Mendoza: Perú ya no es 2° en el cobre ¿Qué hacer?

Las decisiones que el sector necesita sostener
más allá del ciclo político

Hay un dato que en el sector conocemos bien y que casi nunca aparece en el debate público: el Perú dejó de ser el segundo productor mundial de cobre.

El Servicio Geológico de Estados Unidos lo confirmó en sus Mineral Commodity Summaries. La República Democrática del Congo nos desplazó al tercer lugar, y ya van dos años seguidos. Lo incómodo no es la posición en la tabla. Es el motivo. Las reservas peruanas de cobre bordean los 100 millones de toneladas y siguen siendo las segundas del mundo, detrás de Chile; las del Congo llegan a unos 80 millones. Teníamos —y seguimos teniendo— más mineral bajo tierra que quien nos superó. No fue la geología. Fue la capacidad de convertirlo en producción.

El resto de los indicadores acompaña ese diagnóstico. En la Encuesta Anual de Empresas Mineras del Instituto Fraser correspondiente a 2025, el Perú aparece en el puesto 41 de 68 jurisdicciones del Índice de Atractivo a la Inversión; hace una década estábamos entre los diez primeros.  En gas natural, la autonomía de reservas probadas ronda los 8,4 años y cerca del 96 % de esas reservas está concentrado en un solo yacimiento. Y en electricidad acabamos de aprobar una ley para una tecnología que todavía no sabemos cómo regular.

Ninguno de esos números describe a un país sin recursos. Describen a un país que no termina de decidir.

Entre febrero y noviembre de 2024 dirigí el Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, con los tres subsectores bajo el mismo techo: minería, electricidad e hidrocarburos. Antes de eso pasé más de tres décadas en operación. Lo menciono una sola vez y por una razón concreta: lo que sigue no es una lectura desde afuera. Es la agenda que el sector necesita que alguien sostenga, sin importar quién firme los oficios.

I. Minería: la ventana está abierta, pero no por mucho tiempo
La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de cobre refinado pase de unos 27 millones de toneladas en 2024 a 33 millones hacia 2035. Electrificación de redes, almacenamiento, movilidad eléctrica: la lista ya la conocemos. Lo que se comenta menos es la otra mitad del cálculo. Con la cartera de proyectos existente y anunciada en todo el mundo, el mercado llegaría a 2035 con un déficit de oferta cercano al 30 %. 

Traducido: durante la próxima década va a sobrar demanda y faltar cobre. Es exactamente el escenario en el que un país con reservas debería estar produciendo. Y es también la razón por la que la ventana no permanece abierta de manera indefinida: cuando un insumo escasea demasiado tiempo, el mercado financia su sustitución. El aluminio ya compite con el cobre en líneas de transmisión. Llegar tarde no solo cuesta ingresos; puede costar participación de mercado que después no se recupera.

El Perú llega a esa ventana con 66 proyectos de inversión minera repartidos en 19 departamentos, valorizados en más de 64 mil millones de dólares según la cartera oficial que el MINEM publicó este año.  No es un estimado optimista ni una proyección de gremio. Cada proyecto tiene titular, ubicación y monto.  Están esperando condiciones, y compiten con proyectos equivalentes en otras jurisdicciones del mundo.

Conocemos el diagnóstico; falta actuar sobre él. El cuello de botella está medido desde hace años y nadie lo discute en serio. Sacar adelante un proyecto minero en el Perú puede exigir entre 200 y 400 permisos, con alrededor de 30 autoridades interviniendo en el camino. El plazo para obtener un permiso de exploración pasó de 1,4 años a siete. Desarrollar un proyecto completo toma cerca de 15 años aquí, unos 12 en Chile, y el estándar competitivo internacional se acerca a los 7. 

Y sin embargo el sistema sí funciona cuando las condiciones se alinean. En una operación de gran minería obtuvimos la aprobación de diferentes instrumentos de gestión ambiental (IGA) ante el SENACE en menos días. No hubo excepción, ni trato preferente, ni un solo estándar ambiental flexibilizado. Hubo un expediente técnicamente sólido con sustentos validados por la autoridad en cumplimiento de su rol. Nada más que eso.

Ahí está, para mí, lo más grave del asunto. Que un mismo tipo de trámite de aprobación de un IGA se resuelva en menos días en un caso y demore años en otro no habla de un procedimiento riguroso: habla de que no hay procedimiento. Y donde no hay procedimiento predecible no hay confianza. Sin confianza, la inversión seria y responsable —y con ella las oportunidades de desarrollo— se va a otro país.

La decisión pendiente no pasa por relajar el estándar ambiental. Pasa por estandarizar el procedimiento: protocolos reales de coordinación entre el MINEM, las Direcciones Regionales de Energía y Minas, INGEMMET, el SENACE, la ANA, el OEFA y los gobiernos regionales, con plazos, responsables y trazabilidad verificable.

Hay además un frente donde el deterioro avanza más rápido, y es la exploración. La cartera 2026 suma 757 millones de dólares en 69 proyectos distribuidos en 17 regiones, y entre enero y abril de este año se ejecutaron 213,7 millones, con una caída acumulada de 0,7 % frente al mismo periodo del año anterior. 

Puede parecer una variación menor. No lo es. Sin exploración hoy no hay minas nuevas dentro de diez años, y esa cartera de 64 mil millones terminaría siendo la última de ese tamaño que veamos. La exploración es la inversión más riesgosa del sector y la primera que se retira cuando las reglas se mueven. Necesita un régimen propio y predecible, capaz de competir con Chile, Canadá y Australia, que son contra quienes realmente disputamos ese capital.

Y hay un factor que la cartera no muestra. En agosto de 2026 se contabilizaban 151 conflictos sociales vinculados a la actividad minera pesando sobre esa misma cartera de 64 mil millones.  Un proyecto detenido por conflicto no se registra como proyecto cancelado: sigue figurando como proyecto “en cartera”. Por eso la cifra se repite año tras año casi sin moverse. La cartera no mide inversión que llega; mide inversión que espera.

II. Hidrocarburos: Camisea tiene fecha, y en el sector todos la conocemos
Con una autonomía de reservas probadas de alrededor de 8,4 años y cerca del 96 % de las reservas nacionales concentradas en un solo bloque, el sistema energético peruano carga un riesgo de concentración que ningún país productor debería tolerar.

Conviene precisar el orden de magnitud, porque en el debate público se mezclan cifras que miden cosas distintas. La autonomía de reservas relaciona reservas probadas con producción actual; no significa que el gas se agote en 2034. Las proyecciones disponibles indican que la producción de Camisea empezaría a declinar en un plazo de 12 a 15 años y que hacia 2040 la oferta podría ubicarse en unos 500 millones de pies cúbicos diarios frente a una demanda del orden de 800 millones. La crisis no es un evento con fecha en el calendario: es una curva que ya empezó a inclinarse y el impacto en los bolsillos de los peruanos lo hemos vivido cuando el gasoducto se averió el primero de marzo de este año.

Ese diferencial tiene nombres concretos: importación de gas, tarifas eléctricas al alza, industria menos competitiva. Y golpea primero a los hogares que menos margen tienen para absorberlo.

La conversación sobre cómo se cubre ese déficit pasa necesariamente por Candamo, y ese debate merece un tratamiento serio que no cabe en estas líneas. Le dedicaré un artículo aparte.

Mientras tanto hay dos frentes que no requieren ninguna discusión ideológica y siguen sin resolverse.

El primero es el offshore del norte. Anadarko Perú, operadora de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 en la cuenca Trujillo, comunicó su decisión de avanzar al tercer periodo exploratorio, que incluye la perforación de su primer pozo en el Z-62. Es la mejor noticia del subsector en años. En la vereda opuesta, la licitación internacional del lote Z-69 fue declarada desierta en septiembre de 2025 por ausencia de postores, y Perupetro ha dejado constancia de que, pese a requerimientos formales desde 2024, sigue sin recibir información básica sobre la situación de las 67 plataformas marinas del lote, que es justamente lo que se necesita para estructurar el proceso. La convocatoria de los lotes I, VI y Z-69 está prevista para el tercer trimestre de 2026 y la adjudicación para el primero de 2027. 

Conviene decir esto con precisión, porque es un debate que se contamina rápido: los lotes de Anadarko están en aguas profundas frente a La Libertad y Lambayeque, lejos de la franja donde opera la pesca artesanal. Los lotes I, VI y Z-69, en cambio, se ubican en el zócalo de Piura, entre Talara, Paita y Sechura, donde sí existe actividad pesquera y donde la convivencia debe resolverse con estándares técnicos y diálogo. Confundir ambos casos le hace daño a la discusión y a quienes viven del mar.

Que una licitación se caiga porque dos entidades del mismo Estado no se pasan información no es un problema geológico. Es un problema de gobernanza, y de los que se resuelven con voluntad antes que con presupuesto.

El segundo frente es el Oleoducto Norperuano, y aquí corresponde reconocer lo que sí avanzó. Se suscribió el entendimiento con Ecuador para transportar crudo ecuatoriano por el oleoducto y procesarlo en la Nueva Refinería de Talara, y la refinería ya recibió un cargamento de un millón de barriles de crudo Oriente por el Terminal Portuario de Bayóvar. El ducto, que hoy genera pérdidas anuales del orden de 112 millones de dólares para la empresa estatal, tiene por fin una ruta de uso real. 

Lo pendiente ya no es abrir la conversación. Es que ese acuerdo puntual se convierta en un esquema estable de integración energética con el Ecuador, y no en un episodio aislado que la siguiente gestión archive por desinterés o por desconocimiento.

III. Electricidad: ya tenemos la ley, falta todo lo demás
El 22 de marzo de 2026 se publicó la Ley 32560, que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de reactores modulares pequeños —SMR, por sus siglas en inglés—, con un esquema de coordinación entre el MINEM, el MINAM y el IPEN, y participación ciudadana en todas las fases conforme al SEIA. 

Sobre el papel es un salto enorme. En la práctica, el país aprobó una ley para una tecnología que todavía no tiene cómo evaluar.

Los SMR y los microrreactores están en despliegue en Norteamérica, Europa y Asia, y ofrecen algo que ninguna fuente intermitente puede dar por sí sola: generación firme, continua, con mínima huella territorial y escalable por módulos. Pensemos en Iquitos con generación estable —la electricidad confiable es el primer escalón del desarrollo, no el último—, o en SMR aportando potencia base al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Para un país con demanda dispersa, geografía difícil y regiones enteras sin acceso confiable a electricidad, la pertinencia salta a la vista. Pero levantar un regulador nuclear solvente —criterios de emplazamiento, estándares técnicos, fiscalización real, gestión de residuos— toma años de trabajo institucional que nadie ve y que ningún ministro inaugura con una cinta. No hay cámaras, pero hay necesidad.

Ese trabajo hay que empezarlo ahora. No cuando la tecnología ya esté operando en Chile o en Brasil y estemos discutiendo por qué llegamos tarde otra vez. Una ley sin capacidad de implementación es letra muerta, y el sector ya acumula suficientes.

Mientras eso madura, hay terreno ganado en lo que ya está probado. La matriz eléctrica peruana sigue apoyada en la hidroeléctrica, del orden del 58 %, y en la térmica, cerca del 31 %: entre ambas, alrededor de nueve de cada diez kilovatios-hora. Los recursos energéticos renovables no convencionales representaban cerca del 8 % de la producción en 2024, con una meta oficial de llegar al 20 % hacia 2030. La tendencia ayuda: la generación solar creció 151 % interanual en marzo de 2026 hasta 288 GWh, y la eólica aportó 330 GWh en el mismo periodo.  La población seguirá creciendo y la demanda continuará al alza. La pregunta es si tendremos la capacidad instalada para ofrecerles desarrollo.

El sur peruano tiene, además, uno de los mejores niveles de radiación solar del planeta. Esa ventaja no se copia ni se muda de país, y es la que habilita la discusión sobre hidrógeno verde como vector de exportación en la próxima década. Hoy no existe un marco habilitante específico para eso. Debería existir.

Lo que suele omitirse
Circula en el debate sectorial un argumento cómodo: que atraer inversión eleva por sí solo el Índice de Desarrollo Humano de las regiones donde se instalan los proyectos. Tal como está formulado, no resiste la evidencia. Y creo que al sector le conviene decirlo antes de que se lo digan.

Los datos presentados por el PNUD muestran que varias provincias de las regiones mineras del suroeste —Arequipa, Camaná e Islay; Mariscal Nieto e Ilo; Jorge Basadre— registran un IDH por encima del promedio nacional, y que Arequipa, Moquegua y Tacna figuran entre las regiones mejor ubicadas del país.  Pero los estudios que han medido específicamente el efecto de las transferencias por canon y regalías sobre el desarrollo humano encuentran que, en la mayoría de los distritos receptores, ese efecto no ha sido estadísticamente significativo. 

Y no es por falta de recursos. En lo que va de 2026 las transferencias mineras a los gobiernos subnacionales superaron los S/ 13 000 millones, una cifra histórica.  Hay fondos. Lo que falta es ejecución en proyectos que agreguen valor real a las regiones y a sus ciudadanos.

Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa aparente contradicción es justamente el hallazgo. El canon no se convierte en desarrollo por sí solo. Necesita una gestión pública capaz de transformarlo en obra ejecutada, en postas que funcionen, en agua que llegue a la vivienda.

Esa es la cuarta decisión, y atraviesa a las tres anteriores: fortalecer la capacidad de los gobiernos subnacionales para gastar bien lo que reciben. Sin eso, destrabar la inversión resuelve la mitad del problema y deja la otra mitad intacta. Y alimenta, con razón, la desconfianza de las comunidades que ven pasar el canon sin ver cambiar nada a su alrededor.

Y no me olvido de la pequeña minería
Ninguna agenda sectorial está completa sin los mineros artesanales. Ordenar la minería a pequeña escala exige, antes que cualquier otra cosa, dejar de tratarla como un bloque homogéneo. Hay al menos cuatro situaciones distintas conviviendo bajo la misma etiqueta: quienes ya están inscritos en el REINFO y cumplen; quienes tienen la voluntad de cumplir y necesitan acompañamiento técnico y financiero para lograrlo; quienes no tienen intención alguna de formalizarse; y quienes directamente viven de la ilegalidad y del delito asociado a ella.

A los dos primeros grupos les corresponde una Ley MAPE que los proteja, los fomente y los fortalezca. A los dos últimos, la ley en defensa de las personas, del ambiente y de la sociedad. Aplicar esa diferencia no es un matiz técnico: es la condición para que la formalización deje de ser una prórroga permanente y empiece a ser un camino con salida.

Una nota sobre continuidad
La Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050 se formuló con un horizonte de veinticinco años, siguiendo la metodología del CEPLAN. Aún no se promulga. Ese solo hecho dice más sobre el sector que cualquier diagnóstico: un instrumento diseñado para ordenar veinticinco años de política minera lleva meses esperando una firma.

Ninguno de quienes participamos en su elaboración estará en funciones durante siquiera la mitad de ese plazo, y eso está bien: así funciona el servicio público. Lo que no está bien es que un instrumento de esa escala dependa de que alguien, en algún momento, se acuerde de él.

Ese es el problema de fondo del sector. Políticas pensadas a veinticinco años, administradas en ciclos de doce meses.

Nada de lo que he descrito aquí necesita reforma constitucional ni años adicionales de deliberación. Necesita que se ejecute lo que ya está diagnosticado, y que los lineamientos centrales de política minera y energética —el rumbo, no el detalle operativo— se sostengan mediante acuerdos capaces de sobrevivir a un cambio de gabinete, con métricas públicas que hagan costoso abandonarlos.

Eso no es tarea de un ministro. Es tarea del ministro actual y de todos los que vengan después.

¿Cuál de estas decisiones les parece la más urgente hoy? Me interesa sobre todo la lectura de quienes están en operación, en la autoridad y en las regiones donde estos proyectos se ubican.

* Ex jefe del Gabinete de Asesores del MINEM