Dionisio Garzón: Minería boliviana y un cambio necesario

DIONISIO GARZÓN *

Para ponernos a tono con los prematuros tiempos electoreros que vivimos, probaremos un ensayo de lo que se vendrá en 2025 para nuestro golpeado país que soportó desde su creación varios cambios, de aquellos que se dice “cambian todo para que nada cambie”.

Aquellos que se manejan por los políticos de turno y los mesiánicos líderes partidarios del momento, con resultados generalmente desastrosos, pero siempre prometiendo el oro y el moro, al que finalmente acceden solo los adláteres y áulicos del poder de turno.

En una antigua columna acudía al título de la genial película de Tennessee Williams (1955) un tranvía llamado deseo, como pretexto para ilustrar la paradoja de un país como Bolivia que nació al calor de la actividad extractiva más antigua de la humanidad y que, pese a su ilustre origen y al incalculable valor que generó a través de su historia, sin prisa, pero sin pausa está llegando a un final poco digno en la lucha centenaria que pretendía insertarla a las ligas mayores de la minería global.

“Hemos perdido el tren de la historia” dirían algunos. Triste realidad para un país que explotó la concentración geoquímica de plata más grande del planeta, que desarrolló la mina subterránea de estaño más grande del mundo, que tiene una de las acumulaciones de mineral de hierro más grande del planeta, el Salar más grande con una de las mayores reservas de litio y potasio y otros records.

Todo esto para llegar a lo que es hoy la minería boliviana con sus minas importantes por terminar su vida útil, las minas chicas y cooperativas, hundiéndose en su dependencia de los precios internacionales de los metales, fomentando e izando como insignia la minería informal cooperativa y aquella ilegal del oro, depredando cuencas hidrográficas y bosques aledaños en el afán de acumulación del preciado metal, cuya explotación deja muy poco para el Estado y genera reyes chiquitos que se enriquecen con la explotación inmisericorde de la mano de obra desocupada del país.

Patético para un país que era líder de la minería continental y en algún caso mundial en los albores del siglo XX. Comibol que representa al Estado y debiera haberse fortificado con la Ley Sectorial vigente, agoniza; ya no controla el Mutún, tampoco los Salares, patalea en Huanuni, Corocoro, Colquiri, Karachipampa; no tiene capacidad para generar nuevos emprendimientos.

Así la minería boliviana es la gran ausente de las estadísticas mundiales, ya nadie nos toma en cuenta, las poquísimas empresas que están hoy en Bolivia están con el Jesús en la boca rogando para que no haya avasallamientos o nuevas estatizaciones.

Como en la película, nos desgastamos en deseos; creemos ser el ombligo del mundo, planificamos muy poco, dejamos en manos de políticos las tareas de especialistas, nuestro largo plazo es de meses y el péndulo político alterna intereses de liberales y populistas mientras la herencia de los primeros mineros de la República, se hace pedazos en el interminable juego de intereses sectarios.

El próximo sueño y el tranvía de turno, serán la industrialización y la sustitución de importaciones; modelo vigente desde hacen 17 años, gasta mucha plata del Estado en propaganda, pero hace muy poco para concretar los proyectos en cartera (Litio, hierro y acero, refinadoras de zinc, etc.).

Un sigilo casi secreto rodea la información de los detalles de convenios con el capital de ultramar y de los problemas de infraestructura, energía y cuidado ambiental para generarlos; en el caso del oro, se miran de costado los problemas sociales y ambientales en aras de mantener el valor de las exportaciones del metal (Más de $US 3000 millones en la gestión pasada según el boletín de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística INE, COMEX diciembre 2022), como un parámetro que pareciera mostrar cierto grado de dedicación, aunque todos sabemos que lo que queda para el Estado con este saqueo, son migajas.

La Ley de Minería y Metalurgia 535 vigente desde el 28 de mayo de 2014, cuya filosofía fue el fortalecimiento del Estado y cambiar su función de administrador de Joint Ventures (Contratos de riesgo compartido con el capital privado) para ser un Estado productor, contiene cambios fundamentales como la anulación del sistema de concesiones del Código anterior (Ley 1777) reemplazándolo con un sistema de Contratos Administrativos y Contratos de Asociación, por lo que los recursos mineralógicos no pueden ser inscritos como derechos propietarios y ninguna persona puede alegar ese derecho ni usarlo con fines de titularización, garantía o seguridad.

Estos contratos no se transfieren ni las obligaciones emergentes de ellos, tampoco se heredan. Los contratos de asociación con el Estado deben tener aprobación legislativa y garantizar una participación estatal en ningún caso inferior al 55%. Los contratos entre privados deben tener aprobación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las cooperativas, que responden a una normativa especial de funcionamiento y de pago de regalías (Ley de Cooperativas Mineras), no se pueden asociar con privados sin perder su cualidad.

A casi una década de la promulgación de la Ley 535, está claro que no se adecua a la realidad nacional, fomenta la actividad informal por las ventajas comparativas que tienen las cooperativas, que solo tienen que pagar una regalía minera muy baja (Menos del 2,5% del valor bruto del mineral) frente a las empresas mineras formales que enfrentan un government take (Regalías, impuestos, coparticipación, etc.) que puede superar el 67% de la utilidad operativa, por ejemplo, para una mina de metales base con un costo operativo (OPEX) alto, normal en este tipo de yacimientos en un país con poca infraestructura y costos elevados de transporte hasta puertos y a mercados de ultramar.

¿Cómo competir con la informalidad en estas condiciones?; esta realidad es peor aún en el caso del oro cuyo valor intrínseco fomenta el crecimiento paquidérmico de cooperativas mineras y explotaciones ilegales en los yacimientos aluviales del noreste del país.

¿Cómo enfrentar una coparticipación estatal del 55% de la utilidad operativa si la mina está en terrenos fiscales? Como vemos, las reglas de juego ahuyentan la inversión privada, esto se refleja en los niveles catastróficos de Inversión Extranjera Directa IED para el país, desinversión y nula participación en el contexto regional (Datos de CEPAL 2023). 

Así las cosas hay muchas voces que piden el cambio total o parcial de la Ley 535 y de las normativas conexas, es hora de hacerlo si queremos ponerle un alto a la situación actual; toda actividad minera debiera ser FORMAL por definición y esa debiera ser la meta a conseguir en el corto y mediano plazo.

La pesada burocracia estatal actual no pudo ni podrá encarar la generación de un portafolio importante de proyectos mineros para reemplazar la herencia histórica y aquella del boom de exploraciones de los años 90, está claro que debe acudir al capital privado que vendrá al país si las condiciones cambian y si se acercan a lo que sucede en el vecindario, Argentina, Chile y Perú que vivieron similares cambios políticos, han consolidado políticas pragmáticas y son mucho más competitivos para atraer inversiones y generar nuevos proyectos.

Estamos quedando solos y mirándonos el ombligo, es hora de reaccionar y cambiar positivamente; hay muchas alternativas para hacerlo.

*Ingeniero geólogo, ex Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia.