Los secretos, negociaciones y garantías detrás del nuevo dueño de Potasio Río Colorado

 

PABLO ICARDI* 

"Era la mejor opción, ahora hay que garantizar que cumplan". La frase replica en quienes han seguido de cerca el proceso para concesionar nuevamente el proyecto minero Potasio Río Colorado, que el Gobierno acaba de adjudicarle a la empresa Minera Aguilar, del holding Integra Capitals.

El recorrido es curioso. Representantes de la "estatal" PRC y del equipo de Suarez intentaron conseguir inversores y viajaron por el mundo; contrataron a un banco Suizo para el rastreo y al final el ganador del proceso estaba a pocos kilómetros de distancia y era un empresario conocido: José Luis Manzano. 

Minera Aguilar es parte de Integra Capitals; el mismo grupo que, en otra línea de negocios, es propietario de Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de Mendoza (a través de Andina Energía), y de las petroleras Ketsal, Kirwer, El Trébol, Grecoil y otras emparadas en el paraguas de Andes Energía.

Potasio Río Colorado es un activo complejo y de riesgo. Por eso las dificultades para conseguir inversores. Justamente Integra Capitals se especializa en ese tipo de activos de alto riesgo.

El proceso aún no termina. Para evitar sorpresas con las promesas de inversión, se acordó que haya un fideicomiso de garantía para que la empresa cumpla. Además, se discutieron las regalías y hay tres dudas: si la empresa tendrá disponibilidad de fondos, si habrá electricidad y gas para producir y cómo se construirá la red ferroviaria para transportar el potasio producido. 

IDAS Y VUELTAS

Potasio Río Colorado es el proyecto minero más grande de Mendoza y arrastra también uno de los fracasos más estrepitosos. La empresa inglesa Río Tinto lo desarrolló y consiguió todos los avales. Luego lo vendió a la brasileña Vale y esa empresa comenzó a construir la mina.

La inversión inicial era de casi 6 mil millones de dólares. Había casi 4 mil personas trabajando a principios de 2013 y, de un día para otro, se comunicó el abandono. La empresa había advertido que los costos de la construcción y desarrollo se había duplicado y llegaban a 10 mil millones de dólares. Así se lo había advertido el CEO de la empresa a Julio De Vido, por entonces ministro de Planificación Federal.

Mendoza se enteró de rebote de la noticia y el impacto fue enorme y más de 4 mil personas perdieron su empleo. La Provincia tenía “gastados de antemano” las regalías a percibir, y hubo proveedores que invirtieron a cuenta, aunque también otras que similaron hacerlo. 

Desde entonces hubo intentos fallidos. Vale vendió sus activos, pero nadie quiso quedarse con PRC. El Gobierno y la empresa buscaron inversores, pero la ecuación económica no cerraba. Luego de esos fracasos, Vale le cedió a la Provincia los activos y la concesión (evitando sanciones). Eso incluyó 30 millones de dólares y todas las instalaciones de la mina de Malargüe.

Para ello se firmó un contrato confidencial que está al borde de la ilegalidad porque los mendocinos aún no saben qué se escondió detrás. PRC "estatal" se manejó pagando sueldos, pero sin resultados concretos. Por eso contrataron al banco suizo USB para buscar inversores. Y los consiguieron a la vuelta de la esquina de Casa de Gobierno.

En ese camino hay un dato ineludible: Argentina y su inestabilidad económica. Esa es una de las explicaciones a la falta de interés de inversores extranjeros. Es que aún no hay certezas sobre la posibilidad de ingresar capitales y tener disponibilidad y menos de poder retirarlos. 

*Director Periodístico MDZ Online