Llegó el día, mejor dicho los dos días. Con más de 102.000 personas inscriptas y aval judicial, hoy a las 10 comenzará en Diputados la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. Habrá exposiciones presenciales y virtuales, transmisión oficial y acceso habilitado para todos los diputados.
Arrancó con puntualidad en el Anexo del Congreso. Con la advertencia de los legisladores de que habrá 4 minutos por oradores y que se ha priorizado la participación institucional.
Según destacó el portal Parlamentario, la Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles 25 de marzo, a partir de las 10, la primera jornada de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, impulsado por el oficialismo y con media sanción del Senado. La actividad se desarrollará en la Sala 2 del Anexo C, será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada.
La audiencia es convocada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025, y se extenderá también al jueves 26, con una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones registradas en formato digital.
Según la organización definida por las autoridades parlamentarias, las exposiciones presenciales del miércoles estarán a cargo exclusivamente de aquellas personas que fueron notificadas previamente por correo electrónico.
El ingreso a la Cámara de Diputados se habilitará a las 9 y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba. Solo podrán acceder a la sala quienes hayan sido fehacientemente notificados, mientras que el resto de los inscriptos fue informado sobre las modalidades alternativas de participación disponibles.
Tal como establece el reglamento, todos los diputados nacionales podrán ingresar a la sala donde se desarrollará la audiencia, independientemente de si integran o no las comisiones convocantes. Esta aclaración vale, por cuanto una información falsa había indicado que solo estarían autorizados a participar los miembros de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, por “razones de aforo”, cosa que se da de bruces con el reglamento de la Cámara.
No obstante, para garantizar la comodidad de los expositores y de los legisladores, y debido a las limitaciones de espacio, se solicitó a los bloques políticos restringir la presencia de asesores al número que les fue comunicado oportunamente por la Secretaría Parlamentaria.
La primera jornada contará con unas 180 exposiciones presenciales, mientras que otras 180 intervenciones se realizarán de manera virtual el jueves 26. Ante la magnitud del interés ciudadano, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, fue ampliado para permitir cerca de 200 exposiciones diarias, lo que llevará a que el proceso completo insuma más de 28 horas de audiencia.
LA SUSPENSIÓN RECHAZADA
El inicio de las audiencias se produce luego de que la Justicia rechazara un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para frenar un acto parlamentario y dejó firme el cronograma definido por Diputados.
El registro cerró con un total de 102.116 personas inscriptas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Además de las exposiciones en vivo, todos los anotados tuvieron la posibilidad de presentar ponencias por escrito o a través de videos de hasta cinco minutos, material que quedó incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate.
Las autoridades de la Cámara explicaron que las exposiciones presenciales y virtuales fueron asignadas a los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de asegurar la representación de las 24 provincias. Ese criterio fue cuestionado por sectores de la oposición y por organizaciones ambientales, planteos que derivaron en las acciones judiciales finalmente rechazadas.
Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto en forma inmediata, en un debate que promete ser uno de los más sensibles del año en materia ambiental y constitucional.
