La economía argentina no crece de manera sostenida desde el año 2012. Por ello, los últimos dos gobiernos nacionales (PRO-UCR y Frente de Todos - FDT) y la administración actual (La Libertad Avanza - LLA) -cada uno con una mirada económica y política evidentemente distinta- han procurado implementar un régimen de fomento para grandes inversiones.
Así, si uno observa un poco, podrá notar que existe cierto consenso en la clase dirigente en que, para salir de la crisis actual, se requiere fomentar inversiones que otorguen dinamismo e impulsen la economía. No obstante ello, existen dificultades para aprobar una ley de fomento de inversiones que sea aprobada por las distintas fuerzas políticas.
Así, en el gobierno de PRO-UCR se presentó, hacia finales del 2019, un proyecto de ley denominado "Fomento de Nuevas Inversiones Productivas en el Territorio Nacional", el cual no fue aprobado, dado que se trataba de un gobierno en retirada.
Durante la etapa de gobierno del FDT se aprobó por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 234/21 el "Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones" que, al tratarse de un DNU, no tuvo el debido debate parlamentario. Este régimen comprende tanto, inversiones en actividades foresto-industriales, mineras, hidrocarburíferas, de industrias manufactureras y agroindustriales, como la ampliación de unidades de negocio ya existentes con el fin de aumentar su producción. Entre sus aspectos principales, se contemplaba que: (i) la inversión debe ser para exportaciones de dichos sectores por un monto mayor a USD 100.000.000, (ii) se puede acceder hasta un 20% de disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones, y (iii) los proyectos que encuadren en el régimen tendrán estabilidad cambiaria por 15 años. Estos beneficios se ven reflejados en el Certificado de Inversión para exportación, otorgado a cada proyecto aprobado en el marco del régimen.
"El proyecto prevé la estabilidad regulatoria, tributaria, aduanera y cambiaria durante los 30 años siguientes.
Si bien no fueron aprobados numerosos proyectos al amparo de dicho decreto, sí se canalizaron algunas inversiones de importancia para nuestra provincia, como, por ejemplo, las que llegaron de la mano de Eramine Sudamérica S.A., Posco Argentina SAU y, Rincon Minning PTY Limited. Se destacan también otras inversiones en provincias del NOA, tales como Sales de Jujuy S.A. (Jujuy) y Liex S.A. (Catamarca).
En la actualidad, el proyecto de ley de bases del actual gobierno contempla la creación del "Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)". Aunque aún no ha sido aprobado, se destacan, entre sus aspectos principales, que (i) el monto mínimo de la inversión debe ser de USD 200.000.000, (ii) se incluyen algunos beneficios impositivos y aduaneros de interés, como ser determinadas exenciones para la importación de equipos, partes y componentes, (iii) los proyectos -adheridos al RIGI- podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo del proyecto adherido sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones de ninguna índole, y (iv) libre disponibilidad de las divisas producto de la exportación.
Asimismo, el proyecto prevé la estabilidad regulatoria, tributaria, aduanera y cambiaria durante los 30 años siguientes de la fecha de adhesión al programa.
En resumen, el RIGI establece numerosos beneficios para las inversiones por un tiempo prolongado, lo cual no significa necesariamente que todos los actores potencialmente interesados estén de acuerdo con su implementación. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó el proyecto por generar riesgos desde el punto de vista de lavado de activos, y, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó que el proyecto -en su redacción actual- sería perjudicial para las PyMES.
En definitiva, la economía de nuestro país no crece desde el año 2012 y ello se manifiesta, entre otras cosas, en elevados índices de pobreza. En ese contexto, cuando se plantean posibilidades para salir de esta situación de crisis, se observa que la clase política -fuera de los discursos- ha efectuado propuestas que podrían ser asimilables, aunque, por el momento su implementación no ha tenido el impacto deseado.
Como se mencionó más arriba, el proyecto PRO-UCR no fue políticamente impulsado, el DNU 234/21 del FDT únicamente dio curso a seis proyectos, y, en la actualidad, el proyecto de la LLA todavía no fue aprobado y ya ha cosechado impugnaciones desde distintos grupos, por lo cual no puede descartarse su eventual judicialización.
Por todo ello, sin perjuicio del gobierno de turno, sería conveniente la aprobación por parte del Congreso de la Nación de un régimen de inversiones con el consenso no solo de los diversos partidos políticos -cuestión difícil en estos tiempos- sino también de los potenciales interesados en invertir, permitiendo el desarrollo de las cadenas de valor y generando empleo de calidad.
Abogado*
