Resistencia productiva: Humedales sí, pero con desarrollo federal

Como en anteriores episodios de controversias a propósito de la legitimidad y de los compromisos ambientales de las actividades productivas, las cámaras empresarias y otras entidades de la Nación y de las provincias salieron a refutar los fundamentos de los proyectos de los proyectos de Ley de Humedales al tiempo que advirtieron sobre las graves consecuencias que tendría una norma de tal calibre en inversiones, empleo y desarrollo.

EL COMUNICADO MULTI EMPRESARIAL

Cámaras Mineras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz; Cámaras de Proveedores y Servicios Mineros de las provincias de Jujuy y de Salta; Capresmi, Caprimsa, Gemera, Sociedad Rural Salteña, Sociedad Rural de Jujuy, Asociación de Productores de Granos del Norte, Unión Industrial de San Juan, Unión Industrial de Jujuy; CAMARCO San Juan, CAPERFO, CESSAL, AEHGAS San Juan, Federación Económica de San Juan, CECA San Juan.

Desde las instituciones productivas nucleadas vemos necesario manifestar y alertar a nuestros representantes y a la población sobre la imperiosa necesidad de respetar el federalismo en el debate legislativo sobre los distintos Proyectos de Ley de Protección de Humedales tal como está siendo llevado adelante en el Congreso de la Nación y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.

La autonomía constitucional de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y/o conflictos con la legislación vigente. Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental sin medir suficientemente sus consecuencias.

Estamos en desacuerdo con toda propuesta de regulación arbitraria que afecte el desarrollo productivo sustentable de nuestras provincias por decisiones de la administración central, que violenta el espíritu federal de nuestra Constitución Nacional e incide en la administración de los recursos naturales.

Los proyectos de ley que se están debatiendo, en caso de aprobarse, tendrán un fuerte impacto en lo social y productivo, e incidirán negativamente en las fuentes de trabajo de miles de habitantes de las provincias, impactarán en el empleo directo de comunidades aledañas a los proyectos productivos (en particular de pueblos originarios) que encontraron posibilidades de empleo, capacitación y desarrollo. En definitiva, generarán acciones perjudiciales para los sectores industriales, agropecuario, ganadero y al de desarrollo inmobiliario, para mencionar algunos.

En particular, con respecto al sector de la industria minera, llevaría a una paralización de actividades, en tanto, la
definición de humedal como el eventual inventario de estos demandarán meses o años en los que se verán suspendidas actividades productivas, al igual que inversiones hoy en proceso. Se imposibilitará tanto la continuidad como el desarrollo de nuevos proyectos, además de modificar la estabilidad legal fundamental para cualquier inversión, en desconocimiento de las exigencias, requisitos, condiciones y controles de la normativa ambiental vigente, tanto nacional como provincial.

Proyectos de esta índole carecen de una visión productiva, de reconocimiento de la legislación y gestión ambiental que llevan adelante las provincias en donde se radican los emprendimientos y se opone a los mandatos constitucionales provinciales pretendiendo administrar los destinos de zonas alejadas, inhóspitas, y sin infraestructura que ven en la industria minera desarrollos productivos, empleabilidad, y nueva infraestructura para dichas zonas. No debemos dejar de considerar que las propuestas de este tipo multiplican la necesidad de dispensar nuevos recursos públicos para administrar sectores productivos hoy controlados in situ, con mayor burocracia y gasto público.

Rechazamos este proyecto de ley porque atenta contra los miles de puestos de trabajo formales y bien remunerados que las provincias esperamos desde hace años, en donde el desarrollo de la industria minera es modelo de gestión medioambiental y comunitaria, así como paradigma de desarrollo sostenible y de infraestructura que mejora la calidad de vida de los pobladores locales. Producimos, invertimos y generamos empleo, bajo el modelo de desarrollo sustentable, que implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

Las instituciones productivas valoramos, respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del medioambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética, como acciones directas por sobre la prohibición de actividades, la burocratización y centralización administrativa. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono.

LA DURA ADVERTENCIA DE CAEM

Los actuales proyectos de ley de Humedales carecen de visión federal y ponen en riesgo la producción minera argentina y las inversiones previstas por U$D 20.000 millones.

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.

Rechazamos toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional.

Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento.

La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente. Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental.

Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social. El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales.

La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000.000.000 (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por U$D 20.000.000.000. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras.

Es importante destacar que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24585). La legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados.

Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono.

EL DOCUMENTO DE LA UIA SOBRE AMBIENTE Y DESARROLLO