La Argentina necesita un shock, pero de democracia. Es decir, un proyecto compartido por las mayorías y las minorías, con respeto por las disidencias y resolviendo con visión de estadistas. Quizá sea mucho pedir en un país que soporta una verdadera cultura política de la intolerancia.

Aferrarse a viejas formas de construir poder en base a la prepotencia y el sometimiento nos han llevado a una decadencia macroeconómica que ya se acerca al medio siglo, a una degradación del empleo y del salario que llega a una situación límite y a la destrucción de las expectativas personales.

Una crisis que el kirchnerismo se empeña en negar, para no reconocer su fracaso. El paro y la movilización encabezados por Pablo Moyano, el miércoles, muestran al mismo tiempo la falta de autocrítica, la ausencia de liderazgos y la bajísima representatividad de la dirigencia derrotada en noviembre.

Sin embargo, frente a ese escenario, de nada sirve el voluntarismo y, mucho menos, la descalificación de los interlocutores como se observa en el gobierno de Javier Milei, quien no debería dejarse encandilar por la fascinación de la victoria.

Acá no hay triunfadores ni derrotados, aunque ese sea el lenguaje de la política. Tampoco hay un poder consolidado ni inamovible en las manos del nuevo presidente. Por el contrario, las elecciones, en sus tres capítulos (PASO, generales y ballotage) mostraron a un electorado fragmentado y desencantado, y conformaron un Congreso donde nadie puede atribuirse la mayoría.

El país requiere una modernización profunda, que va más allá de la economía, que exige una visión más amplia y precisa de la realidad del mundo y que será absolutamente inviable por el camino del autoritarismo.

Fue una falta de prudencia la amenaza de desfinanciar a las provincias, dirigida a los gobernadores para el caso de que los diputados no votaran afirmativamente su proyecto convertido en una "Ley Ómnibus" y en un mega DNU (que podría ser rechazado por el Congreso).

En primer lugar, hay una cuestión referida a los derechos y potestades en un país federal. La coparticipación de impuestos es automática y no está en manos del Poder Ejecutivo aumentarla o disminuirla. Los aportes especiales del Tesoro (ATN) deben ser distribuidos de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y no con criterios de complicidad política, como vino ocurriendo desde hace dos décadas y lo mismo cabe para las obras públicas.

Evidentemente, si "no hay plata" (como parece ocurrir) esos recursos estarán condicionados por la disponibilidad del Tesoro. Por eso, la restitución del impuesto a las Ganancias y del IVA, como solicitaban los gobernadores, es muy difícil de sostener si no se gravan las exportaciones. Lograr ese equilibrio depende de un acuerdo en el Congreso. Retirar esos puntos de la ley ómnibus puede abrir un espacio para la solución. Pero de ninguna manera valen en esto las amenazas.

El presidente y los gobernadores gozan de la misma legitimidad y la concordancia entre ellos es imprescindible para cualquier gobierno. El presidente no puede aspirar a convertirse en auditor de las administraciones provinciales. Esa es la función de las auditorías y los jueces provinciales, que, lamentablemente, distan mucho de la independencia que establece para ellos la Constitución. Hay mucho por hacer en el país. Y los más urgente es descartar las visiones excluyentes como las que agrietan a la dirigencia argentina. Las expectativas apocalípticas o mesiánicas son destructivas.

Lo esencial es que aquellos dirigentes que privilegian los intereses de la Nación por sobre los intereses particulares sean capaces de encontrar el amplio sendero del sentido común, que es el camino por el que quieren transitar la inmensa mayoría de los argentinos.

*Editorial de El Tribuno.