AMLO y nueva Ley Minera vs. la rebelión de la industria

La reforma a la Ley Minera enfrenta a los millonarios de México con el Gobierno de López Obrador

A horas de que concluya el periodo legislativo, los senadores han aplazado el debate de la iniciativa mientras algunos colectivos instan a los legisladores a no postergar su discusión.

La reforma a la Ley Minera está en un impasse indefinido en el Senado. La iniciativa, que busca quitarle a la minería el carácter de “preferente”, acorta el plazo de las concesiones de 50 a 30 años y eleva los requisitos para los permisos de extracción de agua, entre otros cambios, supone un golpe directo para las grandes mineras como Grupo México, del millonario Germán Larrea; Minera Frisco, del magnate Carlos Slim y Peñoles, de la familia Baillères, así como un centenar de firmas canadienses, según publicó Mine Academy.

En medio del rechazo tajante de la industria por esta iniciativa, los senadores han frenado su discusión bajo el argumento de que se requiere un análisis aún más exhaustivo. Legisladores de Morena, como Napoleón Gómez Urrutia, y colectivos medioambientales lamentaron esta pausa y señalaron que este freno solo beneficiará a los intereses de las mineras.

Contrario a la andanada de reformas que se han aprobado en tiempo récord a días de que concluya el actual periodo legislativo, la discusión sobre la reforma a la Ley Minera se detuvo en seco este martes en el Senado ante la división que suscitó la iniciativa entre los senadores. El presidente de la comisión de Estudios Legislativos, el morenista Rafael Espino, propuso que este órgano y la comisión de Minería se instalaran en comisión permanente visto el desacuerdo que afloraba entre la bancada del Verde Ecologista y las opositoras para que fuese aprobado el dictamen.

El senador y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, criticó este impasse. “La intención era aprobar la reforma y las consideraciones que hubieran quedado pendientes, concretarlas en agosto o septiembre próximo, sin embargo, comenzaron a surgir opiniones, de los partidos de oposición, y al cuestionar que había muy poco tiempo, y expresaron puritanismo jurídico y legaloide” dijo.

El senador morenista, César Cravioto, acusó a las bancadas del PAN y del PRI de oponerse a la ley porque “su interés es entregar nuestros recursos naturales a la empresa privada”. También declaró que no debía permitirse que “la presión de los intereses de las grandes corporaciones mineras, se impongan a la voluntad popular de transformar al país”.

Durante la madrugada del viernes pasado, los diputados aprobaron una serie de modificaciones a la Ley Minera vigente, promulgada en 1992, con la que se acotan las prerrogativas de las mineras. De aprobarse en el Senado la reforma, las concesiones mineras pasarían de un plazo de 50 años a 30 años con derecho a una prórroga adicional de 25 años. Además, la reforma obligaría a las compañías del sector a devolver al menos el 5% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones. El documento también prohíbe la explotación de minerales y la disposición de los residuos mineros en áreas naturales protegidas y humedales.

La iniciativa pretende un endurecimiento en los requisitos para obtener una concesión minera, exigiendo una consulta previa a los pueblos originarios, además de facilitar la revocación del permiso por daños al medioambiente. La reforma también permitirá el otorgamiento de asignaciones mineras a empresas paraestatales. En la exposición de motivos se enfatiza la necesidad de recuperar la “rectoría del Estado” sobre los recursos minerales del país. La reforma, enviada por el Ejecutivo en marzo pasado, está en sintonía con la política del Gobierno federal, que desde su llegada, no ha otorgado nuevas concesiones a empresas mineras.

El Gobierno de Canadá, de donde proviene la mayoría de inversión extranjera en minería, y la Cámara Minera de México (Camimex) ya han alzado su voz para rechazar la reforma. La ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng, señaló que la reforma podría afectar la inversión canadiense y dañar la competitividad de América del Norte, mientras que la Camimex calculó que se frenarían inversiones por 9.000 millones de dólares en los próximos dos años de avalarse el documento.

Mariano Calderón Vega, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo del despacho Santamarina Steta, considera que "la iniciativa parte de un diagnóstico equivocado de que todo lo que realiza la industria minera es dañino y perjudicial. Por el contrario, el abogado señala que la vigencia de 50 años para una concesión se justifica debido a la naturaleza del sector".

“La minería es una industria que requiere fuertes inversiones de capital y, por lo tanto, requiere de un periodo razonable para poder recuperarlas fuertes inversiones que se tiene que realizar. Esta propuesta lo único que genera es incertidumbre e inseguridad jurídica y lo que busca todo inversionista es tener un Estado de derecho y certidumbre respecto a sus inversiones”.

El especialista reconoce que existen áreas de oportunidad en la forma en cómo se conducen las compañías mineras, sobre todo en cuestiones ambientales, pero esto no necesariamente implica modificar el marco jurídico, sino en aplicar las disposiciones de una manera correcta.

“Esta reforma busca reforzar el poder del Estado, darle una preferencia indebida, en mi opinión, al sector público frente al sector privado, atentando contra los principios de competencia, atentando contra los compromisos internacionales del Estado mexicano por virtud de tratados internacionales”.

En contraparte, algunos colectivos han lamentado que la reforma se haya frenado en el Senado. Maira Olivo Paz, abogada del programa Tierra y Territorio de la organización Fundar, refiere que es urgente que entre los requisitos para obtener una concesión minera se garantice el derecho a la consulta y aprobación de las comunidades indígenas donde se ubican estos proyectos, además de que otorga más herramientas a las comunidades para defender su territorio.

“La ley que está vigente es ventajosa para los las empresas mineras y es agresiva, es violenta para las comunidades”.

Olivo Paz hace hincapié en los puntos más positivos de la reforma: el retirar el carácter preferente a la minería, el prohibir la extracción de minerales en las áreas nacionales protegidas y el condicionar el otorgamiento de concesiones a la disponibilidad de agua. “Son intereses económicos muy fuertes los que están impidiendo que se avance en esta reforma,pero, claramente, necesitamos que quienes legislan atiendan también a las preocupaciones de la población. Las empresas mineras no se van a ir a ningún lado, porque aun con estas reformas siguen teniendo una legislación muy laxa que les permite seguir apropiándose del agua y de los bienes naturales del país”, concluye.

Actualmente, México es el primer productor mundial de plata con casi 200 millones de onzas, el país también es uno de los mayores productores de oro y cobre. En el país se registran unos 1.209 proyectos mineros. De acuerdo con el informe de la Camimex, las mineras afincadas en el país invirtieron el año pasado más de 5.500 millones de dólares y generaron más de 400.000 empleos.

Un total de 159 mineras extranjeras operaban en México en 2021, de las cuales más del 70% eran canadienses, según la información oficial. Aunque las mineras canadienses juegan un papel relevante, son las mineras mexicanas las que detentan aún un rol protagonista. La familia Baillères , es la principal productora de plata con sus empresas Fresnillo e Industrias Peñoles, mientras que en el cobre es el empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, quien lidera la producción y, finalmente, también el hombre más rico de México, Carlos Slim, tiene una tajada del pastel con Minera Frisco, que extrae principalmente cobre y zinc. De un lado, las empresas defienden las condiciones con las que han operado los últimos 32 años, del otro, el Gobierno federal insiste en dar un golpe rotundo sobre la mesa y cambiar las reglas del juego de los concesionarios.

En las próximas horas se sabrá la si la reforma llegará al pleno del Senado para su votación o si su debate se posterga hasta el próximo periodo de sesiones, en septiembre.