Mientras se trata en el Senado, voces en contra y a favor del RIGI

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el capítulo de la Ley Bases que más polémica ha levantado, tras generar críticas y adhesiones desde distintos sectores y referentes del empresariado y la política. El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el presidente de YPF, Horacio Marín, defendieron hoy la iniciativa ante los cuestionamientos recibidos por sectores como la UIA, ADIMRA y el mundo pyme. 

Aquellos que defienden la incorporación del RIGI aseguran que tendrá una importancia decisiva para que finalmente arriben al país los grandes desembolsos necesarios para desarrollar los recursos mineros y energéticos, fundamentalmente. En ese sentido, el presidente de YPF, Horacio Marín, señaló hoy que “sin el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) no hay GNL en la Argentina. ¿Por qué? Porque es un proyecto que requiere para la infraestructura tres caños como el del Gasoducto Néstor Kirchner, que equivalen a 6 mil millones de dólares. Toda la sumatoria de toda la infraestructura necesaria es de 30 mil millones de dólares”. 

En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy en su habitual conferencia de prensa que “dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo, y permitirá triplicar el nivel de las exportaciones en una década".

Y agregó que "el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen", y en ese marco destacó que el RIGI atraerá inversiones superiores a los 200 millones de dólares que "no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar". El funcionario resaltó que el nuevo Régimen de Incentivos "va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva".

Las declaraciones del vocero fueron a modo de respuesta a las críticas que el RIGI cosechó en las últimas jornadas por parte de empresarios pyme y manufactureros, políticos de la oposición y economistas, entre otros actores. 

Por caso, recientemente los representantes de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) destacaron la importancia de contar con un régimen que dinamice las grandes inversiones, pero advirtieron que “la actual configuración del capítulo podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales". Remarcaron además la importancia de desarrollar las cadenas de valor para "consolidar el entramado productivo, apalancar a las PyMEs y generar empleo de calidad en todas las regiones del país”.

Más fuertes aún fueron las críticas de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) vertidas en un comunicado. Desde la entidad afirmaron que la sanción del RIGI “atenta directamente contra la producción nacional” y plantearon que la industria local será perjudicada al otorgarse un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales.

En ese marco, pidieron que el Senado revea los artículos 169, 187 y 190 para "igualar las condiciones para la industria nacional y promover el desarrollo de eslabonamientos productivos locales", de lo contrario, "se verán en peligro el sostenimiento de las empresas del sector, mayoritariamente PyMES, junto a las fuentes de trabajo que las mismas generan".

Los sellos del "empresariado nacional" vinculados a pymes también manifestaron sus objeciones. Sin ir más lejos, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, sostuvo que el nuevo régimen de inversiones será un golpe letal para su sector. El RIGI, explicó, desprotegerá a las industrias nacionales, en particular a las pymes, porque “no podrán competir con los grandes inversores extranjeros que podrán importar todo, desde bienes de capital hasta el más mínimo insumo, y eso sin ningún límite”. 

En la misma sintonía se pronunció la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL). Al respecto, su presidente, José Tamborenea, consideró que “las medidas atentan contra la competitividad y la igualdad de condiciones para participar en los mercados”. 

Como contrapropuesta, los industriales pidieron que el proyecto de ley contemple las siguientes modificaciones: 

• Desestimar la importación de bienes de capitales usados y el flujo de ingreso de bienes, insumos, partes y piezas con beneficios durante los 30 años que establece el régimen;
• Establecer un piso mínimo y metas progresivas de integración local de los bienes y servicios importados, incluyendo a su vez el desarrollo local de actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) para el cumplimiento.

Parte de esas críticas fueron las que intentó despejar hoy Manuel Adorni al afirmar que “el RIGI es algo que le puede dar un impulso a la economía, a las inversiones y al empleo para dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en Argentina. No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están, y tampoco es lo que quiere la gente”.