La Rioja promulgó su cuestionada ley de Litio Estratégico
Polémica promesa cumplida El gobernador riojano promulgó finalmente la ley que declara al litio como recurso estratégico y de interés público provincial que había aprobado la legislatura sobre el cierre de 2022. La Ley 10.608 impulsada por el gobernador Ricardo Quintela le otorga mayor peso al Estado provincial en momentos en que había acuerdos entre Nación y las otras provincias con yacimientos para que el desarrollo sea motorizado por el capital privado.
En ese marco, el viernes la norma había sido cuestionada por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, por la “incertidumbre” en el sector minero. Antes, cámaras del sector habían puesto reparos a la ley riojana.
“La inversión es siempre muy susceptible al entorno de seguridad jurídica, de certezas y de reglas de juego”, advirtió Funes de Rioja. Si bien para el titular de la cámara industrial esto aplica “en todo aspecto de inversión”, en este caso adquiere más trascendencia porque el litio forma parte de “las grandes oportunidades de la Argentina”. En ese sentido, detalló que ya hay “dos explotaciones de litio que están dando u$s700 millones de exportaciones al año y crean 8.000 puestos de trabajo”, además de “una serie importante” de proyectos en proceso.
El gobernador Quintela defendió la sanción de la Ley señalando que de este modo los permisos de explotación vuelven a la provincia y que, luego, se invitará a las empresas a invertir pero “siempre que le convenga a los riojanos, a La Rioja, al país y a las empresas también”.
El objetivo del mandatario provincial es que las empresas mineras “no se lleven la riqueza de nuestro país” y que el litio “vuelva como producto terminado”, según afirmó.
“La mayor porción de la torta se la llevan las empresas”, dijo Quintela. “Las empresas que tenían las concesiones no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, hicimos que caducaran todas las licencias y vuelvan a la propiedad de las provincias”, afirmó.
La Ley provincial 10.608, sancionada el 15 de diciembre último por la Cámara de Diputados riojana suspende por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con este mineral. La norma es mirada con recelo por las provincias de la Mesa del Litio, así como por la Nación, por poner mayor peso en el Estado que en los capitales privados.