Ley de Humedales: Cómo complicaría a la minería
LOS DOS ARTÍCULOS QUE IMPOSIBILITARÍAN LA ACTIVIDAD EN SAN JUAN
Lo que empezó siendo un debate que no terminaba de encontrar consenso en el Congreso, poco a poco fue generando adhesiones que acabaron desencadenando un escenario preocupante para la economía de San Juan y las provincias del norte del país.
La Ley de Humedales fue presentada por el diputado Leonardo Grosso y adquirió impulso tras los incendios en el Paraná (Entre Ríos y Santa Fe).
El proyecto que buscará conseguir dictamen en la Cámara de Diputados este jueves 29 de septiembre tiene dos artículos que comprometen la actividad minera: uno de ellos apunta a hacer un inventario de todos los humedales del país y el otro artículo -que está encadenado- prohíbe el desarrollo de actividades económicas en zonas donde potencialmente puede haber un humedal hasta tanto esté listo el relevamiento.
Los legisladores sanjuaninos observaron con cierta preocupación que los sectores económicos de la provincia no se manifestaran en contra de este proyecto de ley, que puede generar consecuencias gravísimas para la actividad económica de San Juan. Incluso, el legislador del Frente de Todos, Walberto Allende, advirtió públicamente que era necesario contar con el respaldo y el empuje de los empresarios locales para asegurar una mayor representación a la hora de tratar esta normativa.
La definición de humedal del proyecto de ley de Grosso es bastante difusa. “Entiéndase por humedales a aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”, describe el artículo dos de la normativa.
Allende se refirió a este artículo en particular y dijo que, bajo este marco legal, hasta las zonas donde hay agua subterránea serían consideradas humedales, por ende, toda la actividad minera en la Cordillera estaría prohibida.
En el capítulo II del proyecto se indica que los humedales deben incorporarse en los procesos de ordenamiento ambiental territorial previstos por la Ley de Ambiente y en el artículo 12 se insta a la creación de un Inventario Nacional de Humedales. También se indica que el Inventario Nacional de Humedales debe actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco años, verificando los cambios en las superficies y características ecológicas de los humedales, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para la preservación, restauración ecológica, uso racional y sostenible de los mismos y sus servicios ecosistémicos.
En forma encadenada viene el artículo 13, que fue modificado pero que sigue afectando el desarrollo de actividades económicas en las zonas donde podría haber un humedal. “Durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la presente ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental del Territorio, las Autoridades Competentes deberán realizar una evaluación de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes en los humedales y los que se presumen como tales. Para el caso de solicitudes de uso de agua de los humedales, sean nuevos o ampliaciones de los existentes, las mismas serán evaluadas por la autoridad competente de cada jurisdicción, en el marco de la normativa específica y de la presente ley, previo a su otorgamiento”, dice la legislación.
Al mismo tiempo se agrega que “queda prohibida toda intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente”, que plantea que además de ser local será nacional.
Hubo llamados de empresarios que están dispuestos a invertir en San Juan, con proyectos muy avanzados en Iglesia, que están muy preocupados por el constante cambio de las reglas del juego.
Además de los pedidos de los sectores económicos al superministro Sergio Massa, también se le sumó un comunicado de los gobernadores del norte, quienes ven afectadas hasta las actividades turísticas en zonas de humedales.