Montamat: Las inversiones que condicionan a Vaca Muerta

DANIEL MONTAMAT

El tema central que alinea los intereses de la industria energética con los intereses de la economía argentina es la necesidad imperiosa de nuevas y mayores inversiones. La Argentina tiene un problema estructural con las inversiones productivas. Y el desarrollo intensivo de Vaca Muerta requiere entre 40 y 50 mil millones de dólares adicionales en el próximo lustro para que las expectativas que genera no sean otra quimera.

Si uno se guía por las series estadísticas largas que permiten rastrear tendencias y evitar manipulaciones coyunturales que pueden inducir a conclusiones erradas, es innegable que los argentinos invertíamos mucho más antes de 1930 que después de ese nefasto precedente de nuestra historia política que rompió el orden institucional. Según datos de las series “Dos siglos de economía argentina” de la Fundación Norte-Sur, la tasa de inversión bruta promedio de la Argentina entre 1857 y 1929 fue del 25% del producto, con picos de casi el 50% en algunos años de la década del 80 del siglo XIX, y del 35% en algunos años de las primeras décadas del siglo XX. La tasa de inversión bruta promedio entre 1930 y la actualidad fue del 17%, con caídas muy significativas tras las crisis de 2001 y durante la pandemia en 2020 (cuando no repusimos ni el capital desgastado), y con tendencia a la baja. La tasa de crecimiento promedio del producto entre 1857 y 1929 fue del 5,2%, mientras que la de 1930 a la actualidad fue del 2,4%, con muchos más interregnos de estancamiento y caída.

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La inversión adicional para desarrollar los recursos de Vaca Muerta puede agregar entre dos y tres puntos porcentuales a la baja tasa de inversión bruta actual, pero para recuperar el deseable objetivo del 25% habrá que sumar inversión reproductiva en las otras cadenas de valor con ventajas competitivas, a partir de una nueva estrategia de valor agregado exportable. El ahorro de las familias y de las empresas argentinas es insuficiente para recuperar esos niveles de inversión, y el sector público, que habrá que poner en caja, lejos de ahorrar, ha vivido durante décadas como un pródigo, de préstamos y de la emisión inflacionaria. Es imprescindible el complemento de capitales externos, que no van a enterrar más dólares en la geografía ni en la geología argentina mientras sigamos violentando las reglas básicas del protocolo inversor en capital fijo.

Estas reglas convencionales que orientan las decisiones de inversión empiezan señalando que conviene más invertir en países con estrategias y políticas de largo plazo, cimentadas en la seguridad jurídica de la alternancia republicana en el poder, que en aquellos que ofrecen nichos de negocios “seguros” bajo autocracias personalistas de dudosa perpetuación. Priorizan también los contextos macroeconómicos estables, menos propensos a las intervenciones cambiarias y a los cepos a la disponibilidad de divisas, frente a la opción de regímenes especiales en contextos inestables que los exponen a los vaivenes de nuevas crisis. Por estas dos condiciones de base, la Argentina actual es poco elegible. Institucionalidad frágil, tasas de riesgo país por las nubes e inestabilidad macroeconómica. Además, nuestra geología no es la saudita.

En contextos macroeconómicos estables, donde el acceso al mercado de cambios para los inversores en capital fijo no tiene trabas, ni hay trabas para disponer de las divisas que genera el negocio (que en buena parte serán reinvertidas si funcionan los incentivos adecuados), la siguiente regla básica del protocolo inversor se focaliza en el régimen tributario al que está sometido el negocio (gravámenes nacionales, provinciales y municipales) y a las garantías de estabilidad fiscal que se ofrecen durante la vida del proyecto. Este es un tema clave en la inversión petrolera y minera, donde el inversor también evalúa el negocio como un negocio de apropiación y distribución de renta (precios menos costos), y donde la incidencia de nuevos impuestos o gravámenes aumenta los costos y altera la distribución. Más: al inversor le interesa no solo la estabilidad fiscal por los costos y su impacto en la renta, sino también las señales de precios y su alineamiento a las referencias internacionales, porque la interferencia gubernamental en los precios también altera el mecanismo de apropiación y distribución de renta que decidió la inversión. Previsibilidad fiscal y previsibilidad en los mecanismos de apropiación y distribución de la renta.

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La cuarta regla básica, muy relacionada a la anterior, es la libre comercialización interna y externa de la canasta de productos que genera la inversión. Las condicionantes del abastecimiento interno, si no están explicitadas y debidamente reglamentadas, pueden derivar en divorcio de precios internos respecto de los internacionales, y en otras restricciones como los derechos de exportación. En un mercado internacionalizado de productos petroleros tampoco existen aranceles de importación.

Luego viene la evaluación de incentivos específicos respecto de legislaciones comparadas y su incidencia en la valoración del negocio. Hay algunos incentivos impositivos, como la amortización acelerada de ciertos bienes y servicios en el pago del impuesto a las ganancias, las devoluciones de IVA o su eximición, al igual que la de otros gravámenes (tasa estadística) en la importación de bienes y servicios afectados al proyecto (importaciones temporarias de ciertos equipos incluidas). La lista la completan las regulaciones ambientales que deben seguir las reglas de arte con los parámetros más exigentes pero no obstructivos, la adaptabilidad del régimen laboral a las nuevas tecnologías y las imposiciones para conseguir la licencia social. En un contexto que recree horizontes de largo plazo, un régimen para las inversiones en hidrocarburos debe estar abierto a todo nuevo proyecto que se presente ante la autoridad de aplicación y que cuente con la factibilidad técnica, económica y ambiental (como se legisló en su oportunidad en el régimen de inversiones mineras).

Por último, pero no menos importante. Cuando en Vaca Muerta las empresas deciden invertir haciendo un plan de pozos productivos y nueva infraestructura, en lo inmediato los inversores son consumidores de materiales y servicios de perforación, incluyendo equipos y tecnología de fractura, caños y demás servicios que reactivan la demanda agregada. La inversión traerá muchos dólares. Pero terminados esos pozos y su infraestructura (además de la infraestructura pública asociada), con la puesta en producción, aumentará la oferta productiva doméstica de hidrocarburos, compensando la declinación de otros pozos, sustituyendo oferta importada y aumentando las exportaciones. Esto también trae dólares. No sabemos cuántos porque los precios internacionales son variables, afectan la renta y las decisiones de inversión. Pero supongamos que en unos años la balanza energética pasa del actual rojo de 5500 millones de dólares a un superávit de 10.000. El impacto en las cuentas externas es de 15.000. Si el programa tiene éxito van a entrar muchos dólares por inversión y exportación. Para amortiguar el impacto de esas divisas en la apreciación del peso con perjuicio a otros sectores productivos, el régimen puede incluir la constitución de un fondo soberano con parte de la renta que apropia el Estado nacional y provincial (regalías, ingresos brutos, impuesto a las ganancias). El fondo contribuirá a dotar de licencia social el proyecto, y a atenuar el sesgo extractivo de la explotación de hidrocarburos.

*Exsecretario de Energía y expresidente de YPF