Los grupos criminales que crecieron por sus servicios para los carteles del narcotráfico en Ecuador han diversificado rápidamente su portafolio de actividades criminales. Los Lobos, la banda de mayor expansión los últimos años, ha extendido sus operaciones a la explotación de oro ilegal por su
facilidad para el lavado de activos.
Esta organización criminal explota directamente 20 minas de oro, extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas más y controla a 40 grupos de mineros ilegales. Estas actividades criminales les dejan a Los Lobos ganancias estimadas en 3,6 MM de dólares por mes.
Los documentos del caso Metástasis, alrededor del narcotraficante Leandro Norero, que fingió su muerte por Covid-19 en Perú, también alertan las conexiones políticas, los métodos del lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. Norero era financista de Los Lobos. En su domicilio tenía 43 lingotes de oro.
El crimen organizado, impulsado por la violencia del narcotráfico, diversifica su portafolio de actividades ilegales en Ecuador. La banda Los Lobos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal en una de las zonas mineras más importantes de este país: el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, al sur del Ecuador.
Esta alianza periodística transnacional accedió a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia ecuatoriano, que ayudan a entender la magnitud de su influencia y operaciones. En Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos controlan y operan directamente unas veinte minas de oro ilegal. Además, realizan extorsiones (vacunas) en otras 30 minas de empresas privadas y controlan a 40 grupos de mineros ilegales, llamados sableros. Esta maquinaria criminal genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los tres últimos años.
El 70% de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.
Como sucede en otras zonas, según los documentos a los que tuvimos acceso, la estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad.
De acuerdo con los mismos documentos, las investigaciones actualmente apuntan a uno de los líderes de la estructura delictiva, un político que ha sido asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario, cuya identidad aún no se puede difundir porque las investigaciones están en marcha, registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La vía del terror del oro ilegal
La incursión de Los Lobos en la minería ilegal de Ponce Enríquez se acentuó a fines de 2022, detallan los documentos de Inteligencia. Sus acciones criminales comenzaron con la “intimidación, secuestro, sicariato, extorsión y cobro de vacunas”.
En una siguiente etapa, tomaron el control de operaciones mineras que comprenden incluso concesiones legales dedicadas a la explotación de oro. Para ello incursionaron en minas y se instalaron en varias de ellas, sin dejar opción a los concesionarios legales, algunos de los cuales optaron por marcharse por temor a ser asesinados.
Con su llegada, estos actores instalaron la violencia y el miedo entre la población. El cantón Ponce Enríquez registró oficialmente 26 crímenes entre 2022 y 2023, según registros policiales. De entre las víctimas, sobresalen titulares de concesiones legales de minería de oro.
La violencia alcanzó también a las autoridades locales. En febrero del 2023, el alcalde saliente Baldor Bermeo fue atacado con disparos de un grupo de desconocidos pero sobrevivió. Previamente había sufrido otro atentado. Además, en junio del 2022, un ataque contra una mina de su propiedad dejó tres muertos y cinco heridos.
Su sucesor en la alcaldía, José Sánchez Reyes, también denunció un ataque armado a su vivienda a inicios de octubre del 2023. No hubo víctimas en esta ocasión.
En agosto de 2023, en un hecho que no se conoció públicamente, pero que consta en los documentos de inteligencia a los que se accedió para esta investigación, las Fuerzas Armadas realizaron una intervención en la zona minera de Camilo Ponce Enríquez.
En el operativo se hallaron, además de un arsenal, libretas con anotaciones reveladoras. Según los registros, solo de esta zona se extraen ilegalmente entre “16 y 20 kilos de oro al mes”, un volumen que no es reportado ante autoridad alguna. El “valor promedio por cada kilo bordea los 58 mil dólares”. El material extraído era llevado hacia una planta procesadora (molino) en la zona de Portovelo, un enclave minero tradicional del país. Eso representa 1 MM 660 mil dólares al mes en ingresos para ese grupo criminal.
En la intervención realizada, y que ahora detallamos en esta investigación, también se encontraron registros del cobro de vacunas en distintas zonas. Los montos variaban según la producción mensual de oro, que oscilaba entre 5 y 50 kilos, dependiendo de la mina.
Una millonaria maquinaria criminal
Los Lobos no solo operan y extraen oro, también extorsionan a las concesiones mineras legales. Además, cobran entre 300 y 900 dólares a cada minero ilegal que quiera entrar a trabajar, a manera de “acción”. A estos operadores se les denomina “sableros”, y se los considera leales a la organización. Según los cálculos mencionados en los reportes a los que tuvimos acceso, la operación minera les deja a Los Lobos ganancias estimadas en 3,6 MM de dólares por mes.
Las estructuras armadas alrededor de las zonas mineras controladas por Los Lobos tienen un brazo bélico (con armas de largo y corto alcance); un brazo operativo (con mineros ilegales) y un brazo de seguridad, que a su vez comprende tres anillos, detalla uno de los documentos. Tienen conexiones con políticos y funcionarios judiciales, que están en su nómina de cooperantes. estos actores boicotean los operativos.
Los primeros registros de violencia de este grupo se remontan a octubre de 2022, con el secuestro de 70 trabajadores de una mina formal en el sector Bella Rica, por parte de delincuentes y “sableros”. Los secuestros continuaron hasta diciembre de ese mismo año, cuando se reportaron dos nuevos episodios con la retención de 45 trabajadores legales.
A inicios de 2023, los grupos armados obligaron a los mineros legales a extraer oro bajo amenazas de muerte. En marzo del 2023, en una nueva incursión, asesinaron a un guardia de seguridad y en los primeros días de abril del mismo año robaron cinco barras (lingotes de oro) de un kilo cada una.
“Están infiltrados en concesiones mineras y reclutan a figuras claves de las entidades de control y justicia, como fiscales, jueces y uniformados”, advierte un oficial de Inteligencia. En uno de los operativos militares se detectó que un detenido tenía radios de comunicación con la frecuencia policial activada; conocían de posibles operativos y buscaban evadirlos. En otra intervención se detuvo a un miembro activo de la policía que colaboraba con la estructura ilegal.
El Tren de Aragua se habría aliado con Los Lobos
Ecuador dolarizó su economía el año 2000 y para los especialistas el uso de esta moneda facilita la venta del oro de origen ilegal, y atrae también a mineros de otros países. Uno de los informes señala que en las zonas mineras de Ecuador se encuentran mineros peruanos, colombianos y, recientemente, un importante número de venezolanos.
Los documentos de Inteligencia sugieren que en estas zonas mineras estaría operando también un grupo de integrantes del Tren de Aragua –la violenta organización criminal de origen venezolano–, y que ellos estarían trabajando junto a Los Lobos en Ponce Enríquez.
En uno de los documentos de inteligencia, se menciona, a modo de hipótesis, que de acuerdo a la forma en la que actúan estos grupos criminales, una vez que los miembros del Tren de Aragua consoliden su trabajo en la minería ilegal, luego intentarían desplazar a las cabezas de Los Lobos. “Un gran número de colaboradores, de origen venezolano, podría ser integrante de otros grupos delictivos, como el Tren de Aragua. A futuro podrían aplicar su modus operandi, esto es, eliminar a Los Lobos y tomar el control de las áreas mineras, considerando el alto rédito económico”, se lee en uno de los informes.
Los Lobos es la organización criminal con mayor presencia territorial en Ecuador. El grupo surgió en 2019, en la cárcel de Turi, en Cuenca. Su matriz fueron Los Choneros, la organización dedicada al narcotráfico que nació a inicios de los años 90 en el puerto de Manta y que es el brazo logístico del cártel mexicano de Sinaloa.
Antes de la fragmentación, el cabecilla de Los Lobos, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como Pipo o Tuerto, era leal a José Luis Zambrano (llamado JL o Rasquiña), jefe de Los Choneros.
Pero todo cambió a fines del 2020, con el asesinato del jefe de Los Choneros. José Luis Zambrano fue acribillado en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020. Su muerte generó una disputa que terminó en la guerra de bandas.
Esta escisión hizo que Los Lobos se conectaran con otro socio para el tráfico de drogas en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces varios grupos delictivos encabezados por Los Lobos se han unido para disputarle a Los Choneros el control de plazas y rutas del tráfico.
La historia del avance y escisión de estas bandas criminales consta en el informe Evaluación situacional del narcotráfico en Ecuador, elaborado por la Policía de Ecuador con el apoyo técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). “La relación con alias JL o Rasquiña determinó el ascenso de Los Lobos durante esos años, al punto que Pipo proporcionaba hombres para la seguridad personal de Rasquiña”, se lee.
Según el informe citado, Pipo o Tuerto, líder de “Los Lobos”, habría fallecido por efectos del Covid-19 a inicios de 2021. O, al menos, eso habría simulado. “Se presume que habría falsificado el acta como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”.
El patrón Norero, la conexión con Los Lobos y la minería
A mediados de diciembre de 2023, la Fiscalía ecuatoriana difundió las piezas de un rompecabezas que muestra las conexiones del narcotráfico con actores políticos en Ecuador. El caso fue conocido como Metástasis y tiene como figura central a un narcotraficante y procesado por lavado de activos de origen ecuatoriano que evadió la justicia peruana: Leandro Norero Tigua.
Norero Tigua había sido detenido en mayo de 2022, durante un operativo en el cual las autoridades le incautaron 42 lingotes de oro; 6,4 millones de dólares; joyas y relojes finos.
Él era buscado por la justicia peruana desde febrero de 2020, por el presunto delito de tráfico de drogas agravado, cometido en 2014, pero durante la pandemia por Covid-19, sus abogados presentaron un certificado de defunción falso peruano con el fin de evadir a la justicia. Una vez libre, operó clandestinamente en Ecuador.
Tras su detención fue conducido hasta la cárcel de Cotopaxi. Cinco meses más tarde, en octubre de 2022, se produjo una masacre en esa cárcel, en la que murieron 16 internos. Entre ellos, Norero.
Leandro Norero constituyó un conglomerado de siete empresas, en tres provincias. Con las ganancias financiaba la operación de las bandas criminales Los Lobos y los Chone Killers, enemigos de Los Choneros. Luego del asesinato del cabecilla de Los Choneros, a fines de 2020, Norero quiso sucederlo en el liderazgo, pero otros dirigentes lo desconocieron. Por eso, en venganza, financió a los grupos rivales, en particular a Los Lobos, relataron dos agentes investigadores entrevistados para este reportaje.
El contenido del teléfono celular de Norero, desencriptado en el contexto de la investigación fiscal por lavado de activos del caso Metástasis, arroja pistas sobre sus conexiones con la esfera judicial, la policía, abogados del sector privado, fiscales y político
La obsesión de Norero, en la celda desde donde chateaba por celular, era confundir a las autoridades que seguían la ruta de sus activos. En las conversaciones –a las que se tuvo acceso para esta investigación– se observa que una de sus preocupaciones era encontrar una manera para justificar la posesión de los lingotes de oro que habían sido encontrados en una caja fuerte detrás de una pared falsa de su lujosa vivienda.
En las conversaciones, su abogado le propone una fórmula para salir del problema.
“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.
Ante las dudas de Norero, que cuestiona si el mecanismo está blindado, su brazo derecho le explica que “tienen 54 hectáreas totalmente autorizadas para la explotación (minera). Declararon durante los últimos ocho años, 45 millones en ventas”.
Norero no se decide. Pero el interlocutor le explica que a esa planta se le incendió su fábrica y el centro de procesamiento de materia prima y que con eso pueden justificar la pérdida del molde con que se marcaron los lingotes, en forma de L.
En un mensaje posterior, Norero recibe el borrador de un documento según el cual él prestó una alta suma al empresario, quien habría entregado los lingotes como garantía. Los diálogos tuvieron lugar a inicios de agosto de 2022. Dos meses más tarde, Norero fue asesinado en la cárcel.
La difusión de miles de documentos que contienen los chats de Norero Tigua con su círculo de operadores generó un tsunami en Ecuador, a mediados de diciembre de 2023.
La Fiscalía difundió los mensajes durante las audiencias para sustentar las acusaciones contra alrededor de 30 personas, entre jueces, autoridades, oficiales de la policía, fiscales y abogados, que habrían actuado a favor del narcotraficante detenido en el penal de Cotopaxi.
Entre mayo y octubre de 2022 buscó recuperar la libertad y esconder el rastro de sus activos. Una vez asesinado, su equipo celular fue desencriptado para descubrir qué conversaciones mantuvo a través de la plataforma Threema.
La fiscal general, Diana Salazar Méndez, calificó a ésta como la operación más grande en contra de una estructura criminal por sus amplias conexiones políticas. Y denominó al caso como Metástasis, nombre que grafica la gravedad del cáncer de corrupción que afecta a la esfera judicial en Ecuador.
Sobre el oro encontrado en poder de Norero, Renato Rivera, coordinador técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), señala que “si bien la explotación [de oro] puede realizarse de manera ilegal, una vez que pasa por la etapa de procesamiento o en las chancadoras que hacen la limpieza del oro ya pierde la trazabilidad, no se puede saber de donde salió”.
Rivera advierte que la dinámica de los lingotes responde a su uso como “método de pago a funcionarios corruptos, que los sacan del país para ser lavados».
Las investigaciones policiales y fiscales revelan que Norero era como un “patrón” para Los Lobos. Los cabecillas de esta organización criminal lo reconocían como su financista. Lo más probable es que una de las vías que usaba para lavar dinero proveniente del narcotráfico era la inversión en explotación de oro en Camilo Ponce Enríquez, los dos últimos años, apoyando la logística de Los Lobos. No solo en esa zona sino en Buenos Aires, donde el Ejército también detectó actividades delictivas de esta banda el año pasado.
