En julio, los campesinos de Las Naves (Ecuador) se enzarzaron en violentos enfrentamientos con la policía en protesta por un nuevo proceso de consulta medioambiental y por una mina a cielo abierto a gran escala que pronto comenzaría a funcionar en su cantón.

+ La consulta medioambiental forma parte del nuevo y controvertido Decreto 754 aprobado en mayo por el Presidente saliente, Guillermo Lasso, que puede acelerar la concesión de permisos medioambientales para proyectos de infraestructuras -incluida la minería- mientras su economía petrolera se tambalea.

+ Este conflicto pone de relieve una importante tensión que se encuentra en el centro de todos los proyectos de extracción en Ecuador: el proceso de consulta. En medio de una gran disputa entre abogados ambientalistas y el ministerio sobre la legalidad del decreto, la Corte Constitucional está interviniendo para revisarlo.

+ LAS NAVES, Ecuador es una pequeña comunidad agrícola, en el centro de Ecuador, rodeada de una rica variedad de cultivos que trepan por las laderas junto a grandes extensiones de selva tropical. Todo crece en este clima tropical, desde las dulces pitahayas hasta al menos cinco variedades de naranjas.

+ Pero Las Naves no siempre es un pueblo tranquilo. A principios de año, se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y los habitantes que protestaban contra un proyecto de mina de cobre y oro, después de que el Presidente saliente, Guillermo Lasso, aprobara un controvertido decreto que regula las consultas medioambientales. El decreto podría acelerar las consultas para dar luz verde a proyectos de infraestructuras a gran escala.

+ Hoy, el pueblo espera ansioso la revisión del decreto por parte del Tribunal Constitucional.

+ Las protestas contra el proyecto, propiedad de la empresa ecuatoriana Curimining (participada por las canadienses Adventus Mining y Salazar Resources), se han tornado a menudo violentas a lo largo de los años durante los enfrentamientos con la policía. Y Las Naves no es el único lugar.

"Nunca informaron a la gente, a los habitantes de esta zona, si queríamos que la exploración minera se realizara río arriba para la explotación minera", dijo Ernesto a Mongabay en su granja de Las Naves, rodeada de mandarinos. Pidió que no se utilizara su nombre real por temor a cargos penales relacionados con sus frecuentes protestas contra la mina. "¿Dónde está nuestro derecho, que la propia Constitución establece?".

+ La Constitución de 2008 establece tres procesos de consulta diferentes que se declaran un derecho, dijo Mario Melo, abogado ambientalista que representa al movimiento indígena nacional CONAIE en su moción contra el decreto. Sin embargo, nunca se han creado leyes que definan estos procesos o cómo deben aplicarse.

+ El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado al Estado ecuatoriano que cree leyes inclusivas tanto para las consultas libres, previas e informadas con las comunidades indígenas como para las consultas medioambientales que afecten a las comunidades con proyectos previstos en sus tierras o cerca de ellas.

+ Esto ha provocado frecuentes conflictos y demandas judiciales por parte de las comunidades. El nuevo decreto de Lasso, pretendía resolver algunos de ellos, pero sólo ha desatado conflictos también en otras comunidades.

+ Mientras tanto, es poco probable que cesen los conflictos entre las comunidades locales y los sectores extractivos. Ecuador ha estado promoviendo la expansión de su relativamente joven sector minero mientras su economía petrolera se tambalea, y Daniel Noboa, recién elegido para convertirse en el próximo presidente, promete aumentar las oportunidades de empleo incentivando a las empresas nacionales y extranjeras.

+ Las reformas destacan que la consulta no es vinculante, que la participación es obligatoria y que la consulta antes de avanzar con los permisos ambientales debe dividirse en dos fases: la informativa y la consultiva. También señala qué mecanismos de participación ciudadana se utilizarán, desde asambleas hasta páginas web, videos, centros de información pública, mecanismos de convocatoria y mecanismos de consulta.

+ Pero estas reformas están lejos de cumplir con los requisitos de consulta a la comunidad, según la Constitución, dijo Alejandra Zambrano Torres, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), con sede en Quito. Las reformas no exigen una verdadera participación a fondo con los ciudadanos, no establecen plazos adecuados para entender correctamente las preocupaciones de las personas sobre un proyecto y cómo les afectará, lo que en muchos casos podría poner en peligro sus medios de subsistencia, ni exigen que el gobierno y las empresas respondan a esas preocupaciones, dijo.

+ Los abogados y defensores del medio ambiente también tachan el decreto de inconstitucional. Afirman que Lasso aprobó el decreto ejecutivo sólo dos semanas después de disolver el gobierno el 17 de mayo, mientras trataba de evitar la destitución. Esto significa que las reformas establecidas en el decreto no pasaron por un debate entre los legisladores en la Asamblea Nacional, una necesidad en la creación de nuevas leyes y reglamentos.

+ En julio, cuando el movimiento indígena nacional CONAIE presentó un recurso contra el decreto ante el Tribunal Constitucional, éste suspendió inmediatamente el decreto a la espera de una evaluación adecuada. También suspendió todos los proyectos que dependían de permisos medioambientales, como la mina El Domo-Curipamba, hasta que el tribunal se pronunciara al respecto.

+ Tras una fuerte presión por parte de la industria minera y del gobierno de Lasso, el tribunal retomó el caso. El 18 de septiembre celebró una audiencia en línea y escuchó los testimonios de partidarios y detractores del decreto.

+ Gabriela Manosalvas, viceministra de Medio Ambiente y Agua, dijo que el Decreto 754 es malinterpretado por los ecologistas y las organizaciones que actualmente se manifiestan en su contra. En primer lugar, dijo, no es cierto que Lasso esté intentando acelerar proyectos mineros, ya que el decreto se aplica a todos los proyectos de infraestructuras, incluidos hospitales y centrales eléctricas. De los 178 proyectos pendientes de licencia ambiental, sólo tres son minas minerales. Manosalvas también negó que sea inconstitucional, ya que simplemente sigue órdenes anteriores del Tribunal Constitucional de reformar el proceso de consulta medioambiental.

+ Después de que el presidente saliente aplicara el decreto, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua llegaron a Las Naves acompañados de cientos de policías, según contaron los residentes a Mongabay. Al parecer, instalaron el principal centro de información para el proceso de consulta medioambiental en la comisaría de policía local, rodeada de barricadas metálicas y policías.

+ Las tensiones alcanzaron su punto álgido entre los manifestantes y la policía el 14 de julio, con cada bando lanzando piedras al otro, y la policía disparando gases lacrimógenos a los manifestantes dentro de las estrechas calles de la comunidad. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como los manifestantes culparon al otro bando de iniciar las agresiones.

+ Manosalvas del ministerio negaron que los funcionarios entraran en la comunidad con las fuerzas de seguridad. Más bien, pidieron refuerzos después de que "grupos antimineros llegados de sectores ajenos a las comunidades del área de influencia" amenazaran a los funcionarios del ministerio. Muchos de ellos iban encapuchados y portaban armas artesanales, dijo.

+ El controvertido Decreto 754 desencadenó enfrentamientos similares en otras comunidades, como Palo Quemado, en el cantón de Sigchos, provincia andina de Cotopaxi, donde la misma semana que en Las Naves se produjeron enfrentamientos entre fuerzas policiales y militares y manifestantes contrarios a la minería.

+ Los conflictos hicieron saltar las alarmas tanto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como de la Unión Europea. En una declaración hecha pública el 27 de julio, el comisario de derechos de la ONU, Volker Türk, afirmó: "Las personas directamente afectadas por proyectos mineros u otras actividades deben ser escuchadas, no reprimidas".