Mineraloducto Alumbrera. Decisiones que pesan
EDDY LAVANDAIO*
En oportunidades anteriores nos hemos ocupado de la enorme diferencia de población y de infraestructura que existe entre la región Chaco Pampeana con la integrada por la Provincias cordilleranas del oeste argentino.
Claro, la evolución del crecimiento económico y social desde el nacimiento de nuestra República operó en la primera. Allá se construyeron ferrocarriles y rutas uniendo los numerosos pueblos y ciudades propias de la producción agroganadera primaria, se desarrollaron centros de acopio y de consumo, se instalaron establecimientos industriales y se unieron con puertos construidos para la exportación.
A medida que se avanzó en ese entramado, se fueron fundando nuevos pueblos con comercios, escuelas, servicios mínimos de salud y comunicaciones, donde se concentraron las viviendas de trabajadores de esa pujante región. También lograron acceso directo a la energía y a las redes de comunicaciones modernas.
La minería de las montañas del oeste, a la que varios próceres, como Sarmiento por ejemplo, le auguraban promisorio futuro, siempre estaban demasiado lejos de la región desarrollada y de los puertos, y sin posibilidades de atraer inversiones tan redituables como las que se hacían en el sector agropecuario de la Pampa Húmeda y alrededores.
La historia, la realidad, el sentido común y los números les indicaban a los inversores que los buenos negocios se hacían en esa región. Los mismos parámetros mostraban escaso o nulo atractivo para invertir en minería que, para colmo, es una actividad de riesgo y de largo plazo.
La comprobación final de ese contraste fue el casi total fracaso de la Ley de Promoción Minera Nº 20551, que estuvo vigente desde 1974 hasta 1993 y otorgó enormes beneficios (fiscales y crediticios) a las inversiones de origen nacional destinadas a la concreción de emprendimientos mineros. Este experimento político también sirvió, desgraciadamente, para comprobar que, salvo escasas excepciones, a los ricos argentinos no los entusiasmaba la idea de invertir en minería.
Los grandes depósitos de cobre descubiertos y explorados en la década de 1960, como Campana Mahuida, en Neuquén, Paramillos Sur y San Jorge, en Mendoza, Pachón, en San Juan y Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, no tuvieron inversiones privadas que los convirtieran en establecimientos productivos.
Fue recién en la década de 1990 en que la dirigencia argentina tomó en cuenta los fracasos anteriores y decidió diseñar una política destinada a hacer más atractiva la inversión en minería y a largo plazo, poniendo a la inversión extranjera en un plano de igualdad con los inversores argentinos.
No solo se tuvo en cuenta la comprobada falta de interés de los inversores nacionales sino que también se hizo un análisis comparativo con otros países y se llegó a la conclusión de que en casi todo el mundo la exploración era llevada a cabo por las llamadas "empresas junior" especializadas en esas tareas y en conseguir dinero de fuentes no bancarias como, por ejemplo, excedentes de ganancias o emisión de acciones en la Bolsa.
Esa decisión política dio buenos resultados. A partir de 1997 asomó la Argentina minera que ya produce y exporta por valor de algunos miles de millones de dólares por año, y que tiene un potencial para multiplicar todas las cifras, tanto de exploración, producción y exportación como de creación de empleo y desarrollo de proveedores.
Como fruto de las grandes inversiones en exploración, facilitadas por la nueva política, se alumbraron numerosos yacimientos de cobre de los cuales ya hay ocho con suficientes recursos cubicados como para ponerlos en el umbral de la construcción y la producción.
Ante esa realidad, los Gobernadores de las Provincias que poseen los yacimientos, a saber Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza resolvieron formalizar la creación de una "Mesa Interprovincial del Cobre Argentino", cuya función principal será coordinar las políticas públicas para el desarrollo económico y social derivado de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del cobre y sus productos.
Dejando de lado ciertas cuestiones relacionadas con las condiciones macroeconómicas, financieras e impositivas que ya están siendo objeto de reformas, es necesario que la dirigencia política considere de qué manera se solucionará la falta de infraestructura básica en gran parte de la región cordillerana
En esa zona no hay energía ni comunicaciones, tampoco rutas pavimentadas ni ferrocarriles aptos para traer insumos y para llevar la producción a los puertos. Las poblaciones con sus servicios (hospitales, escuelas, comercios, etc.) están generalmente lejos de las minas y el agua disponible tampoco abunda.
Ya hemos tenido algunos ejemplos de los problemas generados por la falta de infraestructura y las consecuencias que trajo el pensar que las empresas podían ocuparse de todo. En efecto, recordemos que, en Catamarca, por no reactivar un ferrocarril que serviría para todo tipo de actividades, la empresa Minera Alumbrera decidió solucionar su problema construyendo un "caño", llamado mineraloducto, de 300 kilómetros de largo para llevar sus concentrados (con agua catamarqueña) hasta la estación ferroviaria de Ranchillos, en la provincia de Tucumán. Así, a diferencia del servicio que prestaría el ferrocarril, el caño construido no le sirvió a nadie más que a la mina
Tenemos información de que la Provincia de San Juan estaría decidida a llevar adelante un plan de "obras por impuestos". Las empresas construirían las obras y posteriormente se descontarían esas inversiones de los impuestos a pagar por sus establecimientos.
Dada la escasez de recursos financieros del Estado (tanto nacional como provincial) ese plan parece ser una buena idea si se replica en las demás provincias de la región. Aún así, el Estado no debe desentenderse de cumplir con otras tareas que le son propias, porque una cosa es facilitar la puesta en marcha de una mina y otra muy distinta es "desarrollar esa región".
Los Gobiernos que integran la "Mesa del Cobre" deberían poner a los cuerpos técnicos de sus oficinas de ordenamiento territorial a estudiar los distintos escenarios que podrían resultar a medida que se construyan y pongan en marcha establecimientos productivos y de proveedores, con el objeto de ordenar y coordinar las obras de la mejor manera y para tratar de obtener el máximo provecho económico y social de cada una de ellas, como así también prever las necesidades que surgirán como consecuencia de ese desarrollo.
En esos escenarios también habrá que tener en cuenta que los yacimientos de cobre están cerca de la frontera con Chile, en plena zona donde rige el Tratado de Integración Minera firmado por ambos países. Es probable que algunos proyectos requieran la elaboración de un protocolo especial que dicho Tratado contempla.
Seguramente surgirán necesidades como abrir nuevos pasos fronterizos o mejorar los existentes y, aunque esto parezca descabellado, también habrá que pensar en la posible provisión de agua desalinizada del océano Pacífico para algún proyecto de cobre como así también la posibilidad de exportar una parte de la producción a través de puertos de Chile.
No podemos dejar de mencionar que la falta de infraestructura se corresponde con la ausencia de poblaciones cercanas a las minas y eso tiene diversas consecuencias, casi todas negativas. Aunque no es el único, señalemos un ejemplo bien conocido.
Los mineros no pueden ir de su casa al trabajo y del trabajo a casa todos los días como lo hacen en otras actividades industriales porque viven en poblaciones lejanas donde se dan las condiciones indispensables para la vida familiar. La empresa tiene mayores costos por tener que mantener de manera digna a sus empleados dentro del campamento minero y los empleados (y sus familias) sufren el desarraigo de sus hogares por tiempos, a veces, prolongados.
Por último cabe mencionar sobre los grandes yacimientos de cobre ubicados en plena Cordillera, en zonas carentes de todo tipo de infraestructura preexistente, que las reservas cubicadas y los buenos resultados de las exploraciones actuales indican que no sería exagerado pronosticar que la actividad minera de esa zona puede prolongarse como mínimo por unos cien años.
Las inversiones necesarias para construir nuevos establecimientos productivos serán mucho más grandes de lo que cada proyecto requiere porque deberán sumar importantes obras e instalaciones para unir las minas con los centros de proveedores y con los lugares de venta y/o embarque de su producción, sin descartar la fundación de nuevos pueblos y la satisfacción de sus respectivas necesidades..
El Estado debe ser parte e intervenir de manera activa en el desarrollo de la región. No se trata de tomar decisiones aisladas, circunstanciales y urgentes con el único objeto de unir con un camino a una nueva y lejana mina con el resto del país sino de estudiar y proyectar el ordenamiento territorial de esa región minera en su conjunto para su desarrollo económico y social durante las próximas décadas
Las grandes inversiones presentes y futuras de las empresas y las estatales deberían ser aprovechadas y compatibilizadas al máximo para conseguir un desarrollo armónico, y en lo posible diversificado, de la región minera del país, y tal vez, de una definitiva integración territorial y económica con Chile. El ejemplo antes citado, de reemplazar un ferrocarril que sirva a toda las actividades por un "caño" que solo le sirve a la mina es algo que no debería repetirse.
* Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza
