Mendoza, entre querer, creer y poder

La política de Mendoza siempre da revancha, podrían decir los mineros de esa provincia cuyana. Algo inesperado pasó, aunque siempre hay observadores que presumen de saberlo todo y hablar de cuestiones perfectamente previsibles.

La más comentada de las teorías es que Alfredo Cornejo le hizo el guiño al justicialista Alejandro Abraham para modificar la ley 7722, que regula y restringe la minería mendocina. El gobierno no se va a oponer, si hay costos políticos se reparten. La cámara industrial también ha dado su aval, con más confianza en torcer resistencias, al igual que los políticos, tras haber doblegado las movidas anti fracking que amenazaron con dejar a la provincia afuera del negocio de Vaca Muerta.

Y para completar el movimiento de pinzas, el ex sanjuanino intendente de Malargüe y actual senador, Juan Agulles, empuja su idea de “parques mineros”, una especie de zonificación departamental para que en General Alvear y San Carlos, dos reductos fuertes de la antiminería no chillen.

Si le preguntan a los empresarios de la minería, que esperan ansiosos por San Jorge, Hierro Indio y Cerro Amarillo, la idea de Abraham es la más atractiva, por dos postulados sustanciales.

La ley  7722 Difonso-Comobs prohíbe el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares, pero el proyecto de enmienda postula dejar abierta la interpretación  ala autoridad de aplicación sobre potenciales riesgos.

Pero lo más importante es que elimina la última instancia en la Legislatura para validar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). En ese escenario, con show mediático y mucha presión de ONG’s y de los estatales de ATE radicalizados ya naufragaron los tres proyectos mencionados.

La crisis manda
Estos proyectos peronistas son hijos de la crisis de Mendoza, lo mismo que en Chubut, donde el gobierno de Mario Arcioni tira líneas para tirar abajo el cepo de la Ley provincial 5001 que pondría a andar la rueda de Navidad y sus prometidos 3.000 empleos .

En Mendoza, sostiene la minería, si no se termina con el comisariado político que instituyó la Ley 7722, todo ejercicio de imaginación es tan desgastante como estéril. Los legisladores, con los bombos en la calle, jamás aprobarán una DIA.

Tampoco los jueces, como se vio cuando la Corte de Justicia provincial, hace dos años, mutó su votación 4-3 en el planteo de inconstitucional de la norma anti minería, por un ruidoso y terminante 0-7. La gran desgracia, en ese momento, fue el último incidente ambiental en Veladero, que determinó que la vecina San Juan suspendiera la mina de oro y plata de Barrick Gold hasta que rediseñara el valle de lixiviación. El eco cuyano fue suficiente para dar vuelta la tortilla judicial mendocina.

Ahora, el peronista Abraham, aún levantando polvareda en su propio partido, busca eliminar por completo ese artículo y en el oficialismo están de acuerdo. Al menos para que ese control legislativo se elimine para los proyectos de exploración y no en los de explotación. Entienden que con tanto rigor, se evitan las inversiones iniciales para ver si un yacimiento minero tiene potencial o no. Sin embargo en la industria minera entienden que es todo o nada: pocas empresas, aseguran, invertirán en exploración si luego el proyecto no puede prosperar para explotar.

El resto del proyecto que tratará el Senado tiene artículos menores, como la asignación de los recursos que se generen y un impuesto extra regalías que generaría más recursos al Estado.

Pero volviendo a aquella lamentable sentencia de la Corte, dicen los mineros, hay un aspecto a no descuidar: el voto del cortista Mario Adaro en disidencia con la ley. Las prohibiciones de  sustancias tóxicas en la ley no pueden ser sólo para la minería.  Y la ratificación legislativa de los proyectos mineros viola el sistema republicano, sostuvo el juez.

La ley fue sancionada en 2007, en medio de unas confusiones memorables  de peronistas, radicales y conservadores, que se llevaron por delante incluso los planes del uranio de la CNEA de Sierra Pintada. 

Según MDZonline, Cornejo tenía un plan minero que quedó cajoneado, que caracteriza a la minería según la magnitud de los proyectos, propone líneas de acción y cuestiona los alcances de la ley 7722, aunque sin tirar del mantel.

Mendoza perdió mucha inversión por esa ley, dice el gobierno. Sin animarse a levantar demasiado la voz porque la minería es prometedora en inversiones, impuestos y empleos pero riesgosa en votos si la oposición  no te acompaña.

Después de tanto acelerar y chocar con distintas paredes, la minería desconfía. Por eso no se hizo muchas ilusiones con el foro multisectorial que organizó el subsecretario de Energía y Minería Emilio Guiñazú y coordinó Marita Abraham. El resultado, la propuesta de Estado para el desarrollo minero (ver documento adjunto) fue leído por algunos mineros como un buen ejercicio intelectual y por otros como una distracción más

Pero gobierno de Mauricio Macri es definidamente pro minería y tras la devaluación del ex ministerio de Ambiente de Sergio Bergman tiene menos disonancias. Y en Mendoza, otro que supo boicotear cualquier intento de desarrollo del sector, el hoy diputado nacional Guillermo Carmona, esta vez no apareció a embanderarse con el tema.

En los primeros dos años del macrismo en el poder el hoy ex Ministerio de Energía y Minería (MINEM), Daniel Meilán, trabajó junto con las provincias en la confección del llamado Nuevo Pacto Federal Minero, al que adhirió Mendoza, pero sin comprometerse demasiado con otros Estados provinciales que quieren y promueven la minería.

Es una incógnita cuán cerca está Mendoza de rehabilitar la minería. Eddy Lavandaio, Martín Carotti, Nivaldo Rojas y otros destacados expertos de la minería han destacado las oportunidades que se pierde la provincia por una ley urdida a las apuradas, en 2007, por peronistas, radicales y conservadores que se asustaron y temieron perder votos si permitían la exploración de los ricos polimetálicos mendocinos.

El camino es largo, si se vence el primer escollo de remover las trabas gruestas de la polémica ley, aún queda la Ley de Glaciares que complica a la minería en el ambiente periglacial y glaciares de escombros.

Pero ha vuelto a desperezarse la cuestión minera en Mendoza. A pesar de lo que podían suponer, escépticos y optimistas del postergado sector, que desde el abortado Potasio Río Colorado no tienen demasiadas razones para festejar, por afuera de las celebraciones familiares.