Orrego y Glaciares: San Juan puede controlarlos

MINERÍA21/12/2025

CLUBminero

Orrego en el Congreso. Hielos sin rodeos.

El gobernador Marcelo Orrego defendió la necesidad de clarificar la Ley de Glaciares para garantizar la protección efectiva del recurso hídrico, asegurar seguridad jurídica y permitir un desarrollo productivo sostenible, en un marco de federalismo real, respeto ambiental y promoción de inversiones estratégicas como la minería del cobre y el litio.

+ Como gobernador de San Juan y presidente de la mesa del cobre, vengo en primer lugar a manifestar de manera taxativa y terminante que en San Juan queremos proteger los glaciares y geoformas del ambiente periglaciar, en tanto resulten ser reservas de agua relevantes y estratégicas. Por lo tanto, necesitamos disponer y aplicar de una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares.

+ Por eso hemos expresado reiteradamente nuestra voluntad de concertación federal para lograr una clarificación y la constitucional interpretación de la actual ley veintiséis mil seiscientos treinta y nueve. Necesitamos que ella se aplique en armonía con el desarrollo sostenible y la razonable explotación de nuestros recursos naturales.

+ Esto es necesario para lograr el desarrollo económico y social, trabajo y prosperidad para nuestros ciudadanos. Es por eso que hemos promovido activamente, y venimos a apoyar este proyecto de adecuación de la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, a fin de eliminar las incertidumbres y distorsiones generales en su implementación.

+ Buscamos asegurar una interpretación armónica con la Constitución y una correcta aplicación en todo el territorio nacional. Desde San Juan nunca hemos planteado confrontar ni derogar la Ley de Glaciares, ni modificar su objeto de protección, y mucho menos reducir sus estándares ambientales. Nuestro objetivo es claro: contar con definiciones precisas y seguridad jurídica para el desarrollo.

+ La inquietud surge de haber convivido durante quince años con la ley vigente, entendiendo que resulta necesario introducir aclaraciones para que el objeto de protección responda a su verdadero fin último: la protección del recurso.

+ Lo que observamos es que la ley actual, tal como fue redactada y promulgada originalmente, presenta imprecisiones que, al momento de su aplicación, generan interpretaciones distorsionadas que se apartan de su espíritu original de protección del recurso hídrico, e impiden una explotación armónica y sostenible de los recursos naturales. Las aclaraciones propuestas apuntan a precisar conceptos técnicos y jurídicos, manteniendo intacto el nivel de protección del recurso. No se trata de reformas para reducir estándares ambientales, sino de precisiones que ordenan y permiten determinar con mayor claridad el objeto a proteger.

+ Este pedido de clarificación de la ley se inspira en el interés común de promover inversiones que posibiliten un desarrollo sostenible de actividades económicas lícitas y de la infraestructura necesaria para el progreso de la Nación en su conjunto. En su momento, y específicamente en relación con la aplicación de la Ley 26.639, la Corte Suprema convocó a la Nación y a las provincias a un federalismo de concertación, reconociendo la necesidad de que las provincias participen activamente en la clarificación de sus alcances, interpretación y aplicación. Todo ello en un marco de cooperación interjurisdiccional, como el que venimos impulsando a través de las mesas interprovinciales del cobre y del litio, en diálogo permanente con las autoridades nacionales.

+ Este llamado refuerza la importancia de que el gobierno federal contemple las particularidades regionales y las competencias provinciales al clarificar las disposiciones de la ley, garantizando que las políticas de protección de glaciares se implementen en armonía con el sistema federal.

+ Entre los aspectos más relevantes para la Argentina se encuentran las oportunidades en materia de producción de litio y cobre, con la posibilidad de posicionar al país entre los principales productores mundiales de estos minerales. Esto implica inversiones, ingreso de divisas, generación de empleo, agregado de valor local mediante el desarrollo de proveedores, mayor recaudación impositiva, regalías y aportes a obras de infraestructura.

+ En el caso de la minería, se trata de una de las actividades que mayor carga tributaria aporta, ya que contribuye como cualquier otra empresa de distintos sectores y, además, genera regalías y aportes a fideicomisos de infraestructura. La mayor parte de estos tributos es recaudada por la Nación, a través del IVA, el impuesto a las ganancias, las cargas laborales y sociales, entre otros. Parte de estos recursos integra la masa coparticipable, beneficiando a todas las provincias argentinas.

+ En la actualidad, existen proyectos de cobre y litio de clase mundial que representan oportunidades de inversión por más de 35.000 millones de dólares. La mayoría de ellos requiere la clarificación legal que se propone y la necesaria seguridad jurídica para ampliar o iniciar efectivamente inversiones, así como las etapas de construcción y explotación. Grandes países desarrollados y comprometidos con buenas prácticas ambientales, como Australia, Canadá, Noruega, Suecia y Estados Unidos, tienen a la minería como uno de sus principales motores económicos, al igual que países vecinos como Chile y Perú, que demuestran una convivencia equilibrada entre la minería y otras actividades como la agricultura, la pesca y el turismo.

+ Argentina puede y debe contribuir, mediante la explotación de minerales críticos, al avance global de la electromovilidad y el uso de energías renovables. Estas tecnologías requieren, entre otros insumos, cobre y litio, minerales con los que cuenta nuestro país. Se trata de una demanda creciente a futuro que representa un desafío y una oportunidad.

+ Hoy hablar de ambiente es también hablar de minería: no hay mejora ambiental posible sin minería sostenible. En San Juan puede consolidarse un círculo virtuoso de sustentabilidad, ya que, como provincia bendecida por el sol y líder en generación de energía fotovoltaica, es posible crecer en la actividad productiva abasteciendo a todas las industrias, incluida la minería, con energías cien por ciento limpias.

+ La ley, en su redacción actual, no permite una diferenciación clara entre la protección del ambiente glacial —más evidente— y el alcance de la protección en el ambiente periglacial. Esto se debe a que no distingue con precisión, dentro de estas áreas, las geoformas que realizan un aporte hídrico relevante de aquellas que no lo hacen. La ley siempre tuvo como objetivo proteger reservas activas de agua con función hídrica significativa, y ese objetivo no se modifica.

+ En la práctica, estas indefiniciones impiden evaluar adecuadamente si pueden desarrollarse actividades lícitas en zonas donde podrían realizarse sin afectar el recurso. Con el nuevo texto propuesto, las formas de relieve del ambiente glacial continuarán protegidas de la misma manera, mientras que en el ambiente periglacial se incorpora mayor precisión, permitiendo evaluaciones ambientales específicas y exhaustivas, incluso por parte de la autoridad provincial competente, para determinar si existe función hídrica relevante y, de no ser así, excluirlas del inventario de glaciares.

+ Asimismo, debe señalarse que las áreas que eventualmente queden excluidas de la Ley de Glaciares por no presentar aportes hídricos relevantes continúan protegidas por la Ley General del Ambiente. No se trata de zonas sin protección, sino de áreas alcanzadas por otra normativa. Por ello, avanzar en un proyecto de ley que aclare la norma y garantice sus estándares de protección traerá beneficios concretos.
Contribuirá a una evaluación ambiental adecuada por parte de las autoridades provinciales competentes, constitucionalmente titulares de los recursos, permitiendo consolidar el postergado desarrollo sostenible del interior argentino.

+ En segundo lugar, permitirá desarrollar múltiples actividades humanas en estas zonas, como ocurre en todas las regiones periglaciares del mundo. Esto no beneficia únicamente a la minería, sino también al desarrollo de infraestructura vial y de comunicaciones, proyectos energéticos, turísticos y obras binacionales, en coexistencia con el cuidado exhaustivo del ambiente y del recurso hídrico.

+ Los cambios que propone el proyecto en debate no otorgan nuevas facultades a las provincias, sino que recuperan el orden constitucional y reconocen derechos y competencias ya previstos en la Constitución Nacional. Los constituyentes reservaron a la Nación la definición de los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que el resto corresponde a las competencias ordinarias de las provincias.

+ En la provincia de San Juan se dispone de información ambiental novedosa y detallada, generada a partir de estudios realizados por diversos proyectos científicos e industriales desarrollados en zonas de montaña. Esto permite reconocer de manera inmediata y fundada las funciones que contempla la nueva redacción legal al recuperar las competencias provinciales.

+ Asimismo, en San Juan contamos con profesionales e investigadores de nivel internacional en materia de glaciares, pertenecientes a distintos departamentos, institutos y gabinetes de la Universidad Nacional de San Juan, como el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Gabinete de Geología y Cambio Climático y el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería.

+ A través de estas instituciones, la provincia ya viene realizando estudios de significancia hídrica y el inventario provincial de glaciares. Estamos preparados y contamos con el nivel técnico necesario para ejercer las facultades que reconoce la ley propuesta, algo que en San Juan ya se encuentra en marcha.

+ En definitiva, una de las motivaciones centrales de este proyecto es que, tras quince años de vigencia de la ley nacional, existen fundamentos suficientes para clarificarla y aplicarla en armonía con la Constitución Nacional, compatibilizando el desarrollo de actividades industriales lícitas con el pleno cumplimiento de la legislación vigente.