Mendoza by Latorre: Ley 7.722 al desuso; compre local no gusta

MINERÍA05/11/2025

Sabrina Pont*

"Esto recién comienza", asegura Jimena Latorre.

SABRINA PONT

En diálogo con CLUBminero, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, afirmó que la Ley 7.722, norma que restringe la minería en Mendoza “no necesita ser derogada porque la ciencia y la tecnología la van dejando atrás”. Al tiempo que calificó de inconstitucional cualquier normativa sobre el compre local.

“Es mezquino pensar que la licencia social se logra solo con normas tributarias”, dijo Latorre en un diálogo exclusivo con CLUBminero en la reciente exposición Argentina Mining Cuyo, en la que abordó el cambio de contexto político tras las elecciones,la estrategia provincial para acelerar otros proyectos después de PSJ Cobre Mendocino,

- ¿Qué balance le dejóesta Argentina Mining en Mendoza?
—Fue una semana muy importante. Post elecciones, Mendoza mostró una coherencia absoluta. Después de ser la provincia donde los resultados fueron más contundentes, respondió con hechos al voto de confianza de la ciudadanía. Que esta feria vuelva después de 17 años demuestra que hay un nuevo clima de inversión, institucional y de seguridad jurídica. Mendoza tenía esas condiciones asociadas a otras actividades, y ahora sumó a la minería. No es una declamación: estamos haciendo cosas para que eso suceda.
Para que el capital privado elija volver a Mendoza, desde el Estado teníamos la responsabilidad de generar ese clima de negocios. Y lo hicimos desde las herramientas jurídicas y legislativas: una nueva ley de regalías, un fondo ambiental provincial y un marco que brinda certeza tanto a inversores como a la ciudadanía, sin doble discurso.

—¿Qué se propone para esta segunda etapa?
—Aceleramos en los momentos estratégicos y planificamos en otros. Modificamos el Código de Procedimiento Minero, y estamos trabajando en su reglamentación. Cada proyecto que obtiene su Declaración de Impacto Ambiental, crea su unidad de gestión ambiental, lo cual genera un estándar nuevo. Creamos una Coordinación de Sostenibilidad que trabaja no solo con minería, sino también con otras industrias.
En el caso de PSJ, el proyecto estaba maduro: tenía más de 60 años de exploración. Pudimos avanzar en su análisis y obtener una declaración de impacto ambiental en una ventana de oportunidad que la macroeconomía argentina permitía. En cambio, en uranio, donde hay potencial pero también pasivos ambientales, primero estamos remediando para luego recuperar la exploración. La minería es una industria de larguísimo plazo, pero la única manera de recuperar el tiempo perdido es darle volumen a la exploración.

—Por mucho tiempo se habló de que la Ley 7.722 impedía la actividad minera. ¿Cómo puede hoy Mendoza proyectar minería con esa ley vigente?
—La ley ya tiene sus años. Fue sancionada en 2008 y, desde entonces los avances técnicos y científicos fueron enormes. Su núcleo son seis artículos, y el más sensible prohíbe determinadas sustancias. Pero después de más de 20 años, hay otros métodos más eficientes.
Por eso, es muy probable que la ley entre en desuso y no porque se derogue. En derecho se dice que una norma puede “caer en desuso”, y eso es lo que puede pasar. El caso de PSJ Cobre es un ejemplo: planteaba un método de lixiviación antes de la 7722, y hoy trabaja con flotación. Incluso ya se investiga la bio-lixiviación para la próxima etapa.

—Entonces ¿la derogación no está en los planes?.
—Exactamente. Es posible que caiga en desuso y eso va más allá de la voluntad política o ciudadana. Es algo natural cuando los fenómenos sociales, culturales y tecnológicos avanzan más rápido que la legislación. Lo mismo debería pasar, por ejemplo, con el RIGI: ojalá dentro de 20 o 30 años no sea necesario un régimen de excepción porque tengamos una estabilidad y una previsibilidad que sean la norma.

—¿Qué cambió en Mendoza y en el país para que la minería vuelva a tener impulso?
—Argentina tiene la base geológica que comparten Chile y Perú, pero no tuvo la estabilidad macroeconómica para atraer inversiones. El RIGI es hoy un régimen de excepción, pero debería ser el inicio de una nueva normalidad. Que dentro de 20 años ya no sea necesario prometer estabilidad fiscal o reglas claras porque esas condiciones estén dadas naturalmente.

El desafío es convertir los ejes del crecimiento —como la minería y el oil & gas— en políticas de Estado. Cuando una sociedad se apropia de un modelo productivo, deja de ser una propuesta de campaña y se convierte en una convicción colectiva. Eso es lo que pasa en Chile: la minería ya no se discute.

—Se está generando mucha expectativa. ¿Cuándo podría Mendoza convertirse en un jugador relevante?

—La minería es de largo plazo. Los resultados productivos tal vez los veamos dentro de muchos años, pero el impacto económico comienza mucho antes. Por eso buscamos darle volumen a la exploración: más proyectos exploratorios significan más empleo y más movimiento económico en las regiones.
Estamos ordenando los permisos, haciendo los registros públicos, desarrollando una base de datos abierta y un master plan con la empresa provincial. Mendoza está sentando las bases. Probablemente ni el gobernador ni yo veamos el resultado final, pero alguien tiene que poner los cimientos.
La vitivinicultura mendocina tardó décadas en llegar a los mercados más exigentes del mundo. La minería tiene que seguir ese camino: consolidarse como política de Estado.

—¿Por qué dijo que la ley de “compre local” es inconstitucional?
—Porque la Constitución Nacional garantiza el derecho a ejercer toda industria lícita y prohíbe barreras arancelarias dentro del país. Una provincia no puede restringir la contratación por origen geográfico. Además, si queremos integrarnos al mundo y competir con Chile y Perú, no podemos tener 24 jurisdicciones con legislaciones diferentes, cada una con sus restricciones e impuestos. Eso espanta inversiones. Pero, más allá del aspecto legal, hay una cuestión estratégica.

Generar solamente un valladar tributario y legislativo pretendiendo que en función de eso se ordene la licencia social o se garantice la licencia social me parece un tanto mezquino de parte de los que tenemos la responsabilidad de generar políticas públicas.

—¿Cómo fortalece Mendoza a los proveedores?
— Hay que generar las sinergias entre las industrias, entre las localidades y las comunidades que están comprometidas con el desarrollo de la minería, darles herramientas para que las empresas sean más competitivas; para que los pueblos de esas comunidades tengan el capital humano suficiente para atender la demanda.

Estamos trabajando con el CFI en financiamiento y capacitación para proveedores locales. Una gran minera necesita empresas con estándares de compliance y capacidad técnica. Si el proveedor local no está preparado, la empresa contratará en otra provincia. La solución no es prohibirlo, sino prepararlo.
La empresa siempre va a preferir contratar local si el proveedor está a la altura: por costos, por logística, por cercanía. Pero eso requiere acompañamiento. Si solo ponemos barreras, terminamos perjudicando a los propios proveedores locales.

—¿Cómo está el panorama energético?
—Estamos avanzando con dos licitaciones: una de 11 áreas de exploración y otra de 5 de explotación. En el no convencional, YPF está construyendo la locación para el tercer pozo en Vaca Muerta mendocina, en la Lengua Norte. Además, Quintana Energy y TBS inicia la sísmica 3D de Cañadón Amarillo y tiene previsto el primer pozo piloto para el segundo semestre de 2026. También hay inversiones previstas en Payún Oeste, de Aconcagua Energía, cuyos nuevos accionistas tienen experiencia en no convencional.

En energía renovable, el parque solar El Quemado, de YPF, está en su fase final y comenzará pruebas de electrificación en enero. En el sur, Geneia conectó los parques Malargue I y Anchoris, y ahora trabaja en un tercero en San Rafael, con una capacidad inicial de 180 MW y potencial de expansión. Además, se están licitando las centrales hidroeléctricas, necesarias para sostener la flexibilidad de la red y la generación directa. El objetivo es aumentar la productividad y la estabilidad del sistema más que la potencia instalada.