Comenzaron las audiencias públicas convocadas por los entes reguladores del gas natural (ENARGAS) y de energía eléctrica (ENRE) para tratar los precios del gas natural y la electricidad
El lunes 8 de Enero asistimos a la primera Audiencia sobre tarifas de energía, entre otros temas. Es importante contextualizar el marco en que estos debates tuvieron lugar para comprender mejor su relevancia.
En primer lugar, el escenario: los entes reguladores del gas natural (ENARGAS) y de energía eléctrica (ENRE) convocaron a audiencias públicas para tratar las tarifas de gas natural y electricidad en enero de 2024. Estos servicios tienen algunas características y problemáticas en común, aunque también importantes diferencias.
En este marco, cabe aclarar el término “tarifas pisadas”. Tanto el precio del gas natural como de la energía eléctrica están artificialmente reprimidos. El gobierno optó durante mucho tiempo por ocultar al usuario el verdadero costo del servicio, el cual se paga igual, pero con impuestos generales. Dicho de otra manera: no pagan por el gas y la energía quienes lo usan y en la medida en que lo usan; lo pagan todos los contribuyentes, gocen o no del suministro; con responsabilidad o lo derrochen.
Otro concepto son los “contratos alterados”. En enero de 2002, la Ley 25.561 alteró los contratos de concesión de transporte y distribución de energía eléctrica y de licencias de transporte y distribución de gas natural encomendando al Poder Ejecutivo su renegociación. Es más, 21 años más tarde, sigue sin finalizar esa renegociación que debería haber demorado 180 días. Se realizaron estudios, dictaron actas de acuerdo provisorias e infinidad de normas y prórrogas, sin alcanzar ni un solo pacto definitivo de renegociación.
La falta de un contrato claro con derechos y obligaciones nítidas durante más de dos tercios de la vida de dichas licencias y concesiones es de una irregularidad palmaria. La carencia de un marco normativo y contractual claro, estable y previsible no es inocuo. Gradualmente, los servicios de gas y energía muestran un decaimiento en las inversiones necesarias para un servicio adecuado. Falta de desarrollo de nueva infraestructura de transporte y distribución, obsolescencia de activos, falta de competitividad; son signos de la muy mejorable situación de nuestra industria energética.
Sin embargo, hay algunas diferencias relevantes: en electricidad, las tarifas de distribución son provinciales. Buena parte de los contratos de concesión de distribución sí fueron readecuados por las provincias, y sus tarifas se mantuvieron actualizadas. Por ello, los valores de energía eléctrica que pagan los usuarios del interior son sensiblemente más elevados que los que pagan los consumidores de Edenor y Edesur (únicas dos concesionarias bajo jurisdicción nacional).
¿Qué están haciendo las nuevas autoridades de Energía? A poco de asumir, el Gobierno de Milei dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU), hoy vigente, que decretó la Emergencia del Sector Energético Nacional. Esto ordenó adecuar las tarifas de inmediato e iniciar la Revisión Tarifaria Integral, intervino el ENRE y ENARGAS e instruyó a la Secretaría de Energía a implementar un programa de sanción de precios en competencia y libre acceso que incentive inversiones y garantice el servicio adecuado.
En ese marco el ENARGAS convocó a Audiencia Pública para este último 8 de enero, cuyos temas a debatir y resolver son de gran importancia:
1) Adecuación transitoria de las tarifas transporte de gas natural;
2) Adecuación transitoria de las tarifas de Gasnor, Gasnea, Ecogas Centro y Cuyo, Litoral Gas, Naturgy, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur;
3) Traslado a tarifas del precio de gas comprado por las Distribuidoras. Dentro de las muchas rarezas y parches del sector, la realidad es que las distribuidoras, contra toda lógica, no compran el gas que distribuyen. Lo compra el Estado en un afán intervencionista poco común, para luego revendérselos a un precio menor.
4) Determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas mencionadas en los puntos previos;
5) Tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes;
6) Tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC);
7) Reversión del Gasoducto Norte - criterios de tarificación y asignación de capacidad. Este último tema es de importancia y urgencia crucial. Bolivia cada vez entrega menos gas y en el invierno 2024 podría llevar sus entregas a cero. Para abastecer adecuadamente a la demanda del NOA, es urgente revertir el gasoducto Norte.
Tendremos un enero cargado de noticias energéticas, en especial en lo que hace a tarifas y reglas. Cabe recordar que tarifas “pisadas” no significa servicios “baratos”. Los costos se pagan igual, lo pagan los contribuyentes. Los subsidios a la energía impactan de lleno en el déficit fiscal: explican casi 2% del PBI. Entre CAMMESA y ENARSA, el Estado gastó prácticamente 9.000 MM de dólares.
A contramano de lo que ocurre en el mundo, dos “cuasi empresas” como ENARSA y CAMMESA se transformaron en “megacorporaciones” que pueden operar indefinidamente a pérdida, ocupando lugares y responsabilidades que corresponde a empresas privadas a su riesgo y ventura. Hoy un generador de energía no puede comprar su propio combustible; los distribuidores de gas no pueden comprar el gas que distribuyen; los distribuidores de electricidad tampoco su energía y potencia; los usuarios del sistema de gas o electricidad no pueden contratar transporte actual ni futuro para financiar obras.
Es hora de que esta situación se revierta para transformar a Argentina en el referente regional y global de energía que puede ser, gracias a los recursos naturales y humanos con los que cuenta.
Tarifas de gas: habrá aumentos en los próximos tres meses y una nueva segmentación
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, indicó que se procederá a una "nueva conceptualización" de los subsidios, con un "traslado gradual" del precio del PIST para la "readecuación progresiva" de esas transferencias estatales. Se aplicará una nueva Canasta Básica Energética.
El Gobierno anticipó este lunes que implementará una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del servicio de gas natural, con la aplicación de una Canasta Básica Energética, en el marco de una "nueva conceptualización" de los subsidios, y que se efectuará un "traslado gradual" a lo largo de un plazo de tres meses -que comenzará el 1 de febrero- del precio mayorista a la factura final.
Así lo presentó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al exponer este lunes por la mañana en la Audiencia Pública 104 convocada de manera virtual por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En ese marco, las compañías distribuidoras y transportadoras de gas natural también presentaron sus propuestas de recomposición de tarifas en función de los retrasos acumulados en los últimos años, a la que sumaron la aplicación de un índice de actualización mensual por la evolución de los precios mayoristas, a partir del 1° de febrero.
Rodríguez Chirillo planteó el traslado gradual a las tarifas del componente precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir el valor del gas generado, que se llevará a cabo en tres etapas del 33% cada una a aplicar el 1° de febrero, el 1° de marzo y el 1° de abril próximos.
"La segmentación actual se mantiene hasta el 1° de abril de 2024, el nuevo esquema de subsidios entrará en aplicación a partir de dicha fecha, previa audiencia pública que se realizará al efecto", indicó Rodríguez Chirillo.
En cuanto a la segmentación tarifaria, advirtió que "los usuarios (de los tres niveles) siguen recibiendo subsidios generalizados porque los precios mayoristas no cubren los costos", además de señalar "falta de control del padrón de usuarios".
En ese contexto, indicó, se procederá a una "nueva conceptualización" de los subsidios, con un "traslado gradual" del precio del PIST para la "readecuación progresiva" de esas transferencias estatales.
Rodríguez Chirillo sostuvo que se propende a "garantizar el consumo básico energético a todos los usuarios" y que la actual segmentación tarifaria se mantendrá en el primer trimestre, tras lo cual comenzará a regir un "nuevo esquema" a partir de abril.
El cambio principal será la adopción de una Canasta Básica Energética, en lugar del criterio actual de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La nueva canasta -aún no especificada- apuntará a "determinar los ingresos del grupo conviviente" y que "cubra necesidades básicas de las personas con distintos tipos de consumo en las zonas del país".
El impacto en las tarifas de la nueva modalidad presentada por el secrretario de Energía es variable, tanto por los niveles de segmentación de usuarios como por la participación de cada una de las etapas que componen el valor final.
La tarifa final de una factura de gas se compone de tres factores: el precio del PIST, el costo del transporte y el margen de distribución, a lo que deben añadirse el componente tributario, con impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.
Esa composición no es uniforme en todo el país y dificulta la determinación de la incidencia en la tarifa: como ejemplo puede citarse el caso de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que solicitó una recomposición del 523,5%, con un impacto promedio en las facturas del 23% en el caso de un usuario de la provincia de Tucumán o del 49% en la Ciudad de Buenos Aires.
Al impacto que tendrá en la tarifa el factor transporte, deberán sumarse otras dos variables: generación y distribución.
En el caso de la distribución, Metrogas propuso un incremento mensual promedio de 6 mil, pero fuentes de la empresa señalaron a Télam que no se puede estimar un porcentaje debido a las diferentes categorías de usuarios.
Marcela Córdoba, en representación de Naturgy BAN y Gasnor, propuso un incremento del 413%, aunque advirtió que la distribución representa el 16% de la tarifa total para la primera empresa y del 19% para la segunda, lo que implica una incidencia del 66,1% y 78,5%, respectivamente.
En el caso de Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, representadas en la audiencia por María Guadalupe Morra, el ajuste solicitado es del 449% en el primer caso y del 325% en el segundo, con un impacto promedio en la tarifa del 190%.
Alejandro Álvarez, de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, sostuvo que el retraso tarifario acumulado en relación con precios minoristas y mayoristas, salarios y tipo de cambio es "el corazón (de los reclamos por) la recomposición tarifaria", que ese pedido es "tan importante como el ajuste mensual" y puso diferentes ejemplos de aumentos en las facturas, del orden del 78,4% en CGS y del 85,9% en CGP.
En lo que sí hubo coincidencia entre los diferentes expositores fue en la aplicación, a partir del 1° de febrero, de un régimen de actualización en función de la evolución del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, además, que la recomposición se aplique en su totalidad al cargo fijo y no al variable.
La audiencia comenzó con la exposición del interventor del Enargas, Carlos Casares, quien alertó sobre la urgencia de dar definiciones sobre las obras del reversal del Gasoducto del Norte, debido a que a partir de agosto de este año "el acuerdo de YPFB (de Bolivia) con Enarsa se convierte en provisión interrumpible, pudiendo llegar a ser cero".
Esa situación, indicó, "coloca en situación de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica al noroeste y centro del país".
