Gasparré: Aprendiendo la libertad

Dardo Gasparré*

El difícil camino de aprender a competir, a elegir, a prescindir, a decidir, a descartar, a negociar y a pagar y cobrar lo que resultase de ese proceso.

Las limitadas y parciales reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei están enfrentando a los argentinos ante una realidad: una vasta cantidad de ciudadanos no sabe muy bien cómo manejarse en un esquema de libertad de comercio y de decisiones.

Tampoco están familiarizados con los mecanismos de funcionamiento del mercado, una palabra que aparece mucho en los discursos pero que la sociedad se ha ido olvidando de lo que quiere decir y sobre todo de su funcionamiento.

Los argentinos se han olvidado de lo que significa un mercado libre. Sus hermanos uruguayos pocas veces lo han practicado, es justo decirlo, no necesitan olvidarlo.

Lo primero que se ha ignorado o negado, es que el mercado es un proceso. No una instantaneidad. En él compiten los productos de la misma categoría entre sí, y además, compiten todos los productos contra todos, por una cuestión de ingresos finitos. Concepto que permite entender mejor el tema de los precios relativos. Lo que a su vez permite comprender que el reacomodamiento imprescindible y urgente de los precios relativos no es inflación, aunque a veces tenga un efecto similar.

Acostumbrado a la instantaneidad de la intervención estatal relámpago, el argentino cree que “el mercado” funciona con acciones inmediatas y espasmódicas, como una reacción química, como si se arrojase ácido sulfúrico sobre agua o ésta se tiñese con una buena dosis de azul de metileno en un instante. Es que también ha olvidado que la economía es simplemente un reflejo de la acción humana, lo que no es reprochable, porque eso ha sido olvidado por economistas con muchos años de estudio cuando llegaron al poder.

Un solo ejemplo
Deliberadamente, dada su complejidad, la columna usará un solo ejemplo para mostrar el problema. El caso de las empresas de medicina prepagas. Ello requiere alguna introducción. Argentina tiene un sistema estatal y gratuito de salud prácticamente único en la subregión, sino en todo el continente. Su sistema hospitalario es aún decente y comparativamente bueno pese a todos los esfuerzos que se han hecho para destruirlo.

Prueba de ello bien pueden ser los famosos “tours hospitalarios”, el negocio inventado desde el corazón mismo del sistema para traer pacientes extranjeros y mediante una módica suma, permitirles acceder preferencialmente y sin otro costo a un complejo de salud imposible de acceder en su propio país, a veces ni aun pagando.

Supletoriamente se encuentra el PAMI, que presta similares servicios a los jubilados, a un costo gigantesco para el estado, o sea para el contribuyente, que no se ve reflejado en la calidad del servicio merced al latrocinio parasitario del que es víctima permanente.

La coima de las Obras Sociales
En un nivel un poco más alto, al menos teóricamente, se encuentran las Obras Sociales, que supuestamente atienden a todos los trabajadores registrados, manejado por los sindicatos por decisión dadivosa, interesada y lamentable del dictador Teniente General Onganía.

Sólo este sistema maneja suficientes fondos como para atender adecuada y gratuitamente la salud de 8 millones de familias, y muchas más si no mediara la corrupción sindical, la acción del estado que también es corrupta y la inflación, capaz de destrozar cualquier mecanismo de lo que fuera. Esa cifra se incrementaría notoriamente si se pudiese eliminar la informalidad laboral, una utopía.

En un cuarto nivel, atendiendo al sector de clase media-media y media-alta, estuvieron originalmente las empresas de servicio de salud prepagas, que por muchos años cubrieron las necesidades de ese sector. Hasta que el estado decidió abaratar  generosamente los costos de esas prestaciones, y las declaró una suerte de servicio público, que requería de autorización previa oficial para aumentar sus tarifas, una carga pública insoportable cuanto más alta es la inflación. Por supuesto, creían satisfacer con esta medida a las familias de esa clase social que protestaban por la suba de sus cuotas, siempre en la línea de pagar poco y exigir mucho, esencia del populismo del lado del público. Y obviamente, poner ese servicio al alcance de todos, algo que por fortuna no alcanzó a los BMW, Mercedes y Audis. Si no se habrían convertido en carromatos.

Cuando el Estado cree beneficiar al consumidor
Como ocurre en todos los casos en que el estado decide beneficiar al consumidor, a partir de ese momento, y en invasiones sucesivas y crecientes de los gobiernos peronistas y radicales, que no fueron corregidas en el breve intervalo de Juntos por el Cambio, el deterioro de ese servicio fue exponencial. Un proceso, pero diabólico.

– Las empresas no pudieron recaudar lo suficiente para pagar a sus profesionales, con lo que fueron reduciendo los honorarios o cápitas que pagaban a sus médicos, y abonándolos cada vez más tarde. Eso produjo un efecto que cualquiera hubiera imaginado (salvo un burócrata con ínfulas de conocer mejor que cada individuo lo que le conviene): los profesionales de la medicina comenzaron a dar turnos más espaciados a los socios de prepagas, o directamente dejaban de prestar sus servicios en ellas.

– Eso generó una demora escandalosa para conseguir una consulta que se parece bastante a la de los hospitales, una especie de democratización del maltrato no querida, es de esperar.

Los controlados se comportan siempre como monopolios empresariales y sindicales
– Impedidas de tener los suficientes ingresos, las empresas, en algunos casos, empezaron a adquirir, por vía directa o indirecta, intereses en las clínicas, sanatorios y laboratorios, para tratar de paliar el déficit. Una suerte de monopolio inducido también indeseable, surgido y tolerado como inevitable en un medio donde la inflación obliga a aumentar los costos cada vez con más frecuencia, y los sindicatos que agrupan al personal auxiliar de todo el sistema no requieren autorización para los aumentos como ocurre con las cuotas. Tampoco los insumos, en buena parte importados, que debieron sufrir adicionalmente los efectos cambiarios del circo argentino.

– En el plan de continuar beneficiando al consumidor, el estado resolvió obligar a las empresas de salud privadas a hacerse cargo de una serie de enfermedades preexistentes y de otras, incluido tratamientos estéticos, no pactadas en su plan de servicio ni en sus cuotas, lo que obviamente debía ser soportado o subsidiado por todos los asociados, en el supuesto de que el aumento de cuota fuera aprobado.

– La inflación permanente hizo que, en un medio de aumentos de costos sistemático, aún las cuotas controladas por el gobierno no podían ser afrontadas por mucho de los asociados. Para evitar perderlos como clientes, las empresas lanzaron planes con menores servicios, como una suerte de plan de segunda clase. Eso creó un mecanismo parcial de salud privada, y al mismo tiempo quitó calidad al servicio full, que necesariamente se deterioró al usarse recursos comunes sin aumentar ni el equipamiento ni los profesionales que lo prestaban por razones obvias.

– Ese control estatal, que avanzó hasta llegar al borde mismo de la estatización de todos los servicios, (en la pandemia se estuvo muy cerca de ello) hizo que las empresas se sindicalizaran de la peor manera posible, y terminaran negociando con los burócratas como cualquier sindicato o cualquier monopolio, lo que culminó la destrucción del concepto de libertad en todos los sentidos de este servicio. También el de la competencia.

Cuando desaparece la tutela de papá estado: desconcierto y miedo
En su DNU de reformas, el gobierno de Milei eliminó la obligación de las empresas de salud de pedir autorización para aumentar sus cuotas. Estas rápidamente procedieron a anunciar y aplicar subas de tarifas que en dos meses llevarán la cuota al doble de la de diciembre, lo que probablemente sea adecuado, por el efecto de las restricciones antes descritas.

Y aquí comienza la diatriba. Con una pregunta: ¿esto es la libertad de mercados? Los usuarios han descubierto, como han hecho y harán en otros casos de generosos subsidios de la burocracia con dinero ajeno, que lo que pagaban era un regalo, y que no pueden afrontar ahora los nuevos costos.

Al mismo tiempo, sostienen que por esta calidad de servicio no es justificable pagar estos nuevos valores, que amenazan con crecer. Y endilgan todo tipo de irregularidades a las prepagas, suponiendo que de ese modo podrán justificar su derecho a pagar menos, sin advertir que esa es la razón por las que esa calidad se ha deteriorado. ¿Esto es la libertad de mercados?

La respuesta es múltiple. Y difícilmente los afiliados quieran escucharla. Lo que no cambie su valor de verdad. Se engloba en una frase del comienzo: el mercado es un proceso. Y recién ahora comienza a actuar la acción humana. La puja entre la oferta y demanda, la competencia y la verdadera función del estado, que no es la de no hacer nada, como dirían los libertarios, sino la de hacer lo que hay que hacer.

En busca de las soluciones instantáneas
Justamente las soluciones instantáneas de la prohibición, el ucase, la fijación de precios, que en el fondo se están reclamando disimuladamente que se restablezcan hoy, son las que llegan al mismo lugar de hoy. La fatal arrogancia de la burocracia – diría Hayek – clamada y aplaudida por el propio usuario, a riesgo cierto de comprar basura, barata pero basura.

Todo proceso inflacionario genera una distorsión de precios relativos. Pero ello es mucho peor si se suma la intervención del estado en la formación o fijación de precios. Tal es lo que ocurre con las tarifas energéticas, por caso. Se controla el precio pero ello afecta la producción, o se termina importando a un precio mayor que el de venta. El usuario prefiere no ver, ignorar ese hecho, movido por su necesidad instantánea, hasta que se produce la escasez o el mal servicio. En ese momento clama por más regulaciones con efectos cada vez peores.

En este caso ocurre exactamente lo mismo. Cuando desaparece el mandato dictatorial del estado, volver a la realidad es muy doloroso e inadmisible. Las familias han destinado esa parte de su presupuesto a otros gastos y ahora se enfrentan a la disyuntiva de bajar los consumos extra a los que se acostumbraron cuando no tuvieron que pagar el precio real de ciertos bienes, o bajar el consumo de los bienes antes subsidiados o regalados. Por supuesto que la memoria es frágil y nadie reconoce que estaba gastando en nuevos rubros gracias a que alguien pagaba la nafta, el transporte o la prepaga por él. Por eso los dictadores, cuando se acaba la platita, corren el riesgo de ser colgados, como cuenta la historia.

El mercado de la medicina en todos sus estamentos debe formarse de nuevo
El mercado de la medicina toda debe formarse de nuevo. En cada uno de sus estamentos. Hospitales, Obras Sociales, Pami, Prepagas. La intervención del estado no consistirá en regular, sino en desregular. Pero al mismo tiempo, en detener y evitar la corrupción en cada uno de esos sistemas. Desmonopolizar las Obras Sociales. Obligar a las prepagas a competir. Sí. Obligar a las empresas a competir, como sugería Adam Smith. No hay mercados sin competencia. No hay mercados con prebendas. Y no es cierto que las empresas tengan vocación deportiva de competir como si fueran el Rafa Nadal.

Hay fondos suficientes como para que los hospitales públicos funcionen bien. Hay profesionales capaces que saben cómo hacerlo. Hay equipamiento de calidad. Hay que impedir que se roben esos fondos. Hay que impedir los tours sanitarios, por ejemplo. Hay que eliminar el monopolio sindical de las Obras Sociales, culpable de dejar a una inmensa franja de la población sin medicina. Lo mismo que el PAMI.

Obligar a competir
En el caso de las empresas privadas, hay que dejarlas competir, y hay que obligarlas a competir. Y también debe aceptarse que se trata de un servicio sólo para un sector determinado de la sociedad, por sacrosanto que suene el término salud. Y sus clientes deben poder elegir a quién le quieren pagar para que los cuide.

Por eso será de suma importancia para que el mercado funcione como se espera garantizar los derechos de quienes decidan cambiar de prepaga, para evitar todo tipo de limitación o amenaza a esa opción que impida la libertad de elección. Los médicos y demás profesionales reclamarán que se les pague lo que merecen y los usuarios sabrán o no si están en condiciones de afrontar los costos del servicio. La creación de planes de menor nivel es una forma de quitar derechos a los asociados, a menos que se garantice la calidad de las prestaciones pactadas. Las prepagas no son un servicio popular, guste esto o no.

El mercado es un proceso. Donde también interviene la justicia. Como se ha visto en los juicios de clase en otros países, que deberían ser ampliamente adoptados en cualquier medio que pretenda declamar la libertad de mercado, por ser una de las grandes garantías del consumidor.

La competencia, en este y en todo otro caso, debe garantizarse metiéndose en las particularidades de cada actividad, no para controlarla o forzarla, sino para que esa competencia asegure los derechos de todas las partes. Cuando Milei dice que habrá una etapa de “inflación buena”, quiere decir simplemente lo que aquí se afirma.

Más que el accionar del Congreso, la prensa o la oposición, acaso lo más difícil es que se entienda este concepto, que el consumidor exsubsidiado no tiene ningún interés en entender, pero que es el que permite que las cosas funcionen.

*Periodista y analista económico. Ex ejecutivo, ex economista. Columnista de La Prensa de Buenos Aires y Contraviento de Montevideo.