Humedales War: Minería le planta cara a los proyectos de ley

Argentina es así: Cualquier evocación a los días intensos de los debates de la Ley de Glaciares (que tuvo dos capítulos en el tiempo) es pura coincidencia argentina. La Ley de Humedales suma voces a favor y en contra, como otra grieta irreductible de nuestra sociedad y preocupa a los sectores productivos.

Este jueves habrá plenario de comisiones parlamentarias. Y el martes pasado fueron tres horas de agitados coloquios en la Comisión de Agricultura de Diputados, donde compareció CAEM.

Mientras tanto, habrá movidas en las provincias mineras impulsadas desde el sector bajo lemas de defender el federalismo y el desarrollo.

Flyer: Convocatoria salteña vs. Humedales protect

Y se especula con el “poroteo”: Cómo votarán los legisladores federales ante esta delicada norma que todos advierten no solucionará el problema ambiental pero puede llegar a coartar actividades productivas.

El agro y las mineras ponen como ejemplo la ley de Máximo Kirchner para detener los incendios forestales aplicando puniciones e inhibiciones para el manejo de los suelos, después de la cual el país se ha seguido quemando en las áreas rurales.

YOUTUBE DIPUTADOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA (CAEM, desde 01:18).

"CRÓNICAS HÚMEDAS"

La minería y el campo presionan para cajonear la ley de humedales y suman aliados oficialistas. Representantes de las entidades del campo y de las cámaras mineras se manifestaron en contra de la ley de humedales que promueve el Frente de todos y complicaron su sanción. Es así porque en el propio oficialismo empezó a haber resistencia, como la del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, según escribe Mauricio Cantando, en La Política Online.

Las cámaras empresarias se expresaron en una reunión de la comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, que preside el radical Ricardo Buryaile y fue convocada como antesala al plenario del jueves, cuando se firmarán dictámenes de la Ley de Humedales. Si ninguno tiene mayoría para imponerse en el recinto quedarán cajoneados. 

El proyecto para fijar presupuestos mínimos de protección a los humedales del FdT fu presentado por el diputado Leonardo Grosso y consensuando con 200 organizaciones ambientalistas. Cuenta con el respaldo de la dupla de socialistas, Graciela Camaño y los 4 de izquierda, por ahora insuficientes para los 129 votos necesarios para imponerse. 

Un primer obstáculo es que los tres cordobeses cercanos a Juan Schiaretti no votarán contra los deseos del campo. Pero lo más difícil para el Frente de Todos será alinear a sus 118 diputados. De mínima, habría reparos de mendocinos y correntinos.

Este martes, el primer oficialista en complicar las cuentas fue el gobernador Jalil, quien tiene 3 diputados en la bancada conducida por Germán Martínez.

"Invitamos a la comisión que está discutiendo la ley de humedales a que conozcan, porque no se puede legislar desde el desconocimiento", reclamó el catamarqueño, durante una charla del ciclo Democracia y Desarrollo organizada por el Grupo Clarín.

Catamarca, Salta y Jujuy son las provincias productoras de litio, que se desarrolla en humedales y sus gobernadores entienden que una ley como la del FdT restringe las inversiones. Quienes la promueven creen que no será así y en tal caso sólo deberán adaptarlas a una producción sustentable.

"Cuidado con tratar una ley de humedales que no tiene nada que ver con la mirada de uno de los minerales que es estratégico para cambiar la matriz energética del mundo", advirtió el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, presidente de la UCR, en el mismo panel de Clarín. 

Lo respaldó su colega de Salta Gustavo Sáenz, sin legisladores propios pero cercano a Sergio Massa, quien apuesta a las inversiones mineras para mejorar el ingreso de dólares. Ninguno de sus diputados cercanos trabaja en la regulación.

El debate se da entre el proyecto de Grosso y el que consensuan en Juntos por el Cambio. Ambos tienen tres aspectos a definir: qué son los humedales, cómo hacer un inventario y cuáles son los límites de su protección, necesaria para combatir el cambio climático.

Grosso y uno de los proyectos de JxC (el de la radical Ximena García) toman la definición de humedales vigente desde 2017, rechazada por el campo y la minería, porque entienden que considera como tal a zonas anegadas y reduce la capacidad productiva de hasta la mitad de las tierras del país.

Por eso el proyecto del radical Jorge Vara y Buryaile elimina la palabra hidromorfia de la definición. Pero además, en JxC quieren darle la potestad del inventario a las provincias, aun cuando la Constitución habilita a la Nación a definir los presupuestos mínimos ambientales. También piden menos fondo para crear los inventarios de los que propone el FdT. 

Grosso, que preside la comisión de recursos naturales a cargo del plenario del jueves, asigna a una autoridad nacional la potestad de realizar los presupuestos mínimos, con asesoramiento de las provincias.

"No vamos a aceptar cambiar el espíritu de la ley, caer en contradicciones constitucionales que sean plausibles de cautelares, ni dilatar el debate, porque ya hubo compromiso y garantías para que se dictamine", anticiparon a LPO en su entorno. 

En JxC creen que si la autoridad de aplicación es nacional, la ley no se implementará pero un juez federal podrá frenar una inversión minera o una explotación agropecuaria. 

Como Buryaile no consiguió que Grosso convocara a referentes productivos, los citó por las suyas a la comisión de agricultura y sumó masa crítica en contra para intimidar también a los oficialistas que dudan. 

Durante una tensa reunión, el campo, las mineras, la UIA, agrónomos del INTA y de la federación de ingenieros se turnaron para pedir por el proyecto de JxC. Esto es: una definición más restrictiva de los humedales, la delegación en las provincias de la creación del inventario.

"La definición tiene que ser clara y precisa, con respaldo del INTA. Y un inventario de las provincias junto al Conicet, que no paralice actividades", reclamó Claudio Terrés, presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la Unión Industrial Argentina.

Luciano Berenstein, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), fue el más drástico. "Como está planteado el proyecto, el país se quedaría sin industria minera. Afectaría al litio y al cobre. No sólo a las nuevas inversiones, sino que pone en riesgo las que están efectuándose".

"Somos uno de los 3 sectores que aportó dólares, el 5 complejo exportador nacional, movilizamos a las economías regionales y aportamos impuestos por 100 mil millones de pesos. Exportamos por 3300 millones pero podríamos llegar a 12 mil millones de dólares. Chile exporta 20 veces más".

Reclamó lo mismo que casi todos los invitados: una definición "clara" de humedales, que las provincias definan el inventario y no paralizar la producción hasta "no identificar el bien jurídico". Le respondió Camaño, una de las diputadas que promueve la ley de humedales. "5 palabras: Chile tiene ley de humedales".

El ingeniero Pablo Mercuri del INTA, advirtió que las provincias litoraleñas tienen la mayor parte de su población sobre humedales y deben ser consultadas antes de legislar. Mientras que Octavio Pérez Pardo, de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, negó que los incendios tengan relación con la no protección de humedales, como plantearon los legisladores de Santa Fe para pedir este debate.

Los representantes del campo ni siquiera se contentaron con la ley de Buryaile y Vara y pidieron mantener la regulación vigente de 1991. "Estamos poniendo en juego nuestra soberanía por los países del norte que con el acuerdo de parís de 2015 se quedaron con el desarrollo y nos piden tener recursos naturales, pobreza e indigencia", denunció el ingeniero Andrés Costamagna, especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace.  Lo respaldó, Silvina Campos Carles, asesora de Coninagro.

Los discursos encendieron a los diputados oficialistas presentes. "Hablan de cosa que no existen, que no son ciertas. Este es un debate que tiene más de 10 años y deberían leer los proyectos", se molestó Florencia Lamprebe. "¡No es cierto! ¡Esta reunión con los sectores productivos no se quiso hacer antes! Estás declaraciones generan violencia. Por eso me amenazaron de muerte", contestó Buryaile. El debate seguirá el jueves. 

Ley de humedales: cómo sigue el debate y las cuatro diferencias entre los dos proyectos con más apoyos. El cuarto intermedio hasta el próximo jueves del plenario de tres comisiones que analizan una ley de humedales abrió un tenso compás de espera. La nueva dilación a un tema que si algo tuvo fue tiempo de debate (diez años del primer intento legislativo) sembró dudas sobre la negociación en marcha. Pero las tres horas de exposiciones en el anexo del Congreso, y lo que algunos protagonistas adelantaron, apuntan a un escenario de dos proyectos con mayoría de apoyos en los dos frentes principales que, además, representan las diferencias de fondo, describe Ricardo Robins, en Rosario 3

El propio diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos) aclaró que él no escribió su proyecto. No fue una confesión sino la aclaración de que es un texto que expresa una síntesis de los aportes de más de 500 organizaciones socioambientales y especialistas de las universidades. Ya tuvo dictamen de comisión de Recursos naturales, que preside, en 2020 pero perdió estado parlamentario.

Si bien existen otras dos iniciativas dentro del oficialismo y otras tantas de espacios afines con esa idea, detrás de ese texto se encolumnarán la mayoría de las voluntades con el objetivo de sacar un dictamen amplio el jueves que viene. La cantidad y variedad de apoyos depende de cuánto se abra ese articulado. Modificaciones a las que las agrupaciones ambientales se oponen pero que serán clave para llegar con fortaleza al recinto. El desafío es retocar sin alterar el espíritu de identificar, ordenar y regular esos ecosistemas en todo el país.

Dentro de Juntos por el Cambio también coexisten tres proyectos. El diputado nacional por Corrientes y productor agropecuario Carlos Vara dejó en claro en el plenario que defenderá su postura al exponer datos y mapas sobre el daño que implicaría a la producción limitar actividades en los humedales (ver minuto 44 de la sesión).

“Vamos a defender a muerte que el inventario tiene que estar en manos de las provincias”, dijo el más duro de los expositores a los ojos de los militantes socioambientales. Puso como ejemplo la ley de bosques, que justamente no frenó los desmontes porque dejó su aplicación en manos de jurisdicciones provinciales permeables a esos intereses y sin mayores controles federales.

Su par radical Ximena García se propuso en cambio buscar un “equilibrio” entre los cuidados del medio ambiente y esos intereses económicos. La legisladora santafesina es autora de una iniciativa que reúne más de 40 firmas en su bloque y que tiene su réplica en el Senado. Uno de los avales que sumó fue el de Gabriela Lena (autora a su vez del tercer proyecto de ese espacio).

Por eso, el texto de García y Maximiliano Ferraro (Coaliación Cívica) se perfilaba como el más apoyado dentro de la oposición al proyecto Grosso (Expediente: 0075-D-2022 o "de consenso") y tiene cuatro diferencias centrales.

Según resumió García a Rosario3, “nuestro proyecto propone hacer primero el inventario de cuántos humedales hay, dónde están y sus condiciones y después con esa información detallada empezar el ordenamiento territorial sino sería desordenado”.

Ese plan otorga un plazo de tres años para finalizar el inventario federal y luego otro más para el ordenamiento provincial. En el caso de Grosso ambas acciones se dan en simultáneo y a los dos años debe estar listo el ordenamiento, para agilizar la puesta en marcha de la protección.

La segunda diferencia es la continuidad de las producciones afectadas en esos lugares mientras avanza la aplicación, contemplada en el texto de García y Ferraro. “Hay actividades productivas que se pueden seguir desarrollando con regulaciones, buenas prácticas y autorización de los órganos provinciales”, señaló la diputada. Un ejemplo sería la ganadería en el Delta.

Un tercer punto marcado por la legisladora radical: las provincias terminan de hacer el ordenamiento territorial y no el gobierno nacional. Allí habría una clave importante. Eso es lo que especialistas señalan como nudo del fracaso de la ley de bosques (y lo que el correntino Vara defendería “a muerte”).

El proyecto de Grosso, en cambio, define que “la autoridad nacional de aplicación será la máxima autoridad ambiental competente designada por el Poder Ejecutivo Nacional”. Crea un “Programa Nacional de Conservación de los Humedales” en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), entre Nación y provincias.

También en la asignación de recursos surgen contrastes. Los dos textos hablan del 0,3% del presupuesto nacional. El de la santafesina destina el 70% de esos fondos de forma directa a los productores como incentivo o compensación si deben adaptarse a limitaciones por estar en zonas de humedales de “alto valor de protección”. El 30% del dinero se giraría a las provincias.

El impulsado por Grosso y la mayoría del oficialismo se llama “Fondo Nacional de Humedales” y los recursos federales “sólo podrán ser destinados a financiar los objetivos del Programa Nacional de Conservación de Humedales” y “distribuidos a las jurisdicciones únicamente si estas cumplen con el inicio y finalización del Ordenamiento Ambiental Territorial en los plazos determinados por la ley”.

García aseguró que su iniciativa es más “equilibrada y menos punitivista”, ya que las sanciones establecidas también son distintas.

Grosso aclaró varias veces que la “ley no viene a prohibir nada, no es contra la producción, es contra la destrucción”. Fue también eolucuente en ese sentido la diputada Graciela Camaño, quien habló de “pensar en el desastre ambiental y no en las conveniencias puntuales”.

Para Eduardo Toniolli, diputado del Frente de Todos y firmante del proyecto de su par del Movimiento Evita, la gestión de esta semana pasa por sumar voluntades y lograr la mayor fuerza posible. Para eso es necesario “abrir” el proyecto y realizar modificaciones que no alteren el “corazón” del articulado ya consensuado con las organizaciones.

Con un ojo en el plenario del próximo jueves y otro en la sesión del recinto que sería en octubre (para darle media sanción), en el oficialismo calculan que lo más importante es consolidar el apoyo interno. Solidificar los 115 o 117 votos propios. Con el Interbloque federal, Provincias Unidas y la Izquierda superarían el número de 129 voluntades para el quórum y votación favorable.

Uno de los puntos a modificar que mencionó Toniolli también aparece en la postura del socialista Enrique Estévez, otro santafesino que presentó un proyecto y que solicitó el plenario de comisiones. El legislador admitió que lo importante es que haya ley y sumaría su adhesión.

Estévez propone hacer el inventario primero y el ordenamiento después, con estudios de impacto ambiental para mensurar qué se puede hacer y qué no. “Es para clarificar y actuar con solidez, sin desdibujar el espíritu del proyecto original”, dijo a Rosario3.

El resto de los días la famosa “rosca” política avanzará en ese sentido. Grosso aseguró a este medio que el cuarto intermedio no frenará la trayectoria de la norma. “Tenemos la voluntad de la mitad más uno de la Cámara y la decisión política de dictaminar pero ante el pedido que plantean quienes no quieren la ley, que dice que no se debatió o que no nos dejaron hablar, vamos a tener una oportunidad más el jueves que viene para que hagan sus propuestas”, señaló.

Lo importante, dijo, es “derribar los falsos argumentos de que la ley de humedales no se discutió, que es una imposición de un grupo circunstancial porque después van a utilizar esos argumentos para no cumplirla”.

“El jueves que viene es el final. Continuamos con el plenario, dictaminanos con mucho apoyo y rápidamente media sanción en la Cámara de Diputados”, aseguró. Después sería el turno del Senado y ahí se abre otra historia.