A un mes de la votación por la Nueva Constitución y cuando Gabriel Boric sale a recorrer los territorios y a reunirse con las comunidades para propiciar la aprobación, las encuestas persisten en dar como ganador al rechazo. Un reciente estudio indica que el impacto fiscal de la Nueva Constitución estaría en el orden del 8.9% al 14% del PBI, mientras que la reforma tributaria que se analiza sumaría solo un 4%. La incertidumbre del sector minero persistirá en cualquier caso: si se aprueba, por los riesgos que supone el nuevo texto y, si se rechaza, por el largo tiempo sin definiciones que implica un nuevo proceso.
En caso de aprobación, Boric promete aplicar reformas al texto en base a acuerdos políticos pero en caso de rechazo deberá convocar otra Constituyente. Cualquiera sea el resultado, el presidente deberá lidiar con la corrección de un proceso que resultó fallido.
La producción minera de junio siguió la tendencia de reducción de los dos meses previos, por menor extracción de cobre.
El nuevo texto constitucional no conforma, pero según una encuesta, casi el 90% de los chilenos piensa que la Constitución vigente de la época de Pinochet debe modificarse.
Mientras tanto, un estudio ha determinado que el costo fiscal de la Nueva Constitución sería de entre el 9 y 14% del total del PBI, en tanto la reforma fiscal que se analiza busca una recaudación extra de un 4% del PBI.
El aporte tributario de la minería se triplicó desde 2010 y aunque los empresarios consideran que “hay margen” para elevar los impuestos advierten que el aumento no puede poner en riesgo la capacidad de inversión. Un estudio académico critica la propuesta de realeza del nuevo régimen.
Buena noticia para Dominga al sumar otro aval ambiental.
Las 10 claves de la semana
1- El alto costo fiscal de la Nueva Constitución
Las reformas de la Nueva Constitución, acarrearían un costo fiscal a una suma que oscila entre el 8,9% del PIB, unos US$ 28.500 millones, hasta un 14,2% del PIB, unos US$ 45.000 millones anuales. La diferencia tiene que ver con la “provisión de servicios y de gasto”.
Los datos surgen del informe “Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución” elaborado por Rodrigo Valdés, exministro deHacienda; Rodrigo Vergara, expresidente del BancoCentral de Chile; Gabriel Ugarte, investigador delCentro de Estudios Públicos; y los académicos Andrea Bentancor, de la Universidad de Talca; Guillermo Larraín, de la Universidad deChile;Claudia Martínez, de la UniversidadCatólica. El objetivo de la investigación fue acercarse a una estimación del costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la propuesta que se someterá a un plebiscito.
El equipo evaluó dos escenarios, uno más “bajo”, que significa más conservador en provisión de servicios y gastos, y otro más “alto”.
“Los dos escenarios difieren a veces por el método utilizado y otras por supuestos o la interpretación del artículo respectivo”, aclara el estudio. En una estimación baja el costo anual de la implementación de la nueva Constitución sería de 8,9% del PIB, lo que equivale a unos US$ 28.500 millones. En el escenario alto llegaría al 14,2% del PBI, una cifra aproximada de US$ 45.000 millones anuales.
Un desglose de las estimaciones apunta a que la categoría de protección socialrepresenta un mayor costo total anual, seguida por salud, educación, servicios públicos generales, orden público y seguridad, servicios comunitarios.
En relación al Presupuesto de la Nación 2022 que asciende a US$ 82.135 millones, el costo de la nueva Constitución alcanzaría al 55% del erario fiscal vigente en el escenario alto.
El análisis distingue tres tipos de gastos: el gasto anual recurrente directo, para satisfacer el mandato (un subsidio necesario para el acceso digital o el gasto para la participación ciudadana); gastos recurrentes en administración estatal (creación de una nueva institución o el aumento de capacidades de los gobiernos subnacionales); y gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares (expropiación de tierras para su restitución a los pueblos indígenas o el déficit en vivienda digna).
“Para efectos de la contabilidad total, suponemos que este ajuste de stocks se hace en 10 años y, por lo tanto, sumamos una décima parte de este último tipo de gasto como gasto anual”, dicen los autores.
El costo para acceso a vivienda fluctúa entre 1,19% del PIB y 1,67% del PIB; para la seguridad social entre 1,33% del PIB y 2,20% del PIB, mientras que para la salud el desembolso va entre 1,89% del PIB y 2,75% del PIB.
2-Encuestas hacia el 4/9
Cadem Plaza Pública: El rechazo se ubica en un 48% mientras que el Apruebo se situó en el 38%. De acuerdo a estos datos, las proyecciones indican un 56% por el rechazo y un 44% por el apruebo para el 4 de septiembre.
Sobre la valoración de la propuesta constitucional, quienes aprueban valoran el Sistema nacional de salud (30%), el Estado social y democrático de derechos (22%) y el Acceso gratuito a la educación (20%). Mientras que la mayoría de quienes rechazan (61%) no valoran en nada el texto.
Criteria. El 73% de sus 1.500 optó posiciones intermedias de este plebiscito, es decir, el “Apruebo para modificar el actual texto de la nueva Constitución”, o “Rechazo para después reformar la Carta Magna vigente desde el 80”.
Un 39,9% optó por el Rechazo para reformar la Constitución actual y un 33,4% del “Apruebo para mejorar la nueva Constitución”, expresó en el sondeo.
Para el 89,2% la actual constitución vigente escrita en tiempos de dictadura militar debe ser modificada.
Fuente: Infobae
3. El aporte tributario de la minería
De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII) la minería triplicó sus aportes respecto de 2010. La Operación Renta 2022 cerró con ingresos tributarios superiores a los US$ 20.600 millones, un 72% más que en 2021.
Hubo un rendimiento del Impuesto de Primera Categoría (impuesto corporativo), con US$ 6.351 millones, por la reactivación económica y el mayor precio del cobre. Las 10 mayores mineras privadas duplicaron sus aportes en un año.
Los datos del Servicio de Impuestos Internos revelan que:
Entre 2010 y 2022, la gran minería privada tributó en Primera Categoría US$ 18.715 millones y, en impuesto específico, US$ 5.947 millones.
En 2010, la suma de ambos ítems (primera categoría e impuesto específico) llegó a US$ US$ 1.299 millones. Este año esa combinación alcanza los US$ US$ 4.681 millones.
4. Reforma impositiva; qué dicen las mineras
La industria minera de Chile considera que hay margen para elevar los impuestos “pero este aumento debe preservar el equilibrio que permita cuidar las inversiones”, dijo el presidente de la gremial del sector.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, señaló que en los ajustes enviados por el gobierno a un proyecto de royalty a las grandes mineras “no hay equilibrio entre tributos y desarrollo de la actividad”.
“Se puede aumentar un poco”, dijo Hernández, con tasas efectivas de impuestos de entre 40 y 44% actualmente, para llegar a “no más del 50%”. “Tampoco se puede cargar tanto la mano, porque si no, habrá menos producción e inversión”.
El impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de un 1% y un 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y de un 1% y un 4% para aquellos con más de 200.000. Además tendrá otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad. En ambos casos las tasas considerarán el precio del cobre.
“Indexar un impuesto a un valor del cobre fijo va a provocar un montón de distorsiones en el mediano plazo”, dijo Hernández.
5. Académicos critican propuesta de realeza de nuevo régimen
Vuelve la discusión de la realeza. Académicos del departamento de ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, Emilio Castillo y de la Universidad de Maastricht, Jorge Valverde, realizaron una actualización del estudio llamado Royalty Minero y Tasas Efectivas de Tributación de la Minería en Chile: Análisis y Propuestas.
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Sobre la diferenciación por tipo de producto minero, considerando el potencial de Chile, “sería recomendable mantener un sistema integrado para todas las empresas mineras, indistintamente del producto que genera, esto simplifica al sistema, permite una más adecuada fiscalización y no genera distorsiones o discriminaciones hacia empresas mineras similares”, comentan.
Sobre el nuevo impuesto sobre la rentabilidad operativa, progresivo respecto al precio del cobre, dicen que “esta innovación complejiza necesariamente el sistema en vez de simplificarlo y hace más pro cíclica la recaudación proveniente de la minería del cobre al anclarlo al precio del cobre (...) falla en su calibración, arrojando tasas efectivas que podrían comprometer la competitividad de la industria en el largo plazo. Esto se refleja específicamente en tasas efectivas que serían entre 5 y 8 puntos porcentuales superiores al rango competitivo si el precio de largo plazo se acercará a los US$4 la libra”.
Sobre el impuesto ad-valorem, dicen que “diferenciado según tamaño operacional, y la progresividad del impuesto sobre la renta operativa minera configurada en base al precio del cobre potencian las diferencias mineras de las y hacen más complejo esquema tributario”.
6. Se extrae menos cobre. Cochilco baja proyección
La producción minera tuvo una baja interanual en junio del 2,1% en junio por menor extracción y procesamiento de cobre por “problemas operacionales” en algunas empresas, según el INE.
Cochilco redujo su proyección para el precio promedio del cobre este año a US$4 la libra, desde el US$ 4,40 previsto en abril, pasando por la libra de la estimación anterior a US$ 4, mientras que para 2023 proyecta US$3,95 la libra del metal.
La producción anual es de 5,6 millones de TM (un 25% de la oferta global) y representa entre el 10% y 15% del PBI chileno. En junio hubo problemas operacionales.
La actividad en la minería metálica decreció 3,9%, restando 3,694 pp. a la variación del índice de acuerdo al IPmin.
La minería no metálica se incrementó 29,4% respecto a igual mes del año anterior por mayor producción de carbonato de litio.
Recursos energéticos creció 20,7% e incidió 0,095 pp. en la variación del índice general al aumentar el petróleo crudo.
Para Chile se espera que este año la producción de cobre llegue a 5,43 millones toneladas, esto es una baja de 3,4% respecto a 2021.
En tanto, el coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, señaló que “la proyección de precio para el 2022 es un poco más baja que el precio efectivo del año 2021 que fue de US$4,23 la libra, sin embargo, la fuerte volatilidad que ha presentado el precio del cobre y las variables que lo han causado, continúan presentes en los próximos meses”.
7. Codelco: menos producción
Codelco reportó excedentes por US$ 2.377 millones, un 35,3% menos que en el primer semestre de 2021.
La producción de cobre fue 7,5% menor, afectada por una menor ley del mineral en División Ministro Hales, junto a la menor tasa de procesamiento y recuperación de cobre en las divisiones Chuquicamata y El Teniente.
Los costos directos (C1) llegaron a 150,6 c/lb, un 11,8% más por el aumento del precio de los insumos.
El costo neto a cátodo (C3), tuvo un alza de 7,6% hasta llegar a 237,8 c/lb por similares razones que los costos directos, compensado parcialmente por el impacto favorable de la variación del tipo de cambio sobre los pasivos y los costos operacionales denominados en pesos.
La generación de caja (Ebitda), a su vez, alcanzó US$ 3.805 millones (26,3% bajo 2021). No obstante, los aportes al fisco (que restan a los excedentes los beneficios tributarios que se aplican a las inversiones) se incrementaron 7%, hasta llegar a US$ 1.671 (sobre US$ 1.556 del año pasado).
8. Estándares de seguridad
La muerte de dos trabajadores en Codelco despertó inquietudes sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad en la industria minera.
David Montenegro, director nacional del Sernageomin, admitió que “Cualquier accidente, pero sobre todo los accidentes que terminan en una fatalidad, es un fracaso, algo no hicimos, algo hicimos mal”. En el proyecto Rajo Inca, donde murió el operario, se detectaron incumplimientos en estacionamientos, falta de acreditación de capacitación y mantenimiento deficiente, lo que llevó a ordenar una detención de las obras. El otro accidente fatal fue la mina Chuquicamata
Montenegro dijo que hace unos 15 años morían alrededor de 45 personas cada año en accidentes mientras que en 2021 se registraron 12 decesos.«Como estadística es muy bueno porque la baja es notoria, sin embargo, para las familias, para aquellos cercanos al fallecido no hay estadística que valga. Entonces, si bien hay una mejora, nos falta mucho más», señaló.
9. Pequeña minería en crisis por inflación y bajo valor del cobre
El sector realizó su primer Congreso Nacional para debatir y plantear sus demandas ante las autoridades de gobierno y del Parlamento.
Ante la inflación; la caída en el precio del cobre y a la falta de modernización de Enami, denunciaron “una grave crisis es la que denuncia la pequeña minería del país y que se relaciona con varios factores que solicitan sean abordados urgentemente por las autoridades a cargo, para evitar la debacle del sector”.
En agosto los ingresos por venta del mineral bajarán un 40% por lo que alertaron sobre el posible despido de trabajadores, que son el 10% del total de la minería nacional.
"Existe un fondo de USD 54 millones aproximadamente, pero nosotros no podemos ocuparlo, por defectos en cómo se hizo la ley. Ahora, esta ayuda no es gratuita, porque cuando el precio mejora, nosotros debemos pagar este préstamo a Enami, con los intereses correspondientes, y hemos sido muy buenos pagadores, pero ahora igualmente nos vemos en esta situación totalmente desprotegidos", destacaron.
Al encuentro asistieron la senadora Paulina Núñez (RN), la diputada y presidenta de la Comisión Minera y Energía de la cámara baja, Yovana Ahumada (PDG), y el senador de la Región de Atacama, Rafael Prohens (RN), quienes se comprometieron a apoyarlos con reformas legales que puedan modificar la Ley del Fondo de Estabilización del Cobre.
10. Dominga suma apoyos ambientales en Coquimbo
Un nuevo respaldo recibió el megaproyecto minero portuario Dominga de Andes Iron -Délano y Garcés-, en La Higuera, Coquimbo, que requiere una inversión superior a los US$ 2.500 millones.
El Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región sumó su apoyo al proyecto, ad portas de la votación que efectuará el Comité de Ministros (de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas).
“A juicio de esta Dirección Regional todas las materias cuestionadas en los citados recursos fueron debidamente abordadas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, y correctamente consideradas en la Resolución de Calificación Ambiental y en la respuesta otorgada a cada una de las observaciones ciudadanas formuladas”, consignó el escrito presentado por la directora regional del SEA de Coquimbo, Claudia Martínez.
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EL COSTO FISCAL DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN CHILENA
Los economistas que realizaron el estudio, Rodrigo Vergana, Sebastián Claro, Rodrigo Valdés y Guillermo Larraín. de diversas universidades chilenas, explican sus fundamentos y los ítems de gasto. (Canal 13 de Chile).
