Combustibles vs IPC: Los "Precios Justos" de Massa y petroleras
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará este lunes que los combustibles integrarán el programa de Precios Justos durante cuatro meses con aumentos limitados al 4%, en los primeros tres meses y del 3,5% en el último, según consignaron a Télam fuentes oficiales.
El argumento es que la nafta y el gasoil son claves para reducir la inflación. Y es en ese sentido que diagramó un sendero de precios que acompañen su evolución con el objetivo de poder reducir ostensiblemente el costo de vida durante el 2023.
El Poder Ejecutivo planea reunir este lunes a las cuatro principales empresas distribuidoras de naftas (YPF, Shell, Axion y Puma) para sumarlos a ese esquema de control de precios que rige desde las últimas semanas para más de 1.500 bienes de consumo masivo. El ministro de Economía Sergio Massa encabezaría este mediodía la reunión con las empresas que se sumarán a Precios Justos, en un encuentro del que también participarán el secretario de Comercio Matías Tombolini y la de Energía Flavia Royón.
La noticia causó preocupación en el sector estacionero, quienes se quejaron porque no fueron convocados a la discusión de este esquema, pese que hace meses que reclaman ser parte del debate, siendo que son el eslabón más débil de la cadena de los hidrocarburos.
“Es sorprendente”, lamentó el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Gabriel Bornoroni, en diálogo con surtidores.com.ar. “Está demostrado que la suba de los combustibles no es proporcional al aumento de la inflación, ya que tiene otros factores que nada tienen que ver con la energía”, explicó.
Remarcó que estas medidas terminan en desabastecimiento en las estaciones de servicio y compras de gas y demás productos a otros países que finalmente provocan fuga de divisas. “Debe haber un plan que establezca un precio de los argentinos y no un programa de Precios Cuidados, cuando ya tuvimos una experiencia de seis meses con las pizarras congeladas y la inflación siguió escalando”, manifestó.
Otro reconocido dirigente empresario, señaló que “la única fuente que tienen las Estaciones de Servicio para recuperar rentabilidad es el precio, y si no se ajusta al ritmo del resto de la economía se pone en jaque la subsistencia del sector”.
“¿Hasta cuándo va a seguir siendo el combustible la variable a tener en cuenta? Desde mayo 2021 a febrero 2022 estuvo congelado y la inflación igual fue galopante”, protestó al tiempo que recordó que “nuestros costos, insumos y salarios, no se ajustan a un 4 por ciento mensual”.
Al igual que Bornoroni, pidió la presencia de los estacioneros en la ejecución de este tipo de decisiones. “Cuando se toman estas medidas que repercuten en todos los eslabones, no se puede dejar sin solución a alguna de ellas”, subrayó.
Frenar presión de costos
Con esta medida el gobierno espera eliminar uno de los factores más relevantes de aumentos de costos en medio de una fuerte inercia inflacionaria, como es la actualización de los precios de los combustibles, que derraman en toda la estructura de valor de bienes y servicios. De todas formas, en el último año la nafta aumentó un 60,5%, por detrás del ritmo inflacionario, según datos de la CECHA en base a los valores de YPF en surtidores de la Ciudad de Buenos Aires.
“Las petroleras ingresan a Precios Justos y habrá un sendero de cuatro meses de tope de aumento para reducir la inflación. No podrán aumentar más del 4%”, mencionaron fuentes oficiales. Luego de transcurrido ese lapso, el compromiso incluiría un ritmo de actualización más leve, a medida que los índices mensuales de precios sean más bajos que en la actualidad según la expectativa que sostienen en el equipo económico.
El gobierno lanzó hace dos semanas el nuevo programa Precios Justos, una canasta de más de 1.800 productos que mantendrán fijos sus precios por cuatro meses y un tope de 4% para los aumentos del resto de los productos que estarán disponibles en unos 2.500 comercios (entre grandes supermercados, mayoristas y cadenas más chicas). Desde el gobierno buscan bajar las expectativas de que el nuevo acuerdo de precios verá rápidamente reflejado en una baja en los índices mensuales del IPC, donde el rubro de alimentos tiene una ponderación cercana al 30 por ciento.
Monitoreo
Desde la Secretaría de Comercio tienen definido un esquema para el trabajo de monitoreo y fiscalización para que ese acuerdo se cumpla. Un equipo de 15 personas se reúne todas las mañanas a partir de las 9 para monitorear la información de precios que reciben de las empresas de consumo masivo -las listas que llegan a los supermercados- y chequean que no haya suba por encima del 4% mensual en comparación con el promedio de precios de octubre.
Para diferenciarse de las versiones anteriores del programa advierten que una pata clave es que las más de 100 empresas que participan del acuerdo accederán a dólares para la importación de insumos y bienes intermedios que son parte de su cadena de valor. Participan del acuerdo alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo, como Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Además, por primera vez, participan los mayoristas (que tiene su propia lista de precios de venta) y las marcas propias de los supermercados.
Camioneros Chile: Boric propone techo
Un grupo de camioneros y el gobierno chileno confirmaron un acuerdo para deponer el paro que incluye un control de precios en combustibles.
Los gremios que se hicieron parte de este acuerdo es la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), la Federación de Dueños de Camiones de la V Región (FedeQuinta), entre otros. La Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) también ayudó a destrabar un poco el conflicto que se viene extendiendo desde hace una semana, y que encontró sus razones de paralización por el alza de los precios del combustible y por la seguridad en las vías.
El acuerdo consta de una inyección de US$ 1.500MM al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles (MEPCO). Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto “beneficiará a todos los chilenos”.
Las partes también pactaron el congelamiento del valor del diésel por cuatro meses. De manera paralela, en este periodo se trabajará en un nuevo mecanismo estabilizador para que los precios del combustible no suban más de $ 15 (USD 0,016) por litro cada 21 días, por un año.
En materia de seguridad se contempla un “mejoramiento de las condiciones de seguridad de las zonas de descanso, cumpliendo estándares para la operación de seguros. Esto se concretará durante el 2024″, además del compromiso del gobierno para “la designación de fiscales preferentes por zonas para investigar los delitos que afectan a los transportistas”.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, se hizo parte de las negociaciones y explicó que habrá una mesa tripartira “que permita justamente poder identificar cuáles son las formas para poder garantizar que las tarifas que se pagan de los proveedores de carga a los transportistas se ajusten de buena forma a los costos que ellos enfrentan”.
Como representante del gobierno chileno, la autoridad insistió que “estamos permanentemente abiertos al diálogo. Eso no quita que algún gremio pueda presentar otro tipo de observación (...) Es difícil decir que se acabó un conflicto, pero podemos decir hoy día que hemos dado un paso muy relevante en materia de volver a la normalidad”. Mientras que Juan Sutil, presidente de la CPC, sostuvo que “nosotros logramos llegar a una solución para que las carreteras quedaran hoy día habilitadas”.
A pesar que una parte del conflicto con los camioneros se ha resuelto, todavía no existe un acuerdo con los gremios Fuerza del Norte y Camioneros del Sur, quienes podrían seguir en paro. Sobre esta posibilidad, Monsalve dijo que “con mucha certeza y tranquilidad hemos dicho que continuar con el paro no tiene fundamentos porque los problemas planteados han sido abordados y tienen una respuesta”.
Reacciones
Iván Mateluna, presidente de FedeQuinta, mostró un poco de su satisfacción por alcanzar un acuerdo aunque advirtió que no están 100% satisfechos. “No nos vamos contentos, y yo quiero pedirles disculpas a las personas que se esperanzaron en que en algún momento el Gobierno nos podía ayudar. Nosotros teníamos nuestra propia agenda, yo sé que hay otras agrupaciones de transportistas que está pidiendo al Gobierno que se haga de esa forma para todos los combustibles. Nosotros cumplimos todo lo que nuestras bases nos mandataron. Yo no quiero que se juzgue algo que realmente obedecemos a lo que nos han mandatado”.
El líder explicó también que “veníamos a pedir un fiscal exclusivo frente a los robos y secuestros de nuestros conductores y de los camiones, y lo otro que teníamos en las peticiones era que necesitábamos que se rebajara el combustible al menos en un 30 por ciento. No se logró eso. Pedimos hasta el 10 por ciento y definitivamente el Gobierno dijo que no. Otro punto era la estabilización del precio del combustible, y eso por lo menos lo logramos y es a lo que llegamos como acuerdo”.
Carlo Bretti, secretario general de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, valoró la participación de Sutil en el acuerdo porque como no había pasado antes, “se comprometió Juan Sutil de la CPC, que reúne a los mas grandes industriales del país, a apoyar cualquier tipo de avance que signifique estabilidad para los transportistas”.
Fuente: Infobae