Entre el salvataje de Trump y la inversión minera

La negociación de un salvataje de Estados Unidos que incluye un posible swap por hasta US$ 20.000 millones y el adelanto de fondos del Banco Mundial, instala una idea de que la Argentina podría transformarse en un destino prioritario para capitales vinculados a los minerales críticos, sin embargo la experiencia y este contexto aconsejan miradas cautelosas.

 “Estamos en la mira del mundo” por el litio, el cobre y el uranio, sostiene el gobierno argentino

 El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un paraguas legal que ofrece estabilidad fiscal y cambiaria por tres décadas. Pero en la mayoría de los casos no hay compromisos de inversión, ni fechas de construcción, ni garantías de desembolsos que pueden desvanecerse si la macro economía no acompaña o si el contexto político se vuelve adverso, advierten los analistas.

La minería argentina conoce de promesas incumplidas. En 1997, proyectos como Agua Rica y Pachón adhirieron a la Ley de Inversiones Mineras, que en su momento ofrecía beneficios similares a los del RIGI. El dato lo recordó el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, hace apenas 15 días en el Congreso de la Nación, durante una jornada sobre la situación de la industria minera organizada por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles del Senado y de Minería de la Cámara de Diputados.

Veintiocho años después, Agua Rica aún no entró en producción, Pachón nunca avanzó más allá de la exploración. Hoy, los proyectos bajo el dominio del gigante Glencore, vuelven a inscribirse en el nuevo régimen, que no es indicio de que finalmente se vaya a realizar porque, como ya algunos referentes  en el sector osaron advertir, "con el RIGI solo no alcanza".

 Si bien la versión más optimista de la respuesta oficial se apoya en la demanda global de cobre y litio, la debilidad estructural del país sigue siendo la misma: falta de infraestructura, incertidumbre regulatoria, conflictos sociales no resueltos y un clima político que oscila entre la inflación el ajuste y las crisis recurrentes.

Sabrina Pont: RIGI manía en la minería argentina

En este contexto, se inscriben las diversas lecturas sobre qué quiere Donald Trump con este inédito respaldo financiero: y ahí aparecen, una vez más, los minerales estratégicos o "críticos" como el corazón del interés internacional.

El cobre de San Juan, con proyectos como Vicuña, Los Azules, Filo del Sol y Pachón, Salta, con Taca taca, Catamarca con Agua Rica.

Mendoza, en una medida casi de muestra -aunque significativa, por estar en territorio hostil- con el Proyecto San Jorge, se proyectan como la grandes apuestas, capaces de triplicar los ingresos de divisas por la minería en el futuro. Pero ninguno de esos proyectos inició construcción.

El litio en Jujuy, Catamarca y Salta ya genera divisas, pero el desafío es ser cada vez más eficientes frente a los vaivenes en el precio. En tanto, el uranio, prácticamente inactivo desde los noventa, reaparece en los discursos políticos al calor de la cooperación nuclear con EE.UU.

¿Qué hay del uranio entonces? El relato sobre el rescate norteamicano también lo pone en primer plano, en el marco de lo que implica a nivel global el desarrollo de la energía nuclear, porque la Argentina conserva capacidades tecnológicas de nivel internacional.

 En efecto, el país cuenta con ingeniería nuclear reconocida, con un instituto como el Balseiro que forma profesionales de excelencia y con empresas que, pese a sus crisis financieras, han sido proveedores históricos de insumos complejos para la industria atómica.

Ese capital humano y técnico resulta atractivo para Estados Unidos en un momento de redefinición tecnológica. La tendencia mundial ya no pasa por los grandes reactores construidos ad hoc —costosos, demorados y resistidos tras Chernóbil y Fukushima—, sino por los reactores modulares pequeños (SMRs).

Estos equipos, de hasta 300 megavatios, pueden fabricarse en serie y exportarse en contenedores, listos para ensamblarse en destino en cuestión de semanas. La industria nuclear está transitando un cambio de paradigma similar al de la aviación: grandes plantas de producción, componentes distribuidos globalmente y ensamblaje final en pocos sitios especializados.

En ese esquema, la Argentina aparecería como socio competitivo: tiene la ingeniería y los recursos humanos, pero a costos menores que países como Canadá o Estados Unidos.

Empresas como IMPSA, adquirida recientemente por capitales extranjeros tras una crisis financiera, ilustran el modelo: compañías locales con trayectoria tecnológica rescatadas por inversores que buscan integrarlas en cadenas de provisión globales y, en particular, sustituir parte de la oferta china.

El interés internacional no se limita, por ahora, a la extracción de uranio. Se concentra en la cadena de valor nuclear: desde la producción de compuestos como el hexafluoruro de uranio (UF6) hasta el desarrollo de turbinas y componentes críticos. Allí la Argentina cuenta con capacidades instaladas que, sin ser líderes globales, le permiten jugar en primera división a nivel tecnológico, en condiciones competitivas.

El salvataje financiero, con su promesa de swaps, compra de bonos y adelantos de organismos multilaterales, se presenta como respaldo a la Argentina. Pero en realidad refleja un juego de equilibrios geopolíticos: reforzar la presencia de Estados Unidos en un país con recursos críticos y debilitar la influencia de China en áreas como la nuclear.

En lo inmediato, el gobierno capitaliza el anuncio como una señal de confianza internacional. Pero el trasfondo es más complejo: no hay todavía inversiones comprometidas, ni en cobre, ni en litio, ni en uranio, ni en los nuevos desarrollos nucleares. Lo que existe es un marco de adhesiones y potencial, sostenido en un clima electoral que empuja a mostrar gestos de respaldo más que certezas de desembolsos.

Sabrina Pont: RIGI manía en la minería argentina

El contraste es evidente: la Argentina aparece en el radar global por sus minerales críticos y sus capacidades nucleares, pero lo que se anuncia son regímenes y promesas, no proyectos en marcha.

El RIGI, como antes la Ley de Inversiones Mineras, puede ofrecer estabilidad en los papeles, pero no resuelve la falta de infraestructura, la fragilidad macroeconómica ni la conflictividad social.

La oportunidad está, pero aún es frágil. Y el salvataje estadounidense, más que abrir un ciclo de inversión, parece comprar tiempo: para las reservas, para la gobernabilidad, para las elecciones.