período de 30 días para elevar ante la intervención del ENRE el "informe final" que—de acuerdo con lo indicado por Martello—será remitido al Congreso para que defina que hacer con la concesión de Edesur.

Por los plazos en juego, los legisladores deberían juntarse para tratar y resolver la cuestión de Edesur en el momento pico de la campaña electoral de las PASO, algo de imposible concreción que les permitiría a los actuales controlantes de la cuestionada distribuidora eléctrica llegar casi indemne hasta el próximo cambio de gobierno.

Fuente: iProfesional